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Año XI, 18 de agosto de 2019

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Alertan presuntas irregularidades en portal de Ley de Lobby

Preocupación existe por parte de técnicos y organizaciones sociales por la licitación del sitio electrónico del Consejo para la Transparencia, en el marco de la habilitación de la Ley de Lobby, que se adjudicará por un monto cercano a los 400 millones de pesos y que busca hacer disponible a todos los chilenos, las agendas de los cerca de cinco mil servidores públicos. En conversación con Radio Universidad de Chile, el Consejo respondió a las consultas. Sin embargo, aún persisten las dudas.

Paula Correa

  Martes 8 de julio 2014 21:06 hrs. 
Consejo-para-la-Transparencia

InfoLobby.cl es el portal que levantará el Consejo para la Transparencia para acceder públicamente a la información que exige publicar la Ley de Lobby y que actualmente está licitando el organismo a través de Mercado Público.

Se trata de un proceso donde se adjudicarán 110 millones de pesos para el diseño, la construcción y la implementación, además de 400 Unidades de Fomento (UF) al mes para la plataforma que operará las 24 horas, con una explotación y soporte durante tres años.

En el programa Feria de Compras Públicas de Radio Universidad de Chile, distintos especialistas plantearon sus reparos a la elaboración de las bases de la licitación.

El arquitecto en tecnologías de la información Marco Saavedra, de la empresa Telmex, indicó que “el Estado está desembolsando una cantidad millonaria de recursos para financiar un proyecto que se nota que no tiene claro”. Esto, porque “las bases no son precisas”, añadió, al cuestionar los conocimientos de quienes las elaboraron.

“Imaginemos que varios usuarios comienzan a hacer cruces de datos al mismo tiempo. No quiero ni pensar en la carga que eso puede significar para el sistema”, afirmó.

Al respecto, Eduardo González, director de Operación y Sistemas del Consejo para la Transparencia, explicó la labor del organismo en el portal.

“Nosotros vamos a consolidar esa información. Una de las características que va a tener este portal es que los datos van a estar en formato reutilizable. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona va a poder usar esta información y hacer sus propios cruces y análisis, e incluso relacionarlos con otras fuentes de datos”, detalló.

Por lo tanto, indicó que “esos comentarios no están ajustados a lo que se está pidiendo explícitamente en las bases de licitación en su parte técnica, que es la posibilidad de reutilizar esta información con foco ciudadano”.

El encargado indicó que la incorporación de información es gradual. Por lo mismo, hay formas de hacer frente a una posible saturación. Lo cierto es que los postulantes tienen un plazo de 21 días para elaborar la propuesta y que el portal debiera levantarse en un plazo de tres meses.

Para Luis Zaviezo, profesor diplomado de compras públicas de la Universidad de Chile, esta situación “es al menos preocupante, porque pareciera que hay algo allí que observar”.

Otro de los temas dice relación con los fondos comprometidos. Lo primero es que las instituciones públicas deben publicar un Plan Anual de Compras y ésta no figura. González explicó que el plan se elaboró antes de ser promulgada la ley y añadió que el mecanismo contempla espacios para generar cambios. Sin embargo, por ahora no hay dineros disponibles, ya que estos provendrán de la Ley de Presupuestos.

En ese sentido, el propio González sostuvo que no existe un mayor riesgo en que no se aprueben estos fondos, ya que tienen un mandato por la misma ley para levantar este portal electrónico. “Nosotros no nos podemos poner en el escenario en que no vamos a tener los recursos, más aún en este caso que tenemos un mandato legal”, advirtió.

Pero, más allá de eso, el profesor Zaviezo afirmó que la forma en la que se plantea el proceso sigue siendo irregular, en la medida en la que hay una sola licitación para fondos millonarios.

“Esto es un sistema que no se ha hecho nunca antes, por lo tanto no se sabe lo que va a significar, lo que va a demandar. Podría ser que las 400 UF mensuales sea una cifra muy fuera de lugar, mucha plata o poca plata”, afirmó.

Asimismo, añadió que “lo que le parece extraño es que se haga una sola licitación y se amarre la mantención de un sistema que todavía no se conoce cómo va a ser, cómo va a funcionar, ni cuánto va a costar”.

El especialista recomendó hacer esto en dos etapas, una primera de construcción del sistema y luego de eso definir si la mantención va a ser con recursos propios del Consejo para la Transparencia, o a través de una licitación con un tercero, pero teniendo una dimensión mucho más precisa del proyecto a licitar.

Y es este “amarre” de recursos el que justamente abre las dudas cuando la construcción de este portal se realiza en paralelo a la revisión de los reglamentos de la ley 20.730 o “Ley de Lobby” en Contraloría, en lo que es la etapa de implementación de este cuerpo legal, que se aprobó después de diez años de permanecer en el Congreso.

En esa línea, desde la Fundación Ciudadano Inteligente afirmaron que lo que les preocupa es que al final del día los portales entreguen a los ciudadanos información valiosa, sin trámites, con un sólo clic.