La explosión de una bomba en las inmediaciones de la estación del Metro Escuela Militar concitó interés nacional. El lunes, cientos de declaraciones fustigaron la acción que dejó una decena de heridos de diversa consideración.

La Moneda manifestó su inmediato repudio al ataque. Así mismo confirmó la utilización de la Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables.

Sin embargo, lo ocurrido en el centro comercial de Las Condes generó inmediatas críticas al accionar de los dirigidos por Michelle Bachelet y, también, contra las labores de la inteligencia nacional.

Son diversos temas los que gatillan los cuestionamientos. Desde la petición de aplicación de mano dura que impulsan facciones de la Alianza, hasta las demandas por mayores recursos para investigación que piden funcionarios de Fiscalía, son parte de las consecuencias políticas que deberá enfrentar el Ejecutivo luego del bombazo.

Uno de los nombres que ha salido a la palestra en los cuestionamientos es el jefe de la cartera de Interior, encargado de los temas de seguridad del país, el ministro Rodrigo Peñailillo, quien hace algunas semanas protagonizó el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de Violencia y Delito.

Desde la UDI provinieron las palabras más duras contra las autoridades. Los diputados Gustavo Hasbún y Felipe Salaberry, incluso, vincularon el hecho con las recientes declaraciones emitidas por la subsecretaría del Interior, que apuntaban a multar a los bancos por cajeros automáticos detonados.

En un tono más conciliador, el senador gremialista Hernán Larraín llamó a la unidad, pero de paso criticó las falencias institucionales que permitían este tipo de actos.

“Estamos frente a una escalada que demuestra que el terrorismo en Chile existe y está lejos de ser controlado. (…) Al mismo tiempo obliga a pensar que nuestra capacidad de prevenir estos delitos no existe. La inteligencia en Chile está fracasando gravemente, porque no pueden adelantarse a estos hechos”, sostuvo el senador. Argumento con el que coincidió el senador independiente Pedro Araya.

Por su parte, el senador Alberto Espina (RN) indicó que “tenemos absolutamente la convicción que es necesario pasar desde el diagnóstico a las soluciones. El diagnóstico concreto es que el país ha reaccionado tarde a la conciencia política y ciudadana de que hay grupos violentistas que están cometiendo actos de terrorismo y que requieren ser duramente sancionados”, esto junto con hacer un llamado al trabajo unitario que debe articular la clase política del país.

En la Nueva Mayoría, la misma Democracia Cristiana ha salido a cuestionar el “precario” aparato de inteligencia con el que cuenta el país. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) es uno de los focos de problema.

Pese a ello, el discurso general del conglomerado de Gobierno es apoyar las labores impulsadas desde La Moneda y trabajar en unidad.

Pero los dardos contra la seguridad nacional no se limitan al duopolio político del país. Desde la otra vereda, el Frente Patriotico Manuel Rodríguez (FPMR) indicó que “está claro que este atentado ha sido digitalizado desde los organismos de seguridad, ya sea impulsándola y participando directamente o induciendo a grupos sin una clara política e ideología a que la realicen”.

“No huele a izquierda, no sirve a los intereses de la izquierda, es una acción contra el pueblo” agregaron en el texto, negando cualquier vínculo con el atentado.

“Lo señalamos hace unas semanas, estas acciones no están dirigidas contra el sistema imperante, sino que buscan a través de lesionar a trabajadores/as y chilenos en general, crear condiciones políticas y sociales para dar luz a la refundación de los organismos de seguridad a la sazón de los gobiernos cívico militar, la creación de un nuevo organismo de inteligencia dependiente del Ministerio del Interior. Este nuevo organismo asumiría las tareas de la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Este es el tema de fondo que esconde el actual gobierno”, complementan acusando el respaldo de la derecha política en estas acciones “dentro y fuera de la Nueva Mayoría”.

Este miércoles continuará el debate político por lo ocurrido. Desde temprano en la mañana los representantes de los partidos políticos acudirán a La Moneda para reunirse con las autoridades y dialogar sobre lo sucedido.

En cuanto a las ganancias y pérdidas, éstas se verán en el corto y mediano plazo. Encuestas, aprobación de reformas y manifestaciones sociales servirán de termómetro para marcar las consecuencias políticas del bombazo del lunes 8.