Organizaciones nortinas contra la Corte Suprema por proyecto minero “Los Pumas”
Organizaciones del norte del país exigen al gobierno y a la justicia tomar cartas en el problema medioambiental de la zona. Denuncian que el proyecto minero "Los Pumas" atenta contra las condiciones de vida de los habitantes y piden que se lleven acciones para fortalecer la posición ciudadana.
Diario Uchile
Jueves 14 de agosto 2014 12:45 hrs.
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A través de una declaración pública, diversas organizaciones sociales del norte del país sancionan la decisión de la Corte Suprema respecto del proyecto de manganeso, “Los Plumas”.
Recordemos que el 12 de agosto se dio a conocer el Fallo de la Corte Suprema sobre la apelación presentada por organismos del Estado en contra del dictamen del fallo de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica que dio la razón a las comunidades y dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto “Los Pumas”.
El motivo fue haber sido aprobado vulnerando la normativa actual sobre la contención de relaves mineros, amenazar el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de los habitantes de la zona. Además de haber infringido la normativa relativa a la protección de parques nacionales y haber vulnerado el convenio 169 de la OIT al no realizar consulta indígena.
Sin embargo, el máximo tribunal del país decidió rechazar el recurso de protección interpuesto por diversas organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas y por tanto revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica.
Ante este escenario, las organizaciones condenan el fallo de la Suprema por “vulnerar el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y son enfáticos en advertir que el proyecto es “una amenaza inminente para el territorio”.
“La ubicación del Tranque de relaves mineros terminará contaminando las aguas del río Lluta ya que se encuentra a una distancia de 400 metros y con una pendiente de 70 grados, además serán afectadas las napas que por infiltración se convierte en el agua potable de toda la población, que por lo demás ya se encuentra contaminada con grandes concentraciones de Arsénico, Plomo y otros minerales”, explican en el documento.
De la misma forma señalan que los químicos que se utilizan en el proceso de extracción de manganeso que serán depositados sobre el territorio como: Arsénico, Manganeso, Silicio, Aluminio, Fósforo, Azufre y Boro atentan contra la seguridad de los habitantes: “La empresa minera se emplaza en una falla geológica de cabalgamiento denominada Copaquilla Ticnamar, esto puede producir un eventual derrame que acarrearía la muerte de la gran mayoría de la flora y fauna de la cuenca del río Lluta, con las perjudiciales consecuencias para la salud, convirtiéndose por ende en una amenaza a los derechos fundamentales”, agregan.
Respecto de los derechos internacionales, los habitantes señalan que la Corte Suprema habría “infringido” la Convención Internacional para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Esto producto de que en el artículo tercero señala que: “Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenados. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. La empresa intervendrá el parque nacional Lauca construyendo una carretera por su interior”.
Los pueblos originarios también se manifiestan en contra de la decisión. A juicio de los demandantes, este fallo “vulnera” sus derechos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al haberse aprobado la Resolución de Calificación Ambiental sin haber realizado la consulta a comunidades y asociaciones indígenas, lo que “afecta incuestionablemente nuestra libertad de culto como pueblo Aymara”.
El contexto ambiental de la zona también es un antecedente importante en la molestia de los ciudadanos. En la zona ya existe un desastre ambiental por la enorme cantidad de toneladas de relaves tóxicos depositados en Copaquilla y en Arica, situación que mantiene a más de 18 mil personas afectadas con metales pesados en la sangre, dicen los pobladores.
“Las aguas que alimentan el río San José, fuerza vital del Valle de Azapa y matriz de agua potable de gran parte de la población regional, están siendo contaminadas permanentemente a causa de la permeación hacia la cuenca hídrica, de los relaves depositados en la zona de Copaquilla. No permitiremos que nuevamente una inversión que solo beneficia a 300 trabajadores afecte a los más de diez mil empleos que generan nuestros agricultores que alimentan a gran parte del país” relevaron.
Finalmente sus descargas son contra el Gobierno: “Sabemos que la empresa Hemisferio Sur cuenta con todo el apoyo del gobierno para evadir la normativa ambiental y pasar por sobre nuestras garantías constitucionales de nuestros derechos fundamentales, frente a esto, agotaremos todas las instancias del sistema internacional de derechos humanos para resguardar nuestra vida y nuestro territorio”.
A través de una declaración pública, diversas organizaciones sociales del norte del país sancionan la decisión de la Corte Suprema respecto del proyecto de manganeso, “Los Plumas”.
Recordemos que el 12 de agosto se dio a conocer el Fallo de la Corte Suprema sobre la apelación presentada por organismos del Estado en contra del dictamen del fallo de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica que dio la razón a las comunidades y dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto “Los Pumas”.
El motivo fue haber sido aprobado vulnerando la normativa actual sobre la contención de relaves mineros, amenazar el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de los habitantes de la zona. Además de haber infringido la normativa relativa a la protección de parques nacionales y haber vulnerado el convenio 169 de la OIT al no realizar consulta indígena.
Sin embargo, el máximo tribunal del país decidió rechazar el recurso de protección interpuesto por diversas organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas y por tanto revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica.
Ante este escenario, las organizaciones condenan el fallo de la Suprema por “vulnerar el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y son enfáticos en advertir que el proyecto es “una amenaza inminente para el territorio”.
“La ubicación del Tranque de relaves mineros terminará contaminando las aguas del río Lluta ya que se encuentra a una distancia de 400 metros y con una pendiente de 70 grados, además serán afectadas las napas que por infiltración se convierte en el agua potable de toda la población, que por lo demás ya se encuentra contaminada con grandes concentraciones de Arsénico, Plomo y otros minerales”, explican en el documento.
De la misma forma señalan que los químicos que se utilizan en el proceso de extracción de manganeso que serán depositados sobre el territorio como: Arsénico, Manganeso, Silicio, Aluminio, Fósforo, Azufre y Boro atentan contra la seguridad de los habitantes: “La empresa minera se emplaza en una falla geológica de cabalgamiento denominada Copaquilla Ticnamar, esto puede producir un eventual derrame que acarrearía la muerte de la gran mayoría de la flora y fauna de la cuenca del río Lluta, con las perjudiciales consecuencias para la salud, convirtiéndose por ende en una amenaza a los derechos fundamentales”, agregan.
Respecto de los derechos internacionales, los habitantes señalan que la Corte Suprema habría “infringido” la Convención Internacional para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Esto producto de que en el artículo tercero señala que: “Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenados. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. La empresa intervendrá el parque nacional Lauca construyendo una carretera por su interior”.
Los pueblos originarios también se manifiestan en contra de la decisión. A juicio de los demandantes, este fallo “vulnera” sus derechos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al haberse aprobado la Resolución de Calificación Ambiental sin haber realizado la consulta a comunidades y asociaciones indígenas, lo que “afecta incuestionablemente nuestra libertad de culto como pueblo Aymara”.
El contexto ambiental de la zona también es un antecedente importante en la molestia de los ciudadanos. En la zona ya existe un desastre ambiental por la enorme cantidad de toneladas de relaves tóxicos depositados en Copaquilla y en Arica, situación que mantiene a más de 18 mil personas afectadas con metales pesados en la sangre, dicen los pobladores.
“Las aguas que alimentan el río San José, fuerza vital del Valle de Azapa y matriz de agua potable de gran parte de la población regional, están siendo contaminadas permanentemente a causa de la permeación hacia la cuenca hídrica, de los relaves depositados en la zona de Copaquilla. No permitiremos que nuevamente una inversión que solo beneficia a 300 trabajadores afecte a los más de diez mil empleos que generan nuestros agricultores que alimentan a gran parte del país” relevaron.
Finalmente sus descargas son contra el Gobierno: “Sabemos que la empresa Hemisferio Sur cuenta con todo el apoyo del gobierno para evadir la normativa ambiental y pasar por sobre nuestras garantías constitucionales de nuestros derechos fundamentales, frente a esto, agotaremos todas las instancias del sistema internacional de derechos humanos para resguardar nuestra vida y nuestro territorio”.
A través de una declaración pública, diversas organizaciones sociales del norte del país sancionan la decisión de la Corte Suprema respecto del proyecto de manganeso, “Los Plumas”.
Recordemos que el 12 de agosto se dio a conocer el Fallo de la Corte Suprema sobre la apelación presentada por organismos del Estado en contra del dictamen del fallo de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica que dio la razón a las comunidades y dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto “Los Pumas”.
El motivo fue haber sido aprobado vulnerando la normativa actual sobre la contención de relaves mineros, amenazar el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de los habitantes de la zona. Además de haber infringido la normativa relativa a la protección de parques nacionales y haber vulnerado el convenio 169 de la OIT al no realizar consulta indígena.
Sin embargo, el máximo tribunal del país decidió rechazar el recurso de protección interpuesto por diversas organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas y por tanto revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica.
Ante este escenario, las organizaciones condenan el fallo de la Suprema por “vulnerar el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” y son enfáticos en advertir que el proyecto es “una amenaza inminente para el territorio”.
“La ubicación del Tranque de relaves mineros terminará contaminando las aguas del río Lluta ya que se encuentra a una distancia de 400 metros y con una pendiente de 70 grados, además serán afectadas las napas que por infiltración se convierte en el agua potable de toda la población, que por lo demás ya se encuentra contaminada con grandes concentraciones de Arsénico, Plomo y otros minerales”, explican en el documento.
De la misma forma señalan que los químicos que se utilizan en el proceso de extracción de manganeso que serán depositados sobre el territorio como: Arsénico, Manganeso, Silicio, Aluminio, Fósforo, Azufre y Boro atentan contra la seguridad de los habitantes: “La empresa minera se emplaza en una falla geológica de cabalgamiento denominada Copaquilla Ticnamar, esto puede producir un eventual derrame que acarrearía la muerte de la gran mayoría de la flora y fauna de la cuenca del río Lluta, con las perjudiciales consecuencias para la salud, convirtiéndose por ende en una amenaza a los derechos fundamentales”, agregan.
Respecto de los derechos internacionales, los habitantes señalan que la Corte Suprema habría “infringido” la Convención Internacional para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América. Esto producto de que en el artículo tercero señala que: “Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenados. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán con fines comerciales. La empresa intervendrá el parque nacional Lauca construyendo una carretera por su interior”.
Los pueblos originarios también se manifiestan en contra de la decisión. A juicio de los demandantes, este fallo “vulnera” sus derechos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al haberse aprobado la Resolución de Calificación Ambiental sin haber realizado la consulta a comunidades y asociaciones indígenas, lo que “afecta incuestionablemente nuestra libertad de culto como pueblo Aymara”.
El contexto ambiental de la zona también es un antecedente importante en la molestia de los ciudadanos. En la zona ya existe un desastre ambiental por la enorme cantidad de toneladas de relaves tóxicos depositados en Copaquilla y en Arica, situación que mantiene a más de 18 mil personas afectadas con metales pesados en la sangre, dicen los pobladores.
“Las aguas que alimentan el río San José, fuerza vital del Valle de Azapa y matriz de agua potable de gran parte de la población regional, están siendo contaminadas permanentemente a causa de la permeación hacia la cuenca hídrica, de los relaves depositados en la zona de Copaquilla. No permitiremos que nuevamente una inversión que solo beneficia a 300 trabajadores afecte a los más de diez mil empleos que generan nuestros agricultores que alimentan a gran parte del país” relevaron.
Finalmente sus descargas son contra el Gobierno: “Sabemos que la empresa Hemisferio Sur cuenta con todo el apoyo del gobierno para evadir la normativa ambiental y pasar por sobre nuestras garantías constitucionales de nuestros derechos fundamentales, frente a esto, agotaremos todas las instancias del sistema internacional de derechos humanos para resguardar nuestra vida y nuestro territorio”.
