Nueva Mayoría inicia debates por una Nueva Constitución
La forma y fondo comienzan a ocupar la agenda del debate político en el camino hacia una nueva Carta Fundamental. Tanto la Comisión de Constitución del Senado y el Partido Socialista, iniciaron diálogos con abogados constitucionalistas, con miras a definir las aristas por donde se encausarán las posturas para su discusión durante el 2015.
Jueves 7 de agosto 2014 21:00 hrs.
Una serie de diálogos comienzan a darse en torno a la Reforma a la Constitución, una de las más importantes demandas previa a las elecciones presidenciales y que el Gobierno anunció que entrará en discusión el próximo año.
Por una parte, la Comisión de Constitución del Senado dio inicio a una jornada que estuvo coordinada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y contó con la presencia de más de treinta abogados constitucionalistas, entre ellos, María Isabel Aninat, Emilio Pfeffer, Patricio Zapata, entre otros; el presidente de la Comisión, Felipe Harboe, y los senadores Alberto Espina y Hernán Larraín.
Los expertos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución, sobre la base de un debate en diversa materias como, la estructura del Estado, el régimen político, la potestad constituyente y su ejercicio, y derechos Constitucionales.
Sobre este último punto, los académicos constitucionalistas Miriam Henríquez y Gastón Gómez, se refirieron a la incorporación de nuevos derechos civiles y políticos al catálogo existente. Mirada que dividió a los expertos, respecto a que la extensión de éste minimiza o amplia la democracia.
En este sentido, Gómez sostuvo que “las constituciones serían más perfectas en la medida que amplían sus textos, pues los derechos y democracia son bienes valiosos que se deben tener ambos ilimitadamente”.
“Dado que los derechos y la democracia son bienes valiosos, se deben tener ambos ilimitadamente. Las instituciones serían más perfectas en la medida que amplían sus catálogos, opción, que a mi juicio, adoptan algunas constituciones que procuran reconocer en sus textos todo tipo de beneficios, ideales, e incluso buenas intenciones. Ecuador, posee cuatrocientos cuarenta y cuatro artículos, de los cuales noventa y nueve están referidos a derechos y garantías, entre ellos el derecho al buen vivir”, argumentó el abogado.
Miriam Henríquez, además, de la necesidad de resignificar y fortalecer el catálogo, se refirió a la incorporación de otros derechos como los colectivos, de titularidad de grupos humanos o sociales, como las minorías sexuales, adultos mayores, consumidores y pueblos originarios, entre otros.
Perspectiva que el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, cuestionó que sean argumentos suficientes para modificar el texto constitucional.
“Se habla de la necesidad, desde el punto de vista del progresismo, de hacer una revisión a este catálogo de derechos, en algunos casos para perfeccionarlos, otros para fortalecerlos y otros para incorporar nuevos. No se desprende necesariamente de ello la justificación de los cambios, por lo tanto, mi pregunta es si acaso cada vez que las realidades sociales cambian, es necesario cambiar el Texto Constitucional”, expresó en sus conclusiones el legislador.
En tanto, en el Partido Socialista también se inició lo que calificaron un “debate interno” de discusión sobre una Nueva Constitución, por lo que se reunieron con los abogados constitucionalistas, promotores de la Asamblea Constituyente, Jaime Bassa y Fernando Atria.
La cita, sería parte de una discusión amplia por la reforma como tema central. En cuanto al mecanismo, señalaron que apoyarán el que proponga, en su momento, la Presidenta Michelle Bachelet, enfatizó Carola Rivero, secretaria general del Partido.
“Nosotros aspiramos a cumplir con el programa de la Presidenta Michelle Bachelet y si bien hay distintas opiniones y voces, vamos a discutir primero lo que pensamos los socialistas. Encontrarnos con algunos abogados constitucionalistas es un primer paso, pero el objetivo principal es la Constitución. Los caminos los indicará la Presidenta en su momento y nosotros la apoyaremos”, señaló Carola Rivero.
Cabe precisar que hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado claramente respecto a los contenidos que buscan modificar y mediante qué mecanismo. Sin embargo, ya se observan divisiones al interior del bloque.
Lo anterior, porque el voto político en la Democracia Cristiana ha pedido una definición de los puntos e ideas que contendrá la nueva Constitución y sólo con eso establecer la forma. Por su parte, el senador del MAS, Alejandro Navarro descartó de plano que pueda ser usada la Asamblea Constituyente durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
Una serie de diálogos comienzan a darse en torno a la Reforma a la Constitución, una de las más importantes demandas previa a las elecciones presidenciales y que el Gobierno anunció que entrará en discusión el próximo año.
Por una parte, la Comisión de Constitución del Senado dio inicio a una jornada que estuvo coordinada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y contó con la presencia de más de treinta abogados constitucionalistas, entre ellos, María Isabel Aninat, Emilio Pfeffer, Patricio Zapata, entre otros; el presidente de la Comisión, Felipe Harboe, y los senadores Alberto Espina y Hernán Larraín.
Los expertos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución, sobre la base de un debate en diversa materias como, la estructura del Estado, el régimen político, la potestad constituyente y su ejercicio, y derechos Constitucionales.
Sobre este último punto, los académicos constitucionalistas Miriam Henríquez y Gastón Gómez, se refirieron a la incorporación de nuevos derechos civiles y políticos al catálogo existente. Mirada que dividió a los expertos, respecto a que la extensión de éste minimiza o amplia la democracia.
En este sentido, Gómez sostuvo que “las constituciones serían más perfectas en la medida que amplían sus textos, pues los derechos y democracia son bienes valiosos que se deben tener ambos ilimitadamente”.
“Dado que los derechos y la democracia son bienes valiosos, se deben tener ambos ilimitadamente. Las instituciones serían más perfectas en la medida que amplían sus catálogos, opción, que a mi juicio, adoptan algunas constituciones que procuran reconocer en sus textos todo tipo de beneficios, ideales, e incluso buenas intenciones. Ecuador, posee cuatrocientos cuarenta y cuatro artículos, de los cuales noventa y nueve están referidos a derechos y garantías, entre ellos el derecho al buen vivir”, argumentó el abogado.
Miriam Henríquez, además, de la necesidad de resignificar y fortalecer el catálogo, se refirió a la incorporación de otros derechos como los colectivos, de titularidad de grupos humanos o sociales, como las minorías sexuales, adultos mayores, consumidores y pueblos originarios, entre otros.
Perspectiva que el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, cuestionó que sean argumentos suficientes para modificar el texto constitucional.
“Se habla de la necesidad, desde el punto de vista del progresismo, de hacer una revisión a este catálogo de derechos, en algunos casos para perfeccionarlos, otros para fortalecerlos y otros para incorporar nuevos. No se desprende necesariamente de ello la justificación de los cambios, por lo tanto, mi pregunta es si acaso cada vez que las realidades sociales cambian, es necesario cambiar el Texto Constitucional”, expresó en sus conclusiones el legislador.
En tanto, en el Partido Socialista también se inició lo que calificaron un “debate interno” de discusión sobre una Nueva Constitución, por lo que se reunieron con los abogados constitucionalistas, promotores de la Asamblea Constituyente, Jaime Bassa y Fernando Atria.
La cita, sería parte de una discusión amplia por la reforma como tema central. En cuanto al mecanismo, señalaron que apoyarán el que proponga, en su momento, la Presidenta Michelle Bachelet, enfatizó Carola Rivero, secretaria general del Partido.
“Nosotros aspiramos a cumplir con el programa de la Presidenta Michelle Bachelet y si bien hay distintas opiniones y voces, vamos a discutir primero lo que pensamos los socialistas. Encontrarnos con algunos abogados constitucionalistas es un primer paso, pero el objetivo principal es la Constitución. Los caminos los indicará la Presidenta en su momento y nosotros la apoyaremos”, señaló Carola Rivero.
Cabe precisar que hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado claramente respecto a los contenidos que buscan modificar y mediante qué mecanismo. Sin embargo, ya se observan divisiones al interior del bloque.
Lo anterior, porque el voto político en la Democracia Cristiana ha pedido una definición de los puntos e ideas que contendrá la nueva Constitución y sólo con eso establecer la forma. Por su parte, el senador del MAS, Alejandro Navarro descartó de plano que pueda ser usada la Asamblea Constituyente durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
Una serie de diálogos comienzan a darse en torno a la Reforma a la Constitución, una de las más importantes demandas previa a las elecciones presidenciales y que el Gobierno anunció que entrará en discusión el próximo año.
Por una parte, la Comisión de Constitución del Senado dio inicio a una jornada que estuvo coordinada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y contó con la presencia de más de treinta abogados constitucionalistas, entre ellos, María Isabel Aninat, Emilio Pfeffer, Patricio Zapata, entre otros; el presidente de la Comisión, Felipe Harboe, y los senadores Alberto Espina y Hernán Larraín.
Los expertos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una nueva Constitución, sobre la base de un debate en diversa materias como, la estructura del Estado, el régimen político, la potestad constituyente y su ejercicio, y derechos Constitucionales.
Sobre este último punto, los académicos constitucionalistas Miriam Henríquez y Gastón Gómez, se refirieron a la incorporación de nuevos derechos civiles y políticos al catálogo existente. Mirada que dividió a los expertos, respecto a que la extensión de éste minimiza o amplia la democracia.
En este sentido, Gómez sostuvo que “las constituciones serían más perfectas en la medida que amplían sus textos, pues los derechos y democracia son bienes valiosos que se deben tener ambos ilimitadamente”.
“Dado que los derechos y la democracia son bienes valiosos, se deben tener ambos ilimitadamente. Las instituciones serían más perfectas en la medida que amplían sus catálogos, opción, que a mi juicio, adoptan algunas constituciones que procuran reconocer en sus textos todo tipo de beneficios, ideales, e incluso buenas intenciones. Ecuador, posee cuatrocientos cuarenta y cuatro artículos, de los cuales noventa y nueve están referidos a derechos y garantías, entre ellos el derecho al buen vivir”, argumentó el abogado.
Miriam Henríquez, además, de la necesidad de resignificar y fortalecer el catálogo, se refirió a la incorporación de otros derechos como los colectivos, de titularidad de grupos humanos o sociales, como las minorías sexuales, adultos mayores, consumidores y pueblos originarios, entre otros.
Perspectiva que el senador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, cuestionó que sean argumentos suficientes para modificar el texto constitucional.
“Se habla de la necesidad, desde el punto de vista del progresismo, de hacer una revisión a este catálogo de derechos, en algunos casos para perfeccionarlos, otros para fortalecerlos y otros para incorporar nuevos. No se desprende necesariamente de ello la justificación de los cambios, por lo tanto, mi pregunta es si acaso cada vez que las realidades sociales cambian, es necesario cambiar el Texto Constitucional”, expresó en sus conclusiones el legislador.
En tanto, en el Partido Socialista también se inició lo que calificaron un “debate interno” de discusión sobre una Nueva Constitución, por lo que se reunieron con los abogados constitucionalistas, promotores de la Asamblea Constituyente, Jaime Bassa y Fernando Atria.
La cita, sería parte de una discusión amplia por la reforma como tema central. En cuanto al mecanismo, señalaron que apoyarán el que proponga, en su momento, la Presidenta Michelle Bachelet, enfatizó Carola Rivero, secretaria general del Partido.
“Nosotros aspiramos a cumplir con el programa de la Presidenta Michelle Bachelet y si bien hay distintas opiniones y voces, vamos a discutir primero lo que pensamos los socialistas. Encontrarnos con algunos abogados constitucionalistas es un primer paso, pero el objetivo principal es la Constitución. Los caminos los indicará la Presidenta en su momento y nosotros la apoyaremos”, señaló Carola Rivero.
Cabe precisar que hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado claramente respecto a los contenidos que buscan modificar y mediante qué mecanismo. Sin embargo, ya se observan divisiones al interior del bloque.
Lo anterior, porque el voto político en la Democracia Cristiana ha pedido una definición de los puntos e ideas que contendrá la nueva Constitución y sólo con eso establecer la forma. Por su parte, el senador del MAS, Alejandro Navarro descartó de plano que pueda ser usada la Asamblea Constituyente durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
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