Las negociaciones contrarreloj entre Argentina y los fondos de inversión especulativos, llamados los fondos buitres, se han cerrado sin acuerdo y con un halo de confusión sobre su resultado en relación a la suspensión de pagos, llamada también con el anglicismo default. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, compareció en Nueva York para anunciar el fracaso de las negociaciones y defender, sin embargo, que éste no supone el impago: “Argentina ha tenido una dolorosa situación de ‘default’ en 2001” pero en esta ocasión lo que sucede “no es relativo a la solvencia ni a la voluntad de pagar de la República Argentina”.

Kicillof culpó al juez Thomas Griesa de haber formado “un rompecabezas jurídico” que produce una situación “que nadie sabe caracterizar” y mostró también su intención de seguir negociando, aunque respetando siempre los intereses y la ley de Argentina y los argentinos y las condiciones de los canjes de 2005 y 2010. Frente a esta interpretación se colocó en firme el mediador nombrado por el juez estadounidense Thomas Griesa en la disputa de Buenos Aires con los llamados “fondos buitre”, quien aseguró que el país entra “inminentemente” en “default”.

La historia de los llamados “Fondos Buitres” está estrechamente ligada con la deuda externa de la Argentina, que a su vez se inició de manera importante en la década del ´70 y ´80 en tiempos de la dictadura militar y que se fue incrementando con el paso del tiempo.

Explicativamente, estos fondos son inversionistas particulares o empresas que compraron bonos argentinos -de la deuda- a personas o entidades que no aceptaron canjearlos en las operaciones de reestructuración de deuda organizadas por la Argentina en 2005 y 2010 después de la suspensión de pagos en que incurrió hace trece años.

En 2001 cuando la Argentina cayó en cese de pagos, acumulaba una deuda de 200 mil millones de dólares, por lo cual convocó a una renegociación con quita de deuda, y luego se reinició la negociación en 2005 con los tenedores de bonos y en esa oportunidad se plegaron al canje de deuda el 76% de los tenedores de bonos con una quita de casi el 70% de la deuda.

En 2010 se promulgó la Ley Cerrojo, que permitió una mejora en relación a 2005, lo cual tuvo una adhesión del 92,5% de los tenedores nuevos de los bonos, quedando casi 7,5% fuera de esta operación, que está conformado por Fondos Buitres y titulares particulares, los cuales quedaron con la titularidad de bonos antiguos y que en algunos casos hicieron reclamos en la justicia con sanción para cobrar.

El Fondo Buitre llamado NML que lo conduce un abogado especializado en operaciones de altísima especulación financiera, Grupo Elliot solicitó un pago al contado por 1330 millones de dólares a lo que el juez Thomas Griesa admite en su primera sentencia. Esos bonos habían sido comprados a precios “basura” por 48 millones de dólares

El gobierno argentino apeló, pero el recurso fue rechazado por la Corte Suprema de EE.UU. y obliga a la nación trasandina pagar esa cantidad en efectivo a los fondos de inversión que compraron títulos de la deuda cuando el país se encontraba en cesación de pagos en 2001.

La situación jurídica económica llevó al país a una suerte de callejón porque si paga a los fondos el 100% de la deuda, se activa una cláusula que obliga a pagarle al resto de los acreedores lo mismo. El monto total se elevaría a unos 450 mil millones de dólares, desplomándose por completo la reestructuración que apoyó el 93% de los acreedores de la gigantesca moratoria argentina.

Además, el 30 de junio  venció el plazo para que se acredite en las cuentas bancarias de los bonistas del canje el pago de 539 millones de dólares que el país realizó a fines de ese mes pero fue bloqueado por las órdenes del juez Griesa y que tiene un período de gracia de un mes que venció este miércoles.

El ex director del Banco Central de la República Argentina, Arnaldo Bacco, explicó que en el prospecto de emisiones de los bonos existe la llamada cláusula Rufo que amplifica la deuda del país a un monto sideral.

“La cláusula Rufo lo que hace es disparar igualdad de oportunidades en caso de que Argentina le pagara a algunos de los tenedores de bonos antiguos de la década del ´90 ingresaran a solicitar a un tribunal y este fallara a su favor, y paga por encima de las quitas anteriores de 2005-2010 se ve obligado a reconocer los mejores precios que hizo a esos bonos, a todos los tenedores de bonos anteriores y como resultado la renegociación anterior se caería y la deuda que del país cercana a 200 mil millones de dólares se transformaría en 450 mil millones. Por eso, Argentina decidió no pagar”, indicó Bacco.

Por su lado, el economista Andrés Solimano destacó que las autoridades políticas trasandinas luego del “Default” de 2001 adoptaron un modelo muy distinto al que venían aplicando, colocando desde esa fecha en adelante las prioridades en el crecimiento económico y no en servir el pago de la deuda externa

“Vamos a priorizar el crecimiento económico, que los recursos vayan para el crecimiento, para el aumento del empleo y los excedentes destinarlo para servir la deuda, pero no servir la deuda a cualquier costo lo que provocaría contraer la economía, que es el enfoque que siguieron España, Portugal, Grecia forzados por la Troika (Fondo Monetario, Banco Central Europeo y Comisión Europea) lo que acarrea una contracción de la economía, sube el desempleo, se pierden beneficios sociales servir su deuda para defender el Euro”, explicó Solimano.

El especialista señaló que en los últimos 10 años el país vecino ha evitado aumentar su endeudamiento de manera significativa, se logró un rápido crecimiento económico, tomaron distancia del Fondo Monetario y no siguieron las recomendaciones del organismo financiero internacional.

Finalmente, Solimano señaló que hay que ver cómo después de la crisis del 2001-2003 Argentina cambió el enfoque dándole una prioridad al crecimiento interno de su economía.