A un año de funcionamiento del Proyecto Inocentes, impulsado por la Defensoría Penal Pública para reparar a quienes han sido acusados injustamente por un delito que nunca cometieron, se han registrado 40 casos de personas condenadas indebidamente.
En 2013 la Defensoría lanzó un portal que imita un proyecto estadounidense y revela aquellos casos de personas que estuvieron en prisión preventiva mientras duraba su investigación penal, para luego ser absueltos con justificación de errores detectados en el sistema penal.
Problemas en el acceso a pruebas de ADN, preservación de evidencia certificada, errores en el reconocimiento de sospechosos y acceso desigual a testigos protegidos, son algunos de los motivos de errores en los fallos.
En el marco de la Conferencia Internacional del Proyecto Inocente, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, valoró la iniciativa como mecanismo de limpieza de nombres de personas que se ven afectadas social, familiar y personalmente para toda la vida.
Igualmente, el Secretario de Estado identificó la necesidad de que tanto la Fiscalía como la Defensoría tengan un acceso igualitario a los testigos protegidos y a las pruebas.
“Es necesario hacer reformas a la Reforma Procesal Penal, pero también es necesario mejorar procedimientos y la falta de capacitación de las policías que llegan primero al lugar, para que no contaminen las pruebas, puesto que eso lleva a que el culpable quede libre y se condene a uno que es inocente. El sistema se desprestigia. Por eso es importante que el ministerio de Justicia, las policías, la Defensoría y los Tribunales se coordinen para mitigar el problema”, dijo Gómez.
Para María Rivera, abogada de la Defensoría Popular, el Estado debe hacer una revisión de la inversión que hace en policías, inteligencia e investigaciones, tanto en lo material como en el tratamiento que se hace al no respetar los Derechos Humanos: “La autonomía del Ministerio Público no permite que los jueces tengan incidencia. Los jueces están obligados solamente a juzgar, entonces llega ante un juez, de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, una sentencia con pruebas que ellos no pueden revisar. También los defensores hacemos lo posible para evitar la inocencia del otro representado, sin embargo, tenemos el problema por el lado de los policías y el Ministerio Público. Entonces mientras ellos tienen esas facultades autónomas, se ha transformado en lo cotidiano que la presunción de inocencia no existe en Chile”, argumentó la abogada.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, indicó que hay responsabilidades en las negligencias y el Estado no está actuando como debería.
“La reparación es un derecho humano fundamental antes del rol judicial. Así como hemos reparado en la justicia por las violaciones de Derechos Humanos, sin duda la reparación ante las condenas equivocadas, la vulneración flagrante del principio de inocencia, tiene que ser indemnizada. El error judicial en nuestro país hoy está impune”, sentenció el parlamentario.
Siguiendo la línea de lo anterior, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, manifestó que en el proyecto que está en el Parlamento se considera la corrección en el sistema de reconocimiento para no condenar a una persona sólo por un testimonio.
A un año de funcionamiento del Proyecto Inocentes, impulsado por la Defensoría Penal Pública para reparar a quienes han sido acusados injustamente por un delito que nunca cometieron, se han registrado 40 casos de personas condenadas indebidamente.
En 2013 la Defensoría lanzó un portal que imita un proyecto estadounidense y revela aquellos casos de personas que estuvieron en prisión preventiva mientras duraba su investigación penal, para luego ser absueltos con justificación de errores detectados en el sistema penal.
Problemas en el acceso a pruebas de ADN, preservación de evidencia certificada, errores en el reconocimiento de sospechosos y acceso desigual a testigos protegidos, son algunos de los motivos de errores en los fallos.
En el marco de la Conferencia Internacional del Proyecto Inocente, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, valoró la iniciativa como mecanismo de limpieza de nombres de personas que se ven afectadas social, familiar y personalmente para toda la vida.
Igualmente, el Secretario de Estado identificó la necesidad de que tanto la Fiscalía como la Defensoría tengan un acceso igualitario a los testigos protegidos y a las pruebas.
“Es necesario hacer reformas a la Reforma Procesal Penal, pero también es necesario mejorar procedimientos y la falta de capacitación de las policías que llegan primero al lugar, para que no contaminen las pruebas, puesto que eso lleva a que el culpable quede libre y se condene a uno que es inocente. El sistema se desprestigia. Por eso es importante que el ministerio de Justicia, las policías, la Defensoría y los Tribunales se coordinen para mitigar el problema”, dijo Gómez.
Para María Rivera, abogada de la Defensoría Popular, el Estado debe hacer una revisión de la inversión que hace en policías, inteligencia e investigaciones, tanto en lo material como en el tratamiento que se hace al no respetar los Derechos Humanos: “La autonomía del Ministerio Público no permite que los jueces tengan incidencia. Los jueces están obligados solamente a juzgar, entonces llega ante un juez, de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, una sentencia con pruebas que ellos no pueden revisar. También los defensores hacemos lo posible para evitar la inocencia del otro representado, sin embargo, tenemos el problema por el lado de los policías y el Ministerio Público. Entonces mientras ellos tienen esas facultades autónomas, se ha transformado en lo cotidiano que la presunción de inocencia no existe en Chile”, argumentó la abogada.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, indicó que hay responsabilidades en las negligencias y el Estado no está actuando como debería.
“La reparación es un derecho humano fundamental antes del rol judicial. Así como hemos reparado en la justicia por las violaciones de Derechos Humanos, sin duda la reparación ante las condenas equivocadas, la vulneración flagrante del principio de inocencia, tiene que ser indemnizada. El error judicial en nuestro país hoy está impune”, sentenció el parlamentario.
Siguiendo la línea de lo anterior, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, manifestó que en el proyecto que está en el Parlamento se considera la corrección en el sistema de reconocimiento para no condenar a una persona sólo por un testimonio.
A un año de funcionamiento del Proyecto Inocentes, impulsado por la Defensoría Penal Pública para reparar a quienes han sido acusados injustamente por un delito que nunca cometieron, se han registrado 40 casos de personas condenadas indebidamente.
En 2013 la Defensoría lanzó un portal que imita un proyecto estadounidense y revela aquellos casos de personas que estuvieron en prisión preventiva mientras duraba su investigación penal, para luego ser absueltos con justificación de errores detectados en el sistema penal.
Problemas en el acceso a pruebas de ADN, preservación de evidencia certificada, errores en el reconocimiento de sospechosos y acceso desigual a testigos protegidos, son algunos de los motivos de errores en los fallos.
En el marco de la Conferencia Internacional del Proyecto Inocente, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, valoró la iniciativa como mecanismo de limpieza de nombres de personas que se ven afectadas social, familiar y personalmente para toda la vida.
Igualmente, el Secretario de Estado identificó la necesidad de que tanto la Fiscalía como la Defensoría tengan un acceso igualitario a los testigos protegidos y a las pruebas.
“Es necesario hacer reformas a la Reforma Procesal Penal, pero también es necesario mejorar procedimientos y la falta de capacitación de las policías que llegan primero al lugar, para que no contaminen las pruebas, puesto que eso lleva a que el culpable quede libre y se condene a uno que es inocente. El sistema se desprestigia. Por eso es importante que el ministerio de Justicia, las policías, la Defensoría y los Tribunales se coordinen para mitigar el problema”, dijo Gómez.
Para María Rivera, abogada de la Defensoría Popular, el Estado debe hacer una revisión de la inversión que hace en policías, inteligencia e investigaciones, tanto en lo material como en el tratamiento que se hace al no respetar los Derechos Humanos: “La autonomía del Ministerio Público no permite que los jueces tengan incidencia. Los jueces están obligados solamente a juzgar, entonces llega ante un juez, de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, una sentencia con pruebas que ellos no pueden revisar. También los defensores hacemos lo posible para evitar la inocencia del otro representado, sin embargo, tenemos el problema por el lado de los policías y el Ministerio Público. Entonces mientras ellos tienen esas facultades autónomas, se ha transformado en lo cotidiano que la presunción de inocencia no existe en Chile”, argumentó la abogada.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, indicó que hay responsabilidades en las negligencias y el Estado no está actuando como debería.
“La reparación es un derecho humano fundamental antes del rol judicial. Así como hemos reparado en la justicia por las violaciones de Derechos Humanos, sin duda la reparación ante las condenas equivocadas, la vulneración flagrante del principio de inocencia, tiene que ser indemnizada. El error judicial en nuestro país hoy está impune”, sentenció el parlamentario.
Siguiendo la línea de lo anterior, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, manifestó que en el proyecto que está en el Parlamento se considera la corrección en el sistema de reconocimiento para no condenar a una persona sólo por un testimonio.
