Uno de los resultados destacables de la última encuesta Adimark es que el 76 por ciento de los consultados desaprueba la gestión del gobierno para reducir la delincuencia.

No es que esto revista un aumento significativo, por el contrario, en el gobierno de Sebastián Piñera esa cifra llegó incluso a un 88 por ciento, lo preocupante es que se ha transformado en una tendencia permanente de insatisfacción de la población respecto de las políticas de seguridad ciudadana.

Para revertir los números negros en control del delito y bajar la percepción negativa de la ciudadanía, en los próximos días, la Presidenta Michelle Bachelet debe presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública, hoja de ruta en la materia que denominan “Seguridad para Todos”, plan similar en sus características al ejecutado durante el gobierno anterior, denominado “Chile Seguro”.

Los encargados de su diseño y coordinación son el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, quienes ya a fines de mayo presentaron algunos de los lineamientos que acompañan el documento guía.

Además del tradicional aumento de plazas para carabineros y policías de investigaciones, el gobierno prepara el que será su programa estrella y donde estarán todas las cartas jugadas para mejorar los índices: El Plan Comunal de Seguridad Pública.

El énfasis de esta iniciativa es “priorizar el rol de lo local”, es decir articular los esfuerzos de la policía, la fiscalía y el municipio, en los Consejos Comunales de seguridad, donde también participarían organizaciones territoriales. Estas serán acciones focalizadas en las 74 comunas urbanas de más de 60 mil habitantes, donde se concentra el 82 por ciento de los delitos de mayor connotación pública. El plan tiene un plazo de tres años, para luego evaluar la experiencia y ajustar la política nacional.

Peñailillo anunció que el Ejecutivo presentará “un proyecto de ley que va a permitir que todas las comunas tengan un Consejo de Seguridad. Qué quiere decir esto, que las instituciones ligadas al tema, Carabineros, PDI, el municipio, Aduana, SII, la comunidad organizada, entre otras instituciones, trabajen coordinadamente y puedan, entre todos, contribuir al combate contra la delincuencia”, mencionó el ministro.

A esto se suman una serie de cambios en materia legislativa. La regulación de los servicios de Seguridad Privada y de los Espectáculos Públicos y Eventos Masivos. También habrá cambios en las leyes de Drogas, Control de Armas, Alcoholes y Juegos. Pero los principales son los anunciados cambios a la Ley Antiterrorista y los organismos de inteligencia.

“Vamos a trabajar para tener un sistema nacional de inteligencia moderno, con atribuciones, capaz de combatir las organizaciones que hoy existen. Para eso se requiere una modificación legal y reforzamiento institucional”, sealó el ministro Peñailillo en un seminario organizado por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado, realizado el pasado lunes.

En esa actividad participaron los máximos representantes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones; el director de la Agencia Nacional de Inteligencia; el titular de la Defensoría Penal Pública; el director de Gendarmería y diversos especialistas.

El presidente de la comisión, el senador Felipe Harboe explico que el encuentro estuvo fuera de la countura política y es un esfuerzo por adelantarse a uno de los temas vitales para este gobierno.

“Lo hicimos el lunes en la cumbre de Seguridad. Ahí convocamos a las máximas autoridades del país en la materia. La idea es que el Senado de la República le pueda proponer a la Presidenta una propuesta de política pública”, explicó Harboe.

Uno de las expertas que expuso fue Alejandra Mohor, coordinadora del área de prevención del delito y la violencia del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile. En la ocasión, la experta afirmó la escasez de programas de prevención terciaria, es decir, acciones dirigidas a quienes ya han sido víctimas e infractores. El diagnóstico del CESC también indica que el traspaso de las policías a manos del ministerio del Interior y Seguridad Pública no ha sido suficiente para generar un adecuado control civil.

Al igual como sucedió en la interpelación por la situación en la Araucanía, parlamentarios de la Alianza han denunciado abandono del ministro Peñailillo en esta materia, y este, en respuesta, ha intensificado sus labores en el ámbito menos popular de la cartera, y sobre el cual se sigue instruyendo en materia administrativa y legal.