Alertados por un material viscoso de color anaranjado, sin la presencia de algas o de otros indicios de vida que se observaba en el lecho del Río Blanco, a la altura del kilómetro 10 de Las Vizcachas, vecinos de los Andes alertaron a la Brigada de Delitos Contra el Medioambiente (Bridema) de la Policía Investigaciones, organismo que a finales de junio decidió tomar muestras en un plazo de 30 días para evacuar un informe a la Fiscalía.
Según los afectados, se trata de aguas relacionadas con el proyecto Andina de Codelco.
Al respecto, la Agrupación Ecologista de Aconcagua (AES), organización comunitaria dedicada a monitorear la mega minería y su incidencia ambiental, sanitaria, social, así como los puntos que indican señales de alarma a lo largo del maltrecho río Aconcagua, alegan que las medidas preventivas que debieran desplegar los organismos públicos encargados de realizar fiscalización de los proyectos mineros no se estarían haciendo. Por el contrario, se descansa en los propios informes que entregan las empresas, como autoevaluaciones.
“No podemos decir que es contaminación y que el responsable es Codelco, pero de ser comprobado, sería la sexta vez”, asegura Sylvia Chávez, integrante de la Agrupación. Según ella, se trata de hechos que han provocado que en la provincia los propios vecinos comiencen a actuar como agentes fiscalizadores, en sustitución de los mecanismos de las autoridades pertinentes.
“El río está contaminado desde Río Blanco hasta las Vizcachas. Para nosotros aparentemente es de Codelco, pues está en la cabecera del Río Blanco. Por la forma irresponsable en que Codelco ha manejado las aguas y abusado de nuestro río, a nosotros nos corresponde la legítima duda de pensar que otra vez fue Codelco”, insistió la dirigenta.
En cuanto al reclamo de los vecinos, sobre un abandono del aparato estatal en la fiscalización preventiva o protocolos de contramuestras a los informes presentados por las empresas, Felipe Grez, representante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló que efectivamente las alertas que instalan las personas generan la cadena de reacciones de la autoridad.
En ese contexto, reconoció que lo más preocupante es el hecho de que mientras se cumplen los plazos para evacuar los informes, la comunidad sigue expuesta a la contaminación.
“Sin duda que el hecho es preocupante, porque las condiciones en el río siguen siendo las mismas que encontraron los vecinos. Por lo tanto, esto es un riesgo, primero para la tranquilidad de las y los vecinos del sector, y segundo porque no se sabe efectivamente hasta el día de hoy qué es lo que está en el río y cuáles son las implicancias que esto podría tener para la salud y el medio ambiente”, advirtió Grez.
En esa misma línea, el diputado radical Marcos Espinoza, integrante de la comisión de Minería y Energía, señaló que en cuanto al trabajo fiscalizador, tanto de ésta como de la comisión de Recursos Hídricos, han insistido en el permanente monitoreo que debe hacer la autoridad sanitaria.
“Las empresas no pueden ser juez y parte, partamos de esa base. Nosotros, tanto de la Comisión de Recursos Hídricos como en la misma comisión de Minería, y una Comisión Investigadora que funcionó en la Cámara durante el periodo legislativo pasado, donde se recomendó el permanente monitoreo que debe hacer la institucionalidad ambiental , la autoridad sanitaria, en este tipo de materias”, aclaró el diputado.
Cabe recordar que si bien los vecinos están a la espera de lo que determine la Bridema, insisten en sus sospechas de que nuevamente Codelco División Andina sería el responsable, tal como ocurrió en 2011, cuando la autoridad falló a favor de la comunidad por una denuncia similar en que la empresa tuvo que pagar 38 millones de pesos por contaminar el agua.
En ese sentido, Radio Universidad de Chile intentó comunicarse con la empresa para conocer su versión, sin lograr contactar a ningún representante de la minera estatal.