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Año XII, 26 de febrero de 2020

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Farmacias utilizan dictamen de Dirección del Trabajo para continuar con la “canela”

Funcionarios de farmacias pidieron a la Inspección del Trabajo que fiscalicen prohibición de la “canela”, un incentivo que catalogan como perverso ya que les obliga a promover ventas por categorías de medicamentos. En tanto, el senador Guido Girardi, que acompañó a los trabajadores, evalúa presentar nueva denuncia por colusión.

Pamela López

  Martes 26 de agosto 2014 19:21 hrs. 

Desde el 14 de febrero entró en vigencia la nueva Ley de Fármacos, la cual, entre otras exigencias, obliga a las farmacias a vender medicamentos bioequivalentes, publicar los precios en los envases y prohibir comisiones por la venta de determinados productos.

El impedimento de este incentivo conocido como la “canela” comenzaría a regir en un plazo de seis meses, lo que permitió a las farmacias reajustar los contratos de sus trabajadores con plazo máximo hasta el 14 de agosto.

No obstante, trabajadores de las farmacias Cruz Verde, Ahumada, Salcobrand y Knop, las cuatro cadenas más grandes del mercado, denunciaron que lejos de ser regulados sus contratos y terminar con lo que denominan el incentivo perverso o canela, sus empleadores persisten en infringir la ley. Así lo denunciaron ante la Dirección del Trabajo en compañía del senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado.

Mauricio Acevedo, presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias, señaló que las cadenas estarían interpretando un dictamen del organismo para continuar con las comisiones, ya no por volumen de ventas, sino que por categorías de medicamentos.

“Una vez más los trabajadores, víctimas de un sistema perverso, tenemos que continuar engañando a la población para que consuman medicamentos más caros. Esto, pese a que la ley es clara y termina con los incentivos. Lamentablemente se continúa usando a los trabajadores para privilegiar ciertas categorías terapéuticas que ayer eran volúmenes de medicamentos” denunció el dirigente.

Los funcionarios piden que la Dirección del Trabajo tenga la facultad de cerrar sucursales dada la cantidad de denuncias y millonarias multas interpuestas.

Cabe recordar que estas son las mismas cadenas de farmacias implicadas en la colusión de precios entre noviembre de 2007 y abril de 2008. Acto ilícito que en marzo de 2009 reconoció Farmacias Ahumada, recibiendo una multa cercana al millón de dólares.

Guido Girardi, señaló que, por parte del Ministerio de Salud, no ha existido la fiscalización necesaria pese a las reiteradas denuncias de incumplimiento de la norma, por lo que pidieron a la Inspección del Trabajo que intervenga. Además, el representante anunció que estudia interponer una nueva querella criminal por colusión.

“Tengo prueba reciente de cómo siguen existiendo las denominadas canelas. Yo puedo entender que la Inspección no pueda interpretar una ley que es del Código Sanitario pero esta es una ley de la República. Le vamos a pedir al Minsal que sea diligente porque yo pienso que no ha habido fiscalización a una organización tramposa compuesta por las tres cadenas que sistemáticamente han impedido que las personas accedan a la salud obteniendo ganancias multimillonarias engañando a la gente”, enfatizó el parlamentario.

Por su parte, Christián Melis, director de la Inspección del Trabajo, negó que el dictamen del organismo valide algún tipo de incentivo por venta de medicamentos. Esto, según circulares que los trabajadores le presentaron y que evidencian cómo las farmacias estarían mal interpretando la normativa para ajustar sus contratos.

“Existiría, por parte de algunas cadenas de farmacias, declaraciones en torno a que nuestro dictamen estaría validando algún tipo de pago de incentivo por la venta de ciertos productos farmacéuticos. Quiero decir tajantemente que eso le corresponde al Ministerio de Salud, por lo tanto, no es efectivo que la Dirección del Trabajo a través de su dictamen haya validado tal incentivo, simplemente nos referimos a las formas de ajustar los contratos de trabajos como lo establece la norma”, aclaró Melis.

Luego de los 38 días del paro que mantuvieron los empleados de Cruz Verde, al no lograr regularizar sus contratos vía convenio colectivo, los trabajadores señalaron que no cuentan con un órgano fiscalizador para presentar sus denuncias.

Esta situación los llevará a iniciar este miércoles un proceso de evaluación y no descartan movilizar a los más de 20 mil trabajadores del sector que están siendo vulnerados.