La reivindicación territorial es uno de los pilares de las demandas del pueblo mapuche, pero el gobierno de Michelle Bachelet aún no ha tomado acción directa sobre este tema. Sus prioridades pasan, como señalara el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo en la interpelación a la que se sometió el jueves pasado, por la participación de los pueblos en el parlamento y la reforma a la actual institucionalidad, a través de la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, un Consejo de Pueblos y una Agenda para el Desarrollo.

Aún así, el tema ha estado presente en el debate nacional. Hace unos días se reunieron las 148 comunidades con aplicabilidad ante Conadi y designaron diversos representantes para solicitar a las autoridades de gobierno que se resuelva de forma urgente la demanda territorial, ya que afirman que la adjudicación ha sido demasiado lenta, más aún considerando que desde hace varios años hay comunidades en lista de espera y algunas tienen fecha de entrega para el año 2018 o 2020.

Estas comunidades están contempladas en el artículo 20B de la Ley 19 mil 253, conocida como “Ley Indígena”, artículo que dice relación con quienes tienen títulos de propiedad reconocidos por el Estado, por lo que es un deber de nuestro país que accedan a estos predios.

Según José Bengoa, académico y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sólo de los Títulos de Merced (los que no podían ser expropiados ni vendidos), se calcula que hay unas 200 mil hectáreas que fueron usurpadas en La Araucanía y se ha constatado que en ellas se instalaron Forestales y privados.

En ese sentido, recordó los planteamientos de la Comisión, formada el año 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos para “encausar el diálogo y mejorar la relación de los pueblos indígenas”: “Lo que se planteó entonces fue que debería entregarse todo eso a la Corte Suprema. Así se hizo Canadá y en muchos otros países que han resuelto problemas de tan larga data histórica. Que la Corte Suprema tomara este tema y estableciera cuáles son las tierras usurpadas y, con esa resolución, pasara a una ley de expropiación específica”, afirmó.

Bengoa añadió que cree que ese camino “es realista, ya que se puede llegar a una certeza jurídica de quiénes son los expropiadores y por lo tanto cuál es el rumbo de, al menos, esas 200 mil hectáreas”.

Además, afirmó que la Ley Indígena tiene otros mecanismos que permiten la compra de predios para restituir algunas de las llamadas “líneas antiguas”, pero indicó que, si bien se planteó en la Comisión, el tema “quedó escondido”.

“Creo que ese tipo de cuestiones va a tener que ser necesariamente repuesta en este debate” – dijo.

Desde las comunidades han manifestado molestia porque actualmente sólo se está hablando de las tierras provenientes de estos Títulos “oficiales”. Así lo expresó el historiador, Martín Correa, quien –al igual que Bengoa- integró la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato.

“Los Títulos de Merced son las tierras reduccionales, son fruto de la ocupación militar de La Araucanía, de la llegada de los colonos. A las familias mapuche se les reconoce el dominio en el espacio mínimo que tenían en las rucas, las huertas, los cercados, no en sus tierras antiguas, y por algo se llaman reducciones”, afirmó.

El autor de los libros “La Reforma Agraria y las Tierras Mapuche” y “los motivos del Illkun” añadió que lo que está hoy en discusión para las comunidades, las organizaciones y quienes están trabajando con ellos en terreno, son las tierras antiguas y también las tierras que falten en los títulos de Merced.

“Si se toma en cuenta las últimas tierras que compró el Estado, de Urban para las familias de Temucuicui, no son tierras de Títulos de Merced, son antiguas. Las que están en conflicto en Chiguaihue, son las antiguas que fueron usurpadas y entregadas a los colonos y que dieron forma al ‘Fundo Chiguaihue’ donde fueron asesinados Álex Lemún y Jaime Mendoza Collío”.

Y añadió: “Las tierras que entregó Lavín en el Gobierno de Piñera con gran parafernalia mediática es el fundo Santa Rosa de Colpi, que es de Forestal Mininco y que también son tierras antiguas. De hecho, todos los presos políticos mapuche que están hoy día encarcelados están luchando por la reivindicación de sus tierras antiguas”, dijo el historiador, mostrando la relevancia del asunto.

Por lo mismo, afirmó, plantearse la fórmula reduccionista como una solución al conflicto mapuche “es desconocer la demanda territorial mapuche en su completa amplitud” e indicó que están inquietos con que en la reciente discusión sobre entrega de tierras se pierda de vista este tema fundamental.

La ley indica que Conadi permite la asignación de algunas de estas tierras antiguas a través del artículo 20-A de la Ley Indígena, pero, de momento, es un fondo concursable, suele regirse por los criterios políticos que impone el gobierno de turno. Ante esto, Correa también apuntó a la posibilidad de realizar expropiaciones, al tratarse de “un tema de interés nacional”, como dice la misma Ley 19 mil 253.

De hecho, los mecanismos de asignación de tierras por parte de la entidad han sido fuertemente criticados porque se someten a la especulación del mercado financiero. Incluso, se han detectado irregularidades en la adjudicación, las que están siendo investigadas por la Fiscalía en la Justicia y por una Comisión recientemente formada en la Cámara Baja, que preside el diputado radical Fernando Meza.

Ante las críticas se han pronunciado los funcionarios del organismo. Sandra Marín, presidenta de la Asociación de Funcionarios (Anfuco) reveló la falta de personal para asignar las tierras ya comprometidas en la priorización nacional.

“La dificultad en la Conadi es el déficit de recursos humanos y de infraestructura para poder atender a estas demandas. Somos 447 funcionarios a nivel nacional y 56 en el fondo de tierras, que son los que ejecutan el 40 por ciento del presupuesto de todo Chile. Desde ese punto de vista se entiende por qué el proceso es más lento. A eso se suma que muchas de las decisiones no se toman de forma oportuna en el marco de las negociaciones y del sistema de compras que tenemos”, sostuvo.

La funcionaria manifestó su preocupación por la falta de presupuesto del Servicio y auguró un lento avance hacia el futuro ministerio debido a que –dijo- no se observa preocupación de las autoridades.

“Piensa que el Presupuesto 2015 no será mejor que el presente, que aumento un 0,6 por ciento en Conadi cuando los otros servicios tuvieron incrementos del orden de un 2,5. Eso, sin contar los constantes atrasos en la ejecución presupuestaria de la Corporación que, “hacen pensar que no hay interés”, indicó.