La movilización permanente que sostienen funcionarios de la salud contra la concesión de hospitales, tuvo un saldo de dirigentes detenidos en el marco de las acciones realizadas en el frontis del hospital Salvador. A este conflicto hoy se suma el fallo unánime de la Quinta Salda de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de protección presentado por trabajadores del hospital Félix Bulnes en contra de los ministerios de Obras Públicas y de Salud.
El recurso tenía el objetivo de impedir el proceso de licitación de este hospital, sin embargo tribunales argumentó que no habría existido un “acto arbitrario e ilegal como lo alegan los recurrentes” debido a que el proceso se ajusta al derecho y a las atribuciones que tienen las instituciones de gobierno.
En este contexto de huelgas, protesta y paralizaciones del sector de la salud, con acciones en el palacio de La Moneda y la interrupción del tráfico en la calle Salvador, la ministra de Salud Helia Molina hizo un llamado a los trabajadores de los hospitales a restablecer el diálogo, asegurando que el proceso de concesión no se puede revertir y que se instalará una mesa de trabajo entre la concesionaria y el Minsal donde espera incorporar a los funcionarios.
Sobre este fallo, la presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Mariana Dastres sostuvo que apelaran a este fallo y continuaran rechazando la concesión, sin perjuicio de ello, se incorporaran a una mesa de trabajo del ministerio de Salud.
“El Minsal está interesado en una mesa de trabajo, y nosotros vamos a participar en esta mesa de trabajo, pero el participar no significa que nosotros vayamos a aceptar la concesión hospitalaria, o sea nuestra postura es categórica nosotros los trabajadores del hospital Félix Bulnes rechazamos la concesión de nuestro hospital, queremos un hospital nuevo o queremos que reconstruyan nuestro hospital pero con fondos públicos”, sostuvo la dirigente.
La representante de Fenpruss, además informó que continuaran las movilizaciones, anunciando una marcha que contará con el apoyo de consejeros regionales de la CUT, cuyo objetivo es poner fin al proceso de concesiones, asegurando que el gobierno tiene en sus manos la solución, solo debe pagar una multa, que a largo plazo irá en beneficio de toda la ciudadanía y significará menores costos para el Estado.
En materia de derechos laborales, huelgas y paralizaciones de trabajadores, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco se reunió con la CUT para establecer una agenda que avance en la agenda laboral, definiendo nueve puntos prioritarios, entre los cuales se encuentran aumentar los derechos colectivos, garantizar la huelga efectiva y la titularidad sindical.
Sobre las críticas empresariales a estas posibles modificaciones de la actual normativa legal, la ministra Javiera Blanco manifestó su extrañeza, afirmando que son temas a los que se ha comprometido conversar la propia dirigencia de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
“Fue la misma CPC el año 2012, la CPC firmó una acuerdo de voluntades con la CUT, en ese acuerdo de voluntades por lo menos la mitad de los temas que estamos planteando estaban como temas prioritarios para ellos y la titularidad sindical era parte de ello, por lo tanto entiendo más bien que hoy día pueda haber ciertas inquietudes en torno a un programa que a ellos no se les ha expuesto, así que yo me imagina que parte de esas aprehensiones van a disiparse cuando tengamos la reunión”, afirmó la secretaria de Estado.
La agenda laboral, que espera ser “una agenda dialogante” estableció encuentros regionales y comunales, con un plazo que termina en Octubre para recoger el debate que darán los empresarios, pequeños y medianos empresarios y gremios de los trabajadores, donde la CUT, según la ministra del Trabajo, tendrá una voz relevante.
Hasta ahora el tema central de las conversaciones por parte de los gremios de trabajadores ha sido la prohibición que tienen las organizaciones sindicales, de acceder al derecho a huelga, por ello han insistido en modificar la normativa legal que impide este derecho, vulnerando la libertad sindical.