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Año XII, 13 de agosto de 2020

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Acusan que plan para privatizar Codelco está detrás de los malos resultados de la empresa

Codelco dio a conocer los resultados del primer semestre de 2014, arrojando números que preocupan a los especialistas. ONGs ligadas al tema acusan que los malos resultados son parte de una estrategia para privatizar la empresa estatal.

Claudio Medrano

  Martes 2 de septiembre 2014 15:58 hrs. 





El pasado 29 de agosto, Codelco dio a conocer los resultados de la empresa durante el primer semestre de 2014. Los números arrojados, a primera vista, pueden parecer positivos, pero denotan un trasfondo preocupante.

En efecto, la minera estatal, en la primera parte del año, registró excedentes por US$ 1.310 millones. Si bien son cifras azules, a su vez, representan los peores resultados de toda la historia de la estatal.

Lo que llama más la atención, es que los volúmenes de producción, el precio del metal y de los subproductos, son mayores que en años anteriores, donde se registraron excedentes superiores.

Por ejemplo, en 2006 la producción y el precio del cobre fueron inferiores en un seis por ciento al actual, sin embargo, los resultados alcanzados este año no son ni la tercera parte de lo que se logró en ese momento.

Para las ONGs que hacen seguimiento al comportamiento de la minería en nuestro país, estos malos resultados son parte de una estrategia que comenzó en 2010 con la intención de privatizar la principal empresa estatal. Desechando las hipótesis que argumentan que son fruto de una mala administración en combinación con las condiciones externas.

Para la organización Chile – Cobre, el proceso comenzó con dos hitos. Primero: el Nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación establecido por la Ley 20.392, aprobado en noviembre de 2009 por el anterior gobierno de Michelle Bachelet. Instancia que permitió, entre otras disposiciones, que el Presidente Ejecutivo de Codelco ya no sea designado por el Presidente de la República, sino por el Directorio, del cual, además, se sacó a los ministros de Hacienda y de Minería.

A esto se suma la designación de Diego Hernández como Presidente Ejecutivo de Codelco, hombre cercano a la gran minería privada y que permitió el ingreso de otros actores, provenientes de este sector, a la mesa de cuprífera.

Para el economista Julián Alcayaga, presidente de la ONG Chile – Cobre, las declaraciones que piden privatizar parte de la empresa estatal resultan lógicas bajo el contexto de este plan, “cuando llegaron a Codelco el año 2010, llegaron con el objetivo de destruir financieramente, endeudar a Codelco para que, al final, el pueblo chileno acepte la entrada de privados a la administración, ese es el objetivo de quienes dirigen hoy a la empresa”, sostiene.

Durante esta jornada se conoció la opinión del economista, Paul Fontaine, quien aseguró que es necesario privatizar el cuarenta por ciento de Codelco para mejorar su administración.

El economista hacía la salvedad de que dicha privatización fuera a parar en manos de empresarios chilenos, ya que a su juicio, “los chilenos quieren que el cobre siga perteneciendo a Chile”.

Para Alcayaga, es fundamental investigar quiénes están detrás de esta “privatización” ya que a su juicio, es posible que se constituya una “asociación ilícita”.

“Quienes están siendo beneficiados con esas ventas, a menor precio, podrían ser empresas mineras de las cuales vienen los ejecutivos de Codelco. Diego Hernández, Thomas Keller, Rodrigo Toro. El, vicepresidente de comercialización de Codelco viene de AngloAmerican y él sigue siendo vicepresidente, el hombre que dirige las ventas de Codelco, a él hay que preguntarle por qué las ventas de la empresa han desaparecido”, subraya el economista.

Esto, porque, a su juicio, hay muy pocos argumentos que justifiquen una caída tan abrupta en los resultados de Codelco, si se considera lo positivo de las cifras que enfrenta el mineral.

Para Alcayaga la única explicación posible es que la empresa haya vendido, en el último tiempo, cobre a menor precio que lo que dicta el mercado internacional. Situación que constituye un ilícito penado con cárcel por la ley.

Por lo mismo, la ONG que representa solicitó una investigación al Consejo de Defensa del Estado, indagatoria que no ha entregado resultados hasta el momento.