El contralor General de la República, Ramiro Mendoza, presentó ante la comisión investigadora de inversión pública en infraestructura hospitalaria de la Cámara de Diputados, un informe con fiscalizaciones desde el año 2006 a la fecha, el que incluyó auditorias, investigaciones especiales e inspecciones técnicas y contratos de construcción de obras.

La reunión fue moderada por el diputado socialista, Juan Luis Castro, presidente de dicha comisión.

Mendoza destacó en su informe que existen múltiples problemas respecto a los presupuestos entregados para los proyectos, en los procesos de adjudicación y en las bases para los mismos. Indicando que no se pueden buscar remedios comunes para contratos que tienen distintas necesidades según donde se realice la obra. Esto, en las tres formas de construcción hospitalaria, que incluye a la ley de concesiones (ley de concesiones, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; y reglamento de obras públicas).

Puntualmente, algunas de las observaciones consideradas fueron pagos abultados, atraso en la ejecución de obras, inicio de las mismas sin permiso de edificación y pagos de partidas con irregularidades.

Respecto al Hospital del Salvador el contralor indicó que los contratos deben cumplirse y que se podría dar pie atrás a través de causales de término según el régimen normativo, esto sólo si el interés público lo requiere por medio del mandato de la presidenta de la república, pero con un alto costo monetario. Y aunque se desmarcó de opiniones personales respecto de qué modelo es mejor, afirmó que en Chile, el sistema de concesiones no es norma.

“En el sector de obras y servicios son muy escazas, lo que nosotros tenemos es una larga experiencia de contratos de construcción de obra pública. Ahora tenemos una larga experiencia de contratos de construcción de obra pública a través de la ley de compras, pero de concesiones de obra pública, obras y servicios… cárceles, muy poquititas, que no han funcionado muy bien y hoy día tenemos el hospital de Maipú y la Florida que están recién partiendo”, dijo Mendoza.

El hospital Salvador cumple 28 días de paro.

Lina Córdova dirigente del Hospital Félix Bulnes, donde están agrupados la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud ( Fenpruss) y la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), presente en la reunión, valoró los datos entregados por el contralor, ya que abren la posibilidad de frenar las concesiones tal como ocurrió con la cárcel de Antofagasta.

“Por eso estamos haciendo un llamado para que la presidenta tome una decisión política y saque a estos dos hospitales (Salvador y Félix Bulnes) del proceso de la concesión”

El conflicto principal, más allá de la construcción física de los hospitales radica en que además, con el sistema de concesiones, se incluyen potestades administrativas, que el gremio de la salud rechaza.

“El trabajo en salud es un trabajo en equipo de salud y no solamente de las personas que tienen relación directa con el enfermo, sino que hay todo un proceso detrás que llega a entregar una buena atención en calidad en salud. Por lo tanto no se toca ningún servicio ni básico, ni de cafetería, ni de estacionamiento, ni de alimentación, ni de equipos médicos, ni nada, solamente la construcción del hospital”, enfatizó.

Aún más allá fue la diputada Karol Cariola, quien aseguró que no están de acuerdo bajo ningún motivo en que los hospitales sean construidos por medio de concesiones.

“Es evidente que para orden de cualquier cosa, construir por la vía de un crédito, versus construir con recursos directos siempre va a ser más caro. Por lo tanto lo que no queremos es que la construcción de infraestructura hospitalaria se transforme en un negocio para aquellos privados que quieren lucrar a costa de la salud”.

Diputada Karol Cariola

Además la diputada, cuestionó ante el contralor los cortos plazos de diferencia, entre la presentación de las propuestas técnicas y económicas, y el proceso de adjudicación, que según sus datos no distaría más allá de 5 días en el caso del hospital Félix Bulnes y sólo tres, en el caso del Salvador.

“A mí me parece que es importante poder entregar y transparentar esos elementos. Nosotros manejamos estos datos y esperábamos una respuesta mucho más clara por parte de contraloría, sin embargo quedó la disposición y la solicitud explicita de la comisión de que esos datos se pudieran entregar por medio de un oficio que haga cargo la contraloría hacia la comisión investigadora, precisamente para poder tener y contar con todos esos elementos en el momento de poder desarrollar nuestro veredicto, nuestra síntesis final respecto a lo que ha venido ocurriendo con el sistema de concesiones y adjudicación de proyectos”.

La comisión tiene hasta el 22 de agosto para entregar el informe a la Cámara de Diputados.