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Año XIV, 9 de agosto de 2022

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Huenchumilla: “El problema en la Araucanía es usado por razones políticas mediocres”

La reutilización de una ley, antes descartada por el actual gobierno, ha reinstalado críticas desde todos los sectores. Desde la Alianza cuestionan que la misma sanción no sea aplicada en los conflictos en La Araucanía. Todo esto a pocos días de la Interpelación el titular del Interior Rodrigo Peñailillo.

Paula Correa

  Jueves 17 de julio 2014 18:36 hrs. 
huenchumilla

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Este jueves se sometió a control de detención  Pablo Matus de la Parra, uno de los 22 identificados en los videos del bombazo del Metro. Pese a que el investigado se declaró inocente, igualmente quedó detenido por otras causas.

El episodio vivido en la estación del Metro Los Dominicos, ha reabierto los cuestionamientos sobre la legitimidad de la Ley Antiterrorista como instrumento jurídico, una vez que el titular del Interior, Rodrigo Peñailillo confirmara su utilización.

En el Tema del Día de Radio Universidad de Chile, el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román, compartió la gravedad del hecho, pero no el uso del cuerpo legal. El jurista indicó que existen varias versiones de terrorismo, que la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define como “la dominación por el terror”.

Además afirmó que desde el 2005 en adelante en la Región Metropolitana se han registrado más de 200 episodios de similares características y en sólo cinco ocasiones han sido llevados a juicios.

Se trata del conocido como “Caso Bombas”, que generó un gran revuelo y donde se habló de una Asociación Ilícita Terrorista, también del caso de Luciano Pitronello a quien le explotó una bomba en sus manos. Otro de los episodios es el que involucra a Hans Niemeyer, tildado como “el sociólogo terrorista”, también en la pareja del ex lautarista Juan Aliste Vega, Carla Verdugo y a su hermanastro Iván Silva, y, finalmente, el caso Víctor Hugo Montoya, donde hace poco se recurrió de nulidad, por lo que aún está pendiente en la Justicia.

Todos fueron judicializados bajo Ley Antiterrorista desde el 2010, pese a que, finalmente, los tribunales rechazan su uso, recuerda Román. Por ello apuntó a un cambio en la vocación política para interpretar los hechos.

Sin embargo, advirtió que este nuevo caso coincide con la ofensiva al Ministro del Interior para su interpelación y contra el Intendente Francisco Huenchumilla, quien ejerce liderazgo en una zona de fuertes tensiones sociales y donde la Ley Antiterrorista ha tenido un rol protagónico.

“Yo tengo fundadas sospechas de que puede estar incluso la inteligencia policial en el hecho del domingo, porque no por nada está la interpelación al Ministro, ¿y lo interpelan por qué?, por falta de mano dura. Probablemente a los latifundistas, a los ricos y poderosos de este país les favorezca crear un clima tal en el que efectivamente se diga que tienen razón, que falta rigurosidad por parte del poder político. Yo tengo sospechas, habría que ver”, afirmó Román.

El profesional añadió que, sin tener intención de involucrarse en este caso “habría que ver las características del sitio del suceso porque hay que recordar que en muchos de los cinco juzgamientos nombrados anteriormente había adulteración, incluso del lugar”.

Recordemos que una vez que se anunció el uso de la Ley Antiterrorista, la oposición criticó que se aplicara en este hecho y no en la región de la Araucanía. En la oportunidad afirmaron que existían “ciudadanos de primera y segunda categoría”. Esto a pocos días de la Interpelación fijada para 24 de julio.

Interpelación a Rodrigo Peñaillillo

Fue el propio Intendente de la Araucanía quien a la salida del primer encuentro de la Mesa de Políticas Públicas para la zona mapuche se refirió a la interpelación.

“Jurídicamente la Cámara de Diputados tiene esa facultad. Ahora, el cómo se usa es un tema político y aquí se está usando con pequeñez”, aseveró.

Huenchumilla agregó que desde la oposición, tanto alcaldes, como consejeros regionales, directivas regionales y parlamentarios de la zona lo apoyan “entonces esta Interpelación, estos problemas políticos son santiaguinos y sebusca como chivo expiatorio al Intendente”, sostuvo criticando las acusaciones que se hacen a nivel central.

“La situación de la Araucanía es un problema de Estado, un tema grave que está siendo usado por razones políticas mediocres. La Ley Antiterrorista se ocupa en La Araucanía hace años y ha tenido cero resultados”, agregó.

Invocación de Ley Antiterrorista

Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos afirmó que existe un cuestionamiento general y permanente a la Ley, cuando el Gobierno ha dicho que no la utilizará ante situaciones que tengan a la base un conflicto social, sin embargo, el INDH sostiene que “el problema no es a quien se aplica, sino la misma ley”.

“En esos términos nos parece que esto da cuenta de la urgencia que debe tener la reforma a la Ley Antiterrorista, porque no garantiza el debido proceso, que es uno de los elementos clave en todo acceso a la justicia para personas que puedan ser eventualmente imputadas”, apuntó.

Sin embargo, la calificación final de esto le corresponde a la Justicia. El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán tomó distancia temporalmente de la decisión de aplicar la Ley hasta que lo estime pertinente. “No existe temor, pero tampoco se trata de ser aventurado en invocarla” e indicó que si la fiscalía lo hace será “con cautela y con prudencia”.

En la misma línea argumentó el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. “Yo creo que donde deben verse y tramitarse las causas es llevando las pruebas, siendo acuciosos en la investigación y, de alguna manera, instando con los recursos legales para llegar a establecer las condenas en las esferas que corresponden. Estas causas se tramitan, utilizando un lenguaje antiguo, en papel proceso, no en papel de diario”, afirmó.

Vale recordar que la ley 18 mil 314 sobre conductas terroristas, tuvo su última modificación el 2010, en el contexto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Dicha modificación fue considerada como “insuficiente” por distintos juristas que, en general, concuerdan con la falta de legitimidad del instrumento.

Otras voces sostienen que en Chile no existe el terrorismo propiamente tal, por lo tanto, una ley como esta, que ampara fuertes irregularidades judiciales, debe ser derogada, enfrentando este tipo de casos con las herramientas ya existentes en nuestro sistema penal, las que, afirman, son suficientes.

 

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