Paradójicamente, desde su creación el año 2009 el Consejo para la Transparencia no había hecho público un balance que diera cuenta de su gestión y funcionamiento. Situación que este martes enmendó el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada.
Entre los indicadores del informe, dos son los principales riesgos detectados. Por una parte, está el desconocimiento de la existencia de una Ley de Transparencia, ya que sólo un 90 por ciento de las personas aún cree que el Estado debiera entregar información pública y un 32 por ciento declara que estaría dispuesto a reclamar.
Otro de los riesgos destacados es la desconfianza que existe entre los ciudadanos hacia la entrega de información. Si bien, sólo un 14 por ciento de la población conoce el portal de transparencia, un 44 por ciento desconfía de la información publicada, y sólo un tercio declara entender la información y casi la mitad piensa que ésta en incompleta o derechamente se ocultan datos.
“La instalación de la cultura de la transparencia es de largo aliento que está sujeto a riesgos. Entre ellos, los derivados del desconocimiento, ya que muchas personas consideren que el Estado debe entregar información, sólo una minoría tiene conciencia de exigibilidad. Este desconocimiento, además, se vincula con una arraigada desconfianza en el Estado y la información entregada”, precisó Jaraquemada.
Cabe recordar que La Ley de Transparencia permite que cualquier persona -natural o jurídica, nacional o extranjera, menor de edad, entre otros, – pueda ejercer el derecho a solicitar y recibir información disponible en cualquier órgano de la Administración del Estado.
Este derecho ha sufrido una tendencia a la baja, pues las solicitudes en 2013 sólo crecieron un 18 por ciento respecto al año anterior.
Contrario a esta cifra negativa, de los reclamos y amparos ingresados, más del noventa por ciento cuanta con una decisión notificada por el Consejo.
Algunos de los avances, son los resultados obtenidos de un proceso de opinión pública, en el cual se obtuvo que las personas valoran la entrega de información sobre los empleados públicos, pero, esperan que quienes no cumplan con la ley sean sancionados.
Otras de las opiniones ciudadanas vertidas, apunta a la necesidad de fortalecer el Consejo con mayores atribuciones, maximizar el valor de la Transparencia y utilizar un lenguaje más sencillo en la entrega de información.
“La tarea se orienta hacia tres grandes temas en los que las personas insistieron. Primero, fortalecer las atribuciones del Consejo para avanzar hacia una fiscalización efectiva. Segundo, la importancia de maximizar la difusión de la transparencia y la labor de esta institución. Tercero, implementar un lenguaje facilitador de la información”, insistió el presidente del organismo.
Respecto a la fiscalización de cumplimiento en Transparencia Activa, por tipo de organismo, a la fecha se ha fiscalizado más de 700 organismo. Entre ellos Hospitales, Universidades, Fundaciones, Empresas Públicas, entre otras.
En tanto, para quienes se interesen en solicitar algún requerimiento, pueden visitar el portal de Transparencia www.consejotransparencia.cl y acceder a 360 organismos de los cuales 128 pertenecen a la administración central, 230 municipios, el poder judicial, entre otros.
Paradójicamente, desde su creación el año 2009 el Consejo para la Transparencia no había hecho público un balance que diera cuenta de su gestión y funcionamiento. Situación que este martes enmendó el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada.
Entre los indicadores del informe, dos son los principales riesgos detectados. Por una parte, está el desconocimiento de la existencia de una Ley de Transparencia, ya que sólo un 90 por ciento de las personas aún cree que el Estado debiera entregar información pública y un 32 por ciento declara que estaría dispuesto a reclamar.
Otro de los riesgos destacados es la desconfianza que existe entre los ciudadanos hacia la entrega de información. Si bien, sólo un 14 por ciento de la población conoce el portal de transparencia, un 44 por ciento desconfía de la información publicada, y sólo un tercio declara entender la información y casi la mitad piensa que ésta en incompleta o derechamente se ocultan datos.
“La instalación de la cultura de la transparencia es de largo aliento que está sujeto a riesgos. Entre ellos, los derivados del desconocimiento, ya que muchas personas consideren que el Estado debe entregar información, sólo una minoría tiene conciencia de exigibilidad. Este desconocimiento, además, se vincula con una arraigada desconfianza en el Estado y la información entregada”, precisó Jaraquemada.
Cabe recordar que La Ley de Transparencia permite que cualquier persona -natural o jurídica, nacional o extranjera, menor de edad, entre otros, – pueda ejercer el derecho a solicitar y recibir información disponible en cualquier órgano de la Administración del Estado.
Este derecho ha sufrido una tendencia a la baja, pues las solicitudes en 2013 sólo crecieron un 18 por ciento respecto al año anterior.
Contrario a esta cifra negativa, de los reclamos y amparos ingresados, más del noventa por ciento cuanta con una decisión notificada por el Consejo.
Algunos de los avances, son los resultados obtenidos de un proceso de opinión pública, en el cual se obtuvo que las personas valoran la entrega de información sobre los empleados públicos, pero, esperan que quienes no cumplan con la ley sean sancionados.
Otras de las opiniones ciudadanas vertidas, apunta a la necesidad de fortalecer el Consejo con mayores atribuciones, maximizar el valor de la Transparencia y utilizar un lenguaje más sencillo en la entrega de información.
“La tarea se orienta hacia tres grandes temas en los que las personas insistieron. Primero, fortalecer las atribuciones del Consejo para avanzar hacia una fiscalización efectiva. Segundo, la importancia de maximizar la difusión de la transparencia y la labor de esta institución. Tercero, implementar un lenguaje facilitador de la información”, insistió el presidente del organismo.
Respecto a la fiscalización de cumplimiento en Transparencia Activa, por tipo de organismo, a la fecha se ha fiscalizado más de 700 organismo. Entre ellos Hospitales, Universidades, Fundaciones, Empresas Públicas, entre otras.
En tanto, para quienes se interesen en solicitar algún requerimiento, pueden visitar el portal de Transparencia www.consejotransparencia.cl y acceder a 360 organismos de los cuales 128 pertenecen a la administración central, 230 municipios, el poder judicial, entre otros.
Paradójicamente, desde su creación el año 2009 el Consejo para la Transparencia no había hecho público un balance que diera cuenta de su gestión y funcionamiento. Situación que este martes enmendó el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada.
Entre los indicadores del informe, dos son los principales riesgos detectados. Por una parte, está el desconocimiento de la existencia de una Ley de Transparencia, ya que sólo un 90 por ciento de las personas aún cree que el Estado debiera entregar información pública y un 32 por ciento declara que estaría dispuesto a reclamar.
Otro de los riesgos destacados es la desconfianza que existe entre los ciudadanos hacia la entrega de información. Si bien, sólo un 14 por ciento de la población conoce el portal de transparencia, un 44 por ciento desconfía de la información publicada, y sólo un tercio declara entender la información y casi la mitad piensa que ésta en incompleta o derechamente se ocultan datos.
“La instalación de la cultura de la transparencia es de largo aliento que está sujeto a riesgos. Entre ellos, los derivados del desconocimiento, ya que muchas personas consideren que el Estado debe entregar información, sólo una minoría tiene conciencia de exigibilidad. Este desconocimiento, además, se vincula con una arraigada desconfianza en el Estado y la información entregada”, precisó Jaraquemada.
Cabe recordar que La Ley de Transparencia permite que cualquier persona -natural o jurídica, nacional o extranjera, menor de edad, entre otros, – pueda ejercer el derecho a solicitar y recibir información disponible en cualquier órgano de la Administración del Estado.
Este derecho ha sufrido una tendencia a la baja, pues las solicitudes en 2013 sólo crecieron un 18 por ciento respecto al año anterior.
Contrario a esta cifra negativa, de los reclamos y amparos ingresados, más del noventa por ciento cuanta con una decisión notificada por el Consejo.
Algunos de los avances, son los resultados obtenidos de un proceso de opinión pública, en el cual se obtuvo que las personas valoran la entrega de información sobre los empleados públicos, pero, esperan que quienes no cumplan con la ley sean sancionados.
Otras de las opiniones ciudadanas vertidas, apunta a la necesidad de fortalecer el Consejo con mayores atribuciones, maximizar el valor de la Transparencia y utilizar un lenguaje más sencillo en la entrega de información.
“La tarea se orienta hacia tres grandes temas en los que las personas insistieron. Primero, fortalecer las atribuciones del Consejo para avanzar hacia una fiscalización efectiva. Segundo, la importancia de maximizar la difusión de la transparencia y la labor de esta institución. Tercero, implementar un lenguaje facilitador de la información”, insistió el presidente del organismo.
Respecto a la fiscalización de cumplimiento en Transparencia Activa, por tipo de organismo, a la fecha se ha fiscalizado más de 700 organismo. Entre ellos Hospitales, Universidades, Fundaciones, Empresas Públicas, entre otras.
En tanto, para quienes se interesen en solicitar algún requerimiento, pueden visitar el portal de Transparencia www.consejotransparencia.cl y acceder a 360 organismos de los cuales 128 pertenecen a la administración central, 230 municipios, el poder judicial, entre otros.
