Afirman los historiadores de la educación chilena que en este tema el debate no puede ser sino ideológico. Que cualquier discusión –sobre presupuestos, medidas o políticas- necesariamente se conecta con formas de entender los sistemas educativos y la sociedad, según las cuales, en el primer nivel, la educación puede ser un derecho o un bien de consumo y, en el segundo, el Estado puede tener una participación mayor o menor en regir el sistema y vincularlo con un proyecto de país.

Esta disputa, por lo tanto, trasciende largamente a la adhesión o disidencia que se pueda tener del gobierno de turno. Más aún, cuando éste ha mostrado en estos meses que tenía razón en no realizar algunas definiciones en época de campaña: ahora se han evidenciado las diferencias, cuando no las incompatibilidades, al interior de sus huestes.

Los estudiantes, ante un escenario distinto al que conocieron desde 2011 en adelante, mantuvieron durante los primeros meses del año una actitud de vigilia, a la espera de los primeros pasos del Ejecutivo y el Legislativo. A estas alturas ya se saben algunas cosas: ha cambiado el signo del Gobierno, la correlación de fuerzas en el parlamento y las caras, pero persiste la incapacidad de las estructuras políticas chilenas para canalizar el clamor generalizado de la población por un sistema educativo distinto al actual.

Es por eso que, desde principios de mes, se identificó esta semana como clave para el rumbo que podía seguir el movimiento estudiantil, pues de su convocatoria a la marcha de esta semana, y, luego, de las conclusiones de la reunión del Confech, emergerían las directrices para los tiempos que vienen. La primera valla se saltó con una convocatoria masiva y, la segunda, con una decisión sorpresiva: mantenerse en las mesas de diálogo ciudadano del Mineduc, a pesar de que los mismos estudiantes venían denunciado que las decisiones se estaban tomando en otra parte.

Precisamente por la complejidad del tema, y esto es algo con que la Confech ha debido lidiar, existen distintas apreciaciones dentro de sus filas, con fuerzas equivalentes, lo que hace que las posiciones de mayoría pesen apenas un poco más que las minoritarias. Así fue también en este caso: la posición ganadora tuvo apenas un voto más (16) que la que perdió (15), con once abstenciones. Eso sí, en la instancia se acordó exigir condiciones al ejecutivo. Se mantendrán críticas a las mesa de diálogo ciudadano, por lo que exigirán acuerdos vinculantes al Mineduc y una instancia mayor de participación al movimiento social encarnado en la “mesa social por la educación”. Además, se dejó para el próximo Confech del 30 de agosto en la Universidad De Concepción, una serie de tareas para programar políticamente la movilización del 10 de Septiembre.

Como sea, luego de esta semana los estudiantes parecen haber dado un paso para recuperar su protagonismo en la agenda, ante la aparición, sostenida por el duopolio, de una pléyade de dirigentes, cientistas sociales, constitucionalistas y organizaciones sociales, casi todos con un discurso representativo de la inasible clase media, dispuestos a tomar las banderas de una “mayoría silenciosa” que, curioso, cada vez que se le invoca es en nombre del statu quo.

Estos pasos se traducirían en la decisión de los estudiantes de disputar sus ideas en todos los espacios. Pero más importante que ello: parecen haber comprendido que la discusión será, aunque cueste aceptarlo, más prolongada de lo que parecía y que por lo tanto hay que autonomizarse un tanto de las señales de la contingencia, lo cual pasa en primer lugar por no actuar en función de las decisiones del Gobierno.

Otro ejemplo de estos nuevos bríos es lo planteado en una reciente entrevista por la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, quien luego de que el movimiento rayara la cancha respecto a que la representatividad es indelegable en los ex dirigentes parlamentarios, subrayando además su poca confianza en ese poder del Estado, ahora ha estimado necesario buscar en ellos un mayor nivel de interlocución para la discusión legislativa.

La cobertura de todos los frentes pasa porque el problema instalado en el presente es complejo: el movimiento estudiantil, en general, disiente del gobierno de la Nueva Mayoría y considera insuficientes y mal diseñadas sus reformas, pero parece entender que las consecuencias de sus malas decisiones no solo afectan al Ejecutivo, sino también a las banderas levantadas desde 2011. Mientras la discusión se dé entre el Gobierno y la oposición, mediados por el duopolio y actores como el CEP y su encuesta, los alcances de las transformaciones se reducen peligrosamente a la medida de lo posible.

Si hay algo, en resumen, que parecen haber comprendido los estudiantes, es que nadie hará las reformas ni dará las luchas por ellos. Que nadie más se ha mostrado competente para defender las banderas de la educación pública, gratuita, de calidad y sin segregación ni lucro, y que por lo tanto no se pueden dejar espacios. Que también es responsabilidad de los estudiantes movilizados confrontar los temores que, con información o desinformación, pueden producirse en sectores de la población. Y que, lo más importante, los objetivos del movimiento no deben estar determinados por los límites o estrategias que fije el Gobierno.Aunque las desconfianzas externas e internas no se disipen.