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Año XIII, 27 de noviembre de 2021

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Plazos relevan el debate sobre el fin al copago en la Reforma Educacional

El plazo al fin del copago volvió a abrir el debate sobre uno de los primeros proyectos de ley enviados por el Gobierno para la Reforma Educacional, en el cual existen persistentes cuestionamientos gremiales por parte de los particulares subvencionados, pese a lo señalado por las autoridades. Sin embargo, la situación revela la falta de “un mapa” de la reforma para la tranquilidad de los distintos sectores.

Héctor Areyuna

  Miércoles 30 de julio 2014 18:10 hrs. 
reforma


En la actividad de este martes en Icare, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, planteó una “flexibilidad” en la reforma que ya había mencionado: quitó un plazo fijo para el fin del copago.

Hace varias semanas que el secretario de Estado sostuvo que la prescripción de 10 años se podía mover a 15, y ahora, cuando dijo “en la medida que no podamos reemplazar peso a peso el copago, podrá seguir existiendo”, generó aceptación en algunos detractores de la reforma.

De todas formas, la subsecretaria del ramo, Valentina Quiroga, profundizó estos dichos asegurando que “la cantidad de años o el plazo que finalmente tome la gratuidad va a depender de la cantidad de aumento anual que tengamos de recursos, pero reitero, va a haber aumento de recursos en los establecimientos, las familias pueden estar tranquilas y los establecimientos también, no va a haber ninguna reducción de recursos producto del avance en la gratuidad”.

La subsecretaria enfatizó en que se irá reemplazando “todo el financiamiento que hoy día hacen los padres por financiamiento público, y el plazo va a ser acotado y va a definirse en las conversaciones una vez que terminemos los procesos de audiencias con los distintos actores”.

El presidente de la Agrupación Gremial de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), Hernán Herrera, crítico de los proyectos hasta ahora enviados, valoró que el reemplazo sea peso a peso, pero reiteró la preocupación frente a la compra de infraestructura.

El dirigente dijo que al sector le preocupa “que transformen o pretendan transformar al sostenedor en un mero administrador de recursos públicos y no en lo que es hoy día, que es un gestor de un proyecto educativo”.

En ese caso, rechazando lo que calificó como “trabas” para la gestión privada, Herrera agregó que sería mejor “nombrar un funcionario público y no tener un sostenedor trabajando en un establecimiento educacional”.

Pese a que las autoridades han señalado que el fin al lucro, y la posibilidad de compra de infraestructura no impedirá la gestión de proyectos particulares, Herrera señaló que el Ejecutivo desvaloriza la gestión privada y descartó que se quiera hacer una defensa de la propiedad de los colegios.

Frente a esto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo pidió no poner el acento en la forma, sino en el fondo, agregando que se está bien encaminado, pero hay que fortalecer los espacios de participación.

Sin embargo, las críticas llevan a un lugar ya repasado: el equívoco camino del Gobierno para plantear la reforma.

Incluso el presidente de la comisión de Educación de la AChM, alcalde de Lo Prado y secretario general del PPD, Gonzalo Navarrete, pidió dar a conocer “el mapa” con que trabajará el Ejecutivo, aclarando así los objetivos generales y evitando que la incertidumbre reste apoyo a la reforma.

Incluso sobre las iniciativas ya enviadas, específicamente sobre el fin al lucro, la selección y copago, Navarrete, dijo que con claridad se despejaría la ofensiva gremial del sector particular subvencionado.

“Si el objetivo es que aquí no haya mercado, no hay mercado. Los problemas que tienen los particulares subvencionados para sobrevivir es porque no tienen un concepto de calidad y financiamiento paralelo, y si nosotros logramos resolver eso no vamos a discutir sobre lucro y copago porque vamos a tener asegurado que existe particular subvencionada en estándares de calidad, con profesores pagados y con financiamiento adecuado, con un sistema de regulación de calidad y no si existe o no existe. Ahí nos está faltando un paso que hoy día hay que dar”, expresó.

Cabe recordar que las primeras críticas a la posibilidad de la compra de infraestructura las emitió el presidente de la DC Ignacio Walker, cuestionamientos que persisten al interior de la Nueva Mayoría.

Ante esto la diputada comunista Camila Vallejo, publicó en su página web una columna en la que acusa a “la oposición política y económica de la derecha, así como también del sector más conservador de la Nueva Mayoría, perteneciente al núcleo de la antigua Concertación” de “en vez de desarrollar un argumento crítico han preferido emplear la desinformación, la mentira y la desconfianza, con el sólo fin de infundir miedo al cambio”.