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Año XII, 6 de abril de 2020

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Organizaciones acusan hipocresía de las autoridades y se articulan por la Recuperación del Agua y la Vida

La situación de las aguas, sus derechos y el anuncio que hizo la Presidenta de reformar el Código que regula su aprovechamiento volvió a la palestra con medidas temporales y una nueva moción en el Senado. Todo esto a la espera de que el Ejecutivo presente indicaciones y se reanude su discusión en el Congreso.

Paula Correa

  Miércoles 3 de septiembre 2014 15:36 hrs. 





Sin embargo, diversos ambientalistas y organizaciones ciudadanas tienen bajo la lupa al Ejecutivo y al Congreso, y desconfiadas articulan nuevos movimientos para exigir que se cumplan los compromisos.

Hace unos días y preocupada por la sequía del norte y las complicaciones que acarrea para la población, la Presidenta Bachelet anunció el pago de un bono para los más vulnerables que beneficiaría a 27 mil familias afectadas por la sequía. Además, afirmó que se van a condonar las deudas de todos los roles agrícolas, sin distinguir entre los pequeños y los medianos agricultores, para fomentar las Pymes. También indicó que se financiarán obras menores de riego y se rehabilitarán todos los tranques en desuso.

Con esas declaraciones el tema del agua se reinstaló en la agenda pública. Este martes, el senador Patricio Walker (DC) presentó una moción que modifica el Código de Aguas con el fin de otorgar concesiones temporales de aprovechamiento. El parlamentario explicó que la intención es que los agricultores puedan aprovechar los derechos que no están en uso.

“En casi todo el país hay empresas mineras e hidroeléctricas que tienen tomados los derechos de agua para eventuales proyectos, pero muchas veces, por distintas razones, estos proyectos no se realizan y ¿qué es lo que pasa?, que estas empresas tienen que pagar una patente por el no uso del agua, pero no tienen la obligación de entregarle, por ejemplo a los campesinos, esa agua para que ellos la puedan ocupar”, afirmó.

El senador añadió que con este proyecto quienes tengan derechos inscritos sin usar deberán paga una patente por el no uso y entregar una concesión temporal a los agricultores, comités de agua potable rural y juntas de vecinos, quienes serán prioridad en la entrega. “Este es un proyecto muy importante en la lógica de que con el agua no se puede especular y tiene que ser un bien nacional de uso público”, agregó Walker.

El falangista sostuvo que este jueves 4 de agosto se reunirá con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para pedirle que él mismo patrocine la iniciativa, que, aseguró “está en la línea de lo que plantea la presidenta Bachelet en esta materia”.

Sin embargo, las organizaciones sociales y ambientales consideraron insuficientes los anuncios. Rodrigo Faúndez, vocero del Movimiento por la Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente (Modatima), afirmó que los cambios que propone la Nueva Mayoría, en particular la DC, no vienen a generar cambios de fondo, porque no cuestionan el modelo privatizador y no ponen al recurso en su calidad de Derecho Humano como plantea Naciones Unidas.

Faúndez indicó que miran con desconfianza los pasos del Congreso, recordando que el 2011 se formó la llamada “Bancada Transversal por la Defensa del Agua”, para evitar el robo de agua en las localidades, pero que hasta el momento la medida “no ha generado mayores avances”. Por lo mismo, señaló las organizaciones que se han venido movilizando por el agua a lo largo de todo el país conformaron el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida.

“Nosotros creemos que el Parlamento es el palacio de la hipocresía y esto porque han pasado 24 años desde el restablecimiento de esta pseudo democracia y se han presentado más de cincuenta iniciativas de reforma al Código de Aguas y ninguna de ellas ha sido consistente”, afirmó y añadió que recién se está hablando de una reforma “sustancial”, que es muy “rimbombante en términos de anuncio, pero en la práctica no está solucionando ninguno de los temas de fondo”.

Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), que también es parte del Movimiento, afirmaron que se debe dar rango constitucional al agua, como plantean las autoridades. También se debe eliminar la cláusula de propiedad privada de los derechos de aprovechamiento y establecer prioridades de uso, a lo que se deben sumar medidas institucionales y administrativas para gestionar una redistribución de los recursos poniendo fin a la entrega a perpetuidad.