Esto, en el marco de las iniciativas que ponen fin al lucro y a la selección, ante lo que el abogado constitucionalista Pablo Ruiz-Tagle reconoció que “en la Constitución chilena, la forma en que está reconocido el derecho a la educación es un tanto más débil que otros derechos que se encuentran garantizados de una manera reforzada”.
En consecuencia, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados organizó una sesión con expertos en la materia.
José Francisco García, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, explicó que el Tribunal Constitucional en fallos anteriores se ha referido a este tipo de discrepancias justificando la presencia del lucro en la Ley General de Educación, cuya norma sólo exige que los sostenedores sean personas jurídicas de derecho privado, sin especificar si pueden o no lucrar.
“Es importante ese debate, porque ya el Tribunal Constitucional declaró constitucional esta idea del giro único, lo estableció en términos de una barrera. Es lícita porque permite esta multiplicidad de fórmulas. La pregunta legítima es, ¿qué pasa en este mismo debate si uno dijera que solo se va a establecer o entregar la subvención bajo determinadas condiciones? Creo que ahí es donde está el debate de los medios regulatorios que me parece importante”, detalló García.
A su vez, Juan Carlos Ferrada, académico de la Universidad de Valparaíso, aseguró no ver un eventual apremio constitucional en la iniciativa del Ejecutivo.
“Siempre el Tribunal Constitucional podrá tener opiniones divergentes, y así lo ha hecho durante todo este tiempo, es cosa de ver las sentencias. Pero en principio, si a mí me plantean inicialmente ver alguna contraposición entre las normas que están en este proyecto de ley y las normas constitucionales, no me parece que esa sea la situación. Y, al contrario, yo podría plantear que hay una presunción de constitucionalidad de la norma, inicial al menos”, Explicó el académico.
Finalmente, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, valoró lo expuesto, por cuanto aclara el debate en la materia.
“Me preocupa la banalización que a veces se hace de la discusión sobre la Constitución, si es que intuitivamente se olfatea que es constitucional o no, cuando aquí hemos presenciado lo complejo que es ese debate. Como Ejecutivo a nosotros nos gustaría invitar a una discusión con esa altura de miras y sin dudas ser conscientes que este proyecto de ley es una tremenda oportunidad para hacer este debate, con estas características y darnos cuenta del precedente que vamos a sentar”, planteó la subsecretaria.
Durante la sesión también se despejaron dudas sobre normas específicas del proyecto de administrador provisional, donde se reconoció que éste no contiene aspectos expropiatorios.
Esto, en el marco de las iniciativas que ponen fin al lucro y a la selección, ante lo que el abogado constitucionalista Pablo Ruiz-Tagle reconoció que “en la Constitución chilena, la forma en que está reconocido el derecho a la educación es un tanto más débil que otros derechos que se encuentran garantizados de una manera reforzada”.
En consecuencia, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados organizó una sesión con expertos en la materia.
José Francisco García, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, explicó que el Tribunal Constitucional en fallos anteriores se ha referido a este tipo de discrepancias justificando la presencia del lucro en la Ley General de Educación, cuya norma sólo exige que los sostenedores sean personas jurídicas de derecho privado, sin especificar si pueden o no lucrar.
“Es importante ese debate, porque ya el Tribunal Constitucional declaró constitucional esta idea del giro único, lo estableció en términos de una barrera. Es lícita porque permite esta multiplicidad de fórmulas. La pregunta legítima es, ¿qué pasa en este mismo debate si uno dijera que solo se va a establecer o entregar la subvención bajo determinadas condiciones? Creo que ahí es donde está el debate de los medios regulatorios que me parece importante”, detalló García.
A su vez, Juan Carlos Ferrada, académico de la Universidad de Valparaíso, aseguró no ver un eventual apremio constitucional en la iniciativa del Ejecutivo.
“Siempre el Tribunal Constitucional podrá tener opiniones divergentes, y así lo ha hecho durante todo este tiempo, es cosa de ver las sentencias. Pero en principio, si a mí me plantean inicialmente ver alguna contraposición entre las normas que están en este proyecto de ley y las normas constitucionales, no me parece que esa sea la situación. Y, al contrario, yo podría plantear que hay una presunción de constitucionalidad de la norma, inicial al menos”, Explicó el académico.
Finalmente, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, valoró lo expuesto, por cuanto aclara el debate en la materia.
“Me preocupa la banalización que a veces se hace de la discusión sobre la Constitución, si es que intuitivamente se olfatea que es constitucional o no, cuando aquí hemos presenciado lo complejo que es ese debate. Como Ejecutivo a nosotros nos gustaría invitar a una discusión con esa altura de miras y sin dudas ser conscientes que este proyecto de ley es una tremenda oportunidad para hacer este debate, con estas características y darnos cuenta del precedente que vamos a sentar”, planteó la subsecretaria.
Durante la sesión también se despejaron dudas sobre normas específicas del proyecto de administrador provisional, donde se reconoció que éste no contiene aspectos expropiatorios.
Esto, en el marco de las iniciativas que ponen fin al lucro y a la selección, ante lo que el abogado constitucionalista Pablo Ruiz-Tagle reconoció que “en la Constitución chilena, la forma en que está reconocido el derecho a la educación es un tanto más débil que otros derechos que se encuentran garantizados de una manera reforzada”.
En consecuencia, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados organizó una sesión con expertos en la materia.
José Francisco García, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, explicó que el Tribunal Constitucional en fallos anteriores se ha referido a este tipo de discrepancias justificando la presencia del lucro en la Ley General de Educación, cuya norma sólo exige que los sostenedores sean personas jurídicas de derecho privado, sin especificar si pueden o no lucrar.
“Es importante ese debate, porque ya el Tribunal Constitucional declaró constitucional esta idea del giro único, lo estableció en términos de una barrera. Es lícita porque permite esta multiplicidad de fórmulas. La pregunta legítima es, ¿qué pasa en este mismo debate si uno dijera que solo se va a establecer o entregar la subvención bajo determinadas condiciones? Creo que ahí es donde está el debate de los medios regulatorios que me parece importante”, detalló García.
A su vez, Juan Carlos Ferrada, académico de la Universidad de Valparaíso, aseguró no ver un eventual apremio constitucional en la iniciativa del Ejecutivo.
“Siempre el Tribunal Constitucional podrá tener opiniones divergentes, y así lo ha hecho durante todo este tiempo, es cosa de ver las sentencias. Pero en principio, si a mí me plantean inicialmente ver alguna contraposición entre las normas que están en este proyecto de ley y las normas constitucionales, no me parece que esa sea la situación. Y, al contrario, yo podría plantear que hay una presunción de constitucionalidad de la norma, inicial al menos”, Explicó el académico.
Finalmente, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, valoró lo expuesto, por cuanto aclara el debate en la materia.
“Me preocupa la banalización que a veces se hace de la discusión sobre la Constitución, si es que intuitivamente se olfatea que es constitucional o no, cuando aquí hemos presenciado lo complejo que es ese debate. Como Ejecutivo a nosotros nos gustaría invitar a una discusión con esa altura de miras y sin dudas ser conscientes que este proyecto de ley es una tremenda oportunidad para hacer este debate, con estas características y darnos cuenta del precedente que vamos a sentar”, planteó la subsecretaria.
Durante la sesión también se despejaron dudas sobre normas específicas del proyecto de administrador provisional, donde se reconoció que éste no contiene aspectos expropiatorios.
