Ex director de SENCE asegura que se lucra a través de los Organismos de Capacitación del gobierno
En entrevista con el programa "Radioanalisis" de nuestra emisora, Julio Salas explicó la situación actual de los OTEC comerciales, a los que llamó las AFP de la capacitación, y el interés de la ministra del Trabajo de laborar con ellos en desmedro de las instituciones sin estos fines.
Martes 8 de julio 2014 2:15 hrs.
Luego de su salida del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Julio Salas, prefirió guardar silencio y serle fiel al gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, la “falta de transparencia” lo llevaron a tomar la decisión de contar por qué la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, solicitó su renuncia.
En entrevista con la tercera edición de Radioanalisis, el ex director señaló que su despido se debió a su nula decisión de entregar recursos a empresas que lucran con la capacitación. Por lo mismo, prefirió restar su participación del cargo en Alta Dirección Pública, pues afirma que no tiene disposición “a estar del 2015 en adelante firmando entrega masiva de recursos a instituciones que van en dirección opuesta de donde debiera fomentarse el desarrollo de las políticas públicas”.
La historia comienza con los debates que se dieron entre los meses de mayo y junio, y que intentaban resolver cuáles serían los Organismo Técnicos de Capacitación (OTEC) que participarían del programa “Más capaz” (actualmente en fase piloto), que tiene como objetivo fomentar la capacitación de jóvenes y mujeres de escasos recursos, en un periodo de cuatro años y con un presupuesto de casi mil millones de dólares.
En aquella instancia pueden participar instituciones sin y con fines de lucro, y eran éstas últimas las que Julio Salas no quería dejar pasar. “No está de acuerdo con el programa. Es muy raro que estemos cerrando la llave del lucro con recursos públicos en la educación y abriéndola en la capacitación”, aseguró.
“En los próximos cuatro años se van a inyectar alrededor de 600 mil millones de recursos frescos que salen directamente del erario público, y que son aparte de lo que se ejecuta a través de la franquicia tributaria. En este sentido las OTEC comerciales han percibido una gran oportunidad de negocio y han hecho una fuerte apuesta para obtener estos fondos, y a mi juicio lo mínimo es exigir estándares superiores de calidad a los ejecutores de estos recursos para que no se repitan los mismos vicios”, eso fue lo que no quiso la ministra y el subsecretario, quienes afirmaron que “es conveniente que estuvieran las OTEC que lucran, porque sino no íbamos a alcanzar a tener 450 mil capacitados”, dijo Salas.
Según el ex director, la propuesta de Sence era integrar como organismo de capacitación a las cerca de 500 fundaciones y corporaciones que trabajan con el ministerio de Desarrollo Social y que tienen experiencias en intervención social. “Si lográbamos incrementar instituciones sin fines de lucro no tendríamos problemas en la cobertura, de la misma manera hicimos conversaciones con universidades públicas para que se unieran al proceso y a los liceos técnicos profesionales. Es decir, una oferta con establecimientos que no capturaran una renta por este nuevo programa, para así tener más recursos”.
Sin embargo, se encontró con lo que al principio eran sólo opiniones contrarias, pero que terminó con la solicitud de su renuncia. “Yo observo que en el sector trabajo existe un enclave con un enfoque neoliberal tradicional que en la práctica está operando en contra. Su enfoque colisiona directamente con el sentido común de las políticas públicas que se quieren generar”, señala.
Funcionamiento de las OTEC
Fue en 1976 cuando se creó la institucionalidad de capacitación que hoy rige. Ésta opera a través de la franquicia tributaria en la que las empresas en vez de pagar impuestos reservan un 1% que son administrados por las OTIC, las que a su vez capturan un 15% de comisión.
La capacitación que se ejerce a través de la OTEC, que en su mayoría son comerciales, obtienen rentabilidades del 27% del total de los recursos que pasan por sus manos. “Lo que quiere decir que entre OTIC Y OTEC se va el 40%, pero si a eso se agrega un ítem que es gastos de administración, que es como el 14% y que en muchos casos es una utilidad disfrazada, la suma que se llevan se acerca al 60% de los recursos públicos”, sostiene.
“En la mayoría de los países lo que las empresas aportan para la capacitación entra a un fondo común y después se puede gastar, pero no exactamente en la proporción en la que aportas. No obstante, el enfoque dominante del año 76 fue crear estas especies de fondos de capitalización individual, entonces la OTIC es la AFP de la capacitación, la que administra los recursos y captura una comisión del 15% para que ,posteriormente, la prestación de la capacitación se haga a través de la OTEC. Eso no existe en otras latitudes”, asevera.
Otra complejidad, es que “uno de los problemas que detecta el informe Larrañaga (que investigó este organismo) es que el estado actual de la capacitación tiene un bajo impacto, ya que se produce una doble focalización regresiva. Por un lado, los recursos caen a las empresas más grandes; y en segundo lugar, en estas empresas no se encuentran sueldos bajos y quienes reciben la capacitación son, muchas veces, altas remuneraciones”, explica. Y agrega que el “informe dice que los recursos públicos que se entregan para capacitación en Chile registran cero impacto”.
Luego de su salida del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Julio Salas, prefirió guardar silencio y serle fiel al gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, la “falta de transparencia” lo llevaron a tomar la decisión de contar por qué la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, solicitó su renuncia.
En entrevista con la tercera edición de Radioanalisis, el ex director señaló que su despido se debió a su nula decisión de entregar recursos a empresas que lucran con la capacitación. Por lo mismo, prefirió restar su participación del cargo en Alta Dirección Pública, pues afirma que no tiene disposición “a estar del 2015 en adelante firmando entrega masiva de recursos a instituciones que van en dirección opuesta de donde debiera fomentarse el desarrollo de las políticas públicas”.
La historia comienza con los debates que se dieron entre los meses de mayo y junio, y que intentaban resolver cuáles serían los Organismo Técnicos de Capacitación (OTEC) que participarían del programa “Más capaz” (actualmente en fase piloto), que tiene como objetivo fomentar la capacitación de jóvenes y mujeres de escasos recursos, en un periodo de cuatro años y con un presupuesto de casi mil millones de dólares.
En aquella instancia pueden participar instituciones sin y con fines de lucro, y eran éstas últimas las que Julio Salas no quería dejar pasar. “No está de acuerdo con el programa. Es muy raro que estemos cerrando la llave del lucro con recursos públicos en la educación y abriéndola en la capacitación”, aseguró.
“En los próximos cuatro años se van a inyectar alrededor de 600 mil millones de recursos frescos que salen directamente del erario público, y que son aparte de lo que se ejecuta a través de la franquicia tributaria. En este sentido las OTEC comerciales han percibido una gran oportunidad de negocio y han hecho una fuerte apuesta para obtener estos fondos, y a mi juicio lo mínimo es exigir estándares superiores de calidad a los ejecutores de estos recursos para que no se repitan los mismos vicios”, eso fue lo que no quiso la ministra y el subsecretario, quienes afirmaron que “es conveniente que estuvieran las OTEC que lucran, porque sino no íbamos a alcanzar a tener 450 mil capacitados”, dijo Salas.
Según el ex director, la propuesta de Sence era integrar como organismo de capacitación a las cerca de 500 fundaciones y corporaciones que trabajan con el ministerio de Desarrollo Social y que tienen experiencias en intervención social. “Si lográbamos incrementar instituciones sin fines de lucro no tendríamos problemas en la cobertura, de la misma manera hicimos conversaciones con universidades públicas para que se unieran al proceso y a los liceos técnicos profesionales. Es decir, una oferta con establecimientos que no capturaran una renta por este nuevo programa, para así tener más recursos”.
Sin embargo, se encontró con lo que al principio eran sólo opiniones contrarias, pero que terminó con la solicitud de su renuncia. “Yo observo que en el sector trabajo existe un enclave con un enfoque neoliberal tradicional que en la práctica está operando en contra. Su enfoque colisiona directamente con el sentido común de las políticas públicas que se quieren generar”, señala.
Funcionamiento de las OTEC
Fue en 1976 cuando se creó la institucionalidad de capacitación que hoy rige. Ésta opera a través de la franquicia tributaria en la que las empresas en vez de pagar impuestos reservan un 1% que son administrados por las OTIC, las que a su vez capturan un 15% de comisión.
La capacitación que se ejerce a través de la OTEC, que en su mayoría son comerciales, obtienen rentabilidades del 27% del total de los recursos que pasan por sus manos. “Lo que quiere decir que entre OTIC Y OTEC se va el 40%, pero si a eso se agrega un ítem que es gastos de administración, que es como el 14% y que en muchos casos es una utilidad disfrazada, la suma que se llevan se acerca al 60% de los recursos públicos”, sostiene.
“En la mayoría de los países lo que las empresas aportan para la capacitación entra a un fondo común y después se puede gastar, pero no exactamente en la proporción en la que aportas. No obstante, el enfoque dominante del año 76 fue crear estas especies de fondos de capitalización individual, entonces la OTIC es la AFP de la capacitación, la que administra los recursos y captura una comisión del 15% para que ,posteriormente, la prestación de la capacitación se haga a través de la OTEC. Eso no existe en otras latitudes”, asevera.
Otra complejidad, es que “uno de los problemas que detecta el informe Larrañaga (que investigó este organismo) es que el estado actual de la capacitación tiene un bajo impacto, ya que se produce una doble focalización regresiva. Por un lado, los recursos caen a las empresas más grandes; y en segundo lugar, en estas empresas no se encuentran sueldos bajos y quienes reciben la capacitación son, muchas veces, altas remuneraciones”, explica. Y agrega que el “informe dice que los recursos públicos que se entregan para capacitación en Chile registran cero impacto”.
Luego de su salida del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Julio Salas, prefirió guardar silencio y serle fiel al gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, la “falta de transparencia” lo llevaron a tomar la decisión de contar por qué la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, solicitó su renuncia.
En entrevista con la tercera edición de Radioanalisis, el ex director señaló que su despido se debió a su nula decisión de entregar recursos a empresas que lucran con la capacitación. Por lo mismo, prefirió restar su participación del cargo en Alta Dirección Pública, pues afirma que no tiene disposición “a estar del 2015 en adelante firmando entrega masiva de recursos a instituciones que van en dirección opuesta de donde debiera fomentarse el desarrollo de las políticas públicas”.
La historia comienza con los debates que se dieron entre los meses de mayo y junio, y que intentaban resolver cuáles serían los Organismo Técnicos de Capacitación (OTEC) que participarían del programa “Más capaz” (actualmente en fase piloto), que tiene como objetivo fomentar la capacitación de jóvenes y mujeres de escasos recursos, en un periodo de cuatro años y con un presupuesto de casi mil millones de dólares.
En aquella instancia pueden participar instituciones sin y con fines de lucro, y eran éstas últimas las que Julio Salas no quería dejar pasar. “No está de acuerdo con el programa. Es muy raro que estemos cerrando la llave del lucro con recursos públicos en la educación y abriéndola en la capacitación”, aseguró.
“En los próximos cuatro años se van a inyectar alrededor de 600 mil millones de recursos frescos que salen directamente del erario público, y que son aparte de lo que se ejecuta a través de la franquicia tributaria. En este sentido las OTEC comerciales han percibido una gran oportunidad de negocio y han hecho una fuerte apuesta para obtener estos fondos, y a mi juicio lo mínimo es exigir estándares superiores de calidad a los ejecutores de estos recursos para que no se repitan los mismos vicios”, eso fue lo que no quiso la ministra y el subsecretario, quienes afirmaron que “es conveniente que estuvieran las OTEC que lucran, porque sino no íbamos a alcanzar a tener 450 mil capacitados”, dijo Salas.
Según el ex director, la propuesta de Sence era integrar como organismo de capacitación a las cerca de 500 fundaciones y corporaciones que trabajan con el ministerio de Desarrollo Social y que tienen experiencias en intervención social. “Si lográbamos incrementar instituciones sin fines de lucro no tendríamos problemas en la cobertura, de la misma manera hicimos conversaciones con universidades públicas para que se unieran al proceso y a los liceos técnicos profesionales. Es decir, una oferta con establecimientos que no capturaran una renta por este nuevo programa, para así tener más recursos”.
Sin embargo, se encontró con lo que al principio eran sólo opiniones contrarias, pero que terminó con la solicitud de su renuncia. “Yo observo que en el sector trabajo existe un enclave con un enfoque neoliberal tradicional que en la práctica está operando en contra. Su enfoque colisiona directamente con el sentido común de las políticas públicas que se quieren generar”, señala.
Funcionamiento de las OTEC
Fue en 1976 cuando se creó la institucionalidad de capacitación que hoy rige. Ésta opera a través de la franquicia tributaria en la que las empresas en vez de pagar impuestos reservan un 1% que son administrados por las OTIC, las que a su vez capturan un 15% de comisión.
La capacitación que se ejerce a través de la OTEC, que en su mayoría son comerciales, obtienen rentabilidades del 27% del total de los recursos que pasan por sus manos. “Lo que quiere decir que entre OTIC Y OTEC se va el 40%, pero si a eso se agrega un ítem que es gastos de administración, que es como el 14% y que en muchos casos es una utilidad disfrazada, la suma que se llevan se acerca al 60% de los recursos públicos”, sostiene.
“En la mayoría de los países lo que las empresas aportan para la capacitación entra a un fondo común y después se puede gastar, pero no exactamente en la proporción en la que aportas. No obstante, el enfoque dominante del año 76 fue crear estas especies de fondos de capitalización individual, entonces la OTIC es la AFP de la capacitación, la que administra los recursos y captura una comisión del 15% para que ,posteriormente, la prestación de la capacitación se haga a través de la OTEC. Eso no existe en otras latitudes”, asevera.
Otra complejidad, es que “uno de los problemas que detecta el informe Larrañaga (que investigó este organismo) es que el estado actual de la capacitación tiene un bajo impacto, ya que se produce una doble focalización regresiva. Por un lado, los recursos caen a las empresas más grandes; y en segundo lugar, en estas empresas no se encuentran sueldos bajos y quienes reciben la capacitación son, muchas veces, altas remuneraciones”, explica. Y agrega que el “informe dice que los recursos públicos que se entregan para capacitación en Chile registran cero impacto”.
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