César Parra se define como “un estratega político comunicacional”. Militó en las Juventudes Radicales en los años 80, donde conoció al actual ministro de Justica José Antonio Gómez. Formó parte de la dirección hasta 1990, siempre en Chile.

Luego, se fue al PPD donde fue candidato a la Secretaría General del partido en la lista de Nelson Ávila, que compitió contra Guido Girardi el 2002. Más tarde dejaría la militancia política para dedicarse al mundo privado, trabajando con Gómez a través de asesorías hace ya casi diez años, desde su campaña senatorial, y acompañándolo también en su postulación a las primarias de la Concertación en 2013.

Una de las primeras dudas que surgieron fue sobre su currículum. Es que se le conoce como publicista y en sus redes sociales figuran la Universidad de Chile y la de Concepción como casas de estudio. Parra argumenta que estudió Diseño en la Sede Regional de Ñuble de la Universidad de Chile y se tituló el año 78. Fue a buscar el documento al entrar a la administración pública en 1994, el que, debido al cierre de las sedes regionales, le fue otorgado por la Universidad del Biobío. Dice que además realizó un Diplomado de Comunicaciones Corporativas en la Universidad Católica.

Es dueño de dos empresas de publicidad y propaganda: Cumsensu limitada y Gestión de Oportunidades Limitada. La primera de ellas albergó el comando del candidato radical en las primarias del 2013. Para entonces Parra estaba a cargo del contenido de la campaña, la transmisión de los mensajes. “Mi tarea es traducir en un lenguaje comunicacional lo que él trae inserto en sus valores y principios. Gómez es el compositor, y yo soy el intérprete”, afirmó a la revista Qué Pasa. Y efectivamente, fuentes del ex comando sostienen que Parra “decidía muchas cosas fundamentales en esos días de campaña”.

En su nuevo empleo en el Ministerio de Justicia, hace cerca de dos meses que está diseñando la estrategia comunicacional en tres líneas de acción: Derechos Humanos, Justicia Vecinal, y un estudio para un barómetro de Justicia. Sin embargo, su presencia en la cartera genera dudas, especialmente sobre su idoneidad para el cargo, su vínculo a empresas asesoras y su perfil de operador político.

José Ancalao fue ex vocero de la campaña, además de  presidente de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae) en los años altos de las movilizaciones estudiantiles. Conoció a César Parra en las oficinas de Cumsensu, en la casa de General Bari, cerca del Metro Salvador, instalación que el diseñador había prestado a Gómez para contar con una segunda sede del comando, además del propio partido. Ancalao no tuvo buena entrada con el publicista, por lo que durante la campaña se evitaban, según cuenta.

“Muy posiblemente Parra dejó un representante legal como palo blanco en su empresa o una empresa afín y van a licitar todo tipo de publicidad como devuelta de mano al apoyo que le dio Parra en la campaña a Gómez”, afirma el ex vocero, reafirmando las sospechas.

Ancalao dejó el comando oficialmente cuando Gómez, luego de perder en primarias, hizo público su apoyo a la hoy Presidenta Michelle Bachelet. Antes había renunciado ya tres veces porque el pre-candidato no cumplía con sus compromisos políticos con él. “Es una cosa que yo asumí porque prefiero estar marginado, tener hambre, pero dormir tranquilo”, dijo.

Hoy, personas que formaron parte del comando de José Antonio Gómez, especialmente dirigentes importantes, están trabajando en Justicia. Entre ellos, el Jefe de Gabinete, Rubén Darío Díaz, y Leandro Campillay en comunicaciones, quienes se han constituido en parte del “círculo de hierro” que blinda al ex pre candidato presidencial.

Desde el ministerio rechazaron los cuestionamientos. “No por haber trabajado en una campaña política van a existir conflictos de intereses”, indicaron, y añadieron que César Parra Vásquez está dedicado al cien por ciento a sus labores públicas, cesando su representación en sus empresas para evitar cualquier tipo de suspicacias por conflictos de interés.

De hecho, el mismo Parra sostuvo que sólo le falta hacer dos facturaciones “que son de cosas que vienen de atrás”, pero que al 31 de agosto está cerrando las empresas, que “quedarán congeladas” por el tiempo que dure su labor en dicha cartera. Éstas “no van a tener vínculo alguno”, aseguró.

Quienes han trabajado con él señalan que Parra ha hecho mucha producción y campañas políticas que “son todas demostrables” y lo sindican como “un hombre de confianza”. Sin embargo, si bien no ha sido condenado, si ha sido apuntado por los medios de comunicación y algunos testigos en bullados casos como el MOP Gate, Coimas y Registro Civil.

Pero Parra asegura que no tiene nada que ver con el caso MOP Gate. Dice que fue asesor “por casualidad” del ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, y por ello debió asistir a declarar ante la jueza Gloria Ana Chevesich. “Todo surgió a raíz de un contrato que sí era efectivo, que iba a ocurrir de marzo en adelante, pero en enero cesaron a Cruz y, por lo tanto, ese contrato nunca se firmó”. El problema es que “estaba disponible y alguien lo filtró”, afirmó.

A raíz de la figuración en ese caso es que se explica que los medios lo hayan nombrado también por licitaciones que se realizaron y que se habrían concretado en el marco del “Caso Coimas” en el gobierno de Ricardo Lagos, arista relacionada con el Ministerio de Transportes y su entonces subsecretario, el radical Patricio Tombolini.

Pero la relación más compleja es con el llamado “Caso Registro Civil”, que comenzó el 2008, donde incluso fue formalizado. “Mi vínculo fue, específicamente, en una propuesta que yo hice; la realización de un libro sobre la historia del Registro Civil a través de la Memoria, y que era un proyecto efectivo”, afirma Parra, mientras muestra el diseño del libro que espera concretar en algún momento.

Para salir de este embrollo, decidió llegar a un acuerdo judicial y devolver los tres meses de honorarios que le habían pagado. “No reconozco culpabilidad porque el trabajo lo hice”, dice, sin embargo, es la Contraloría la que tiene la última palabra, ya que está revisando todas las aristas, y aún no falla.

Las denuncias contra el hombre de confianza de Gómez no se limitan a estos hechos. En la prensa de Punta Arenas publicó que el 2011 su firma “Gestión de Oportunidades” realizó una encuesta para la empresa recolectora de basura Servitrans, que tenía como objetivo conocer el nivel de satisfacción de los clientes. Según se acusó, el cuestionario incluyó preguntas políticas y de intención de voto, donde se nombraba a actores políticos, en su mayoría cercanos al PPD.

En el cuestionario se consultaron por aspiraciones para el futuro y se realizó una evaluación de personajes públicos de la ciudad y el nivel de confianza. “Que alguien le diera connotación política, sí, podría dársela”, reconoció Parra. “Es obvio, si yo me dedico al tema y sólo me respondo a mí con el estudio, ¿Por qué tengo que darle cuenta alguien de las preguntas?”, sostuvo.

Y aunque la defensa del asesor apunta a aclarar todas las aristas políticas y de contratos con el Estado en las que se lo ha involucrado a lo largo de los años, asegura que con estas suspicacias buscan enlodar la imagen del ministro. Mientras, el destino final y su desempeño en los programas que ahora tiene a cargo siguen bajo la lupa.