Parlamentarios definirán futuro de la Ley de Amnistía

El Gobierno decidió poner suma urgencia al proyecto que busca derogar la Ley de Amnistía, patrocinado por los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Mariano Ruíz Esquide (DC) y Alejandro Navarro (MAS), ingresado al parlamento en 2006.

El Gobierno decidió poner suma urgencia al proyecto que busca derogar la Ley de Amnistía, patrocinado por los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Mariano Ruíz Esquide (DC) y Alejandro Navarro (MAS), ingresado al parlamento en 2006.

Al conmemorarse  41 años del  golpe de Estado, el ministro de Justicia José Antonio Gómez  y la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón,  anunciaron que el Ejecutivo decidió poner suma urgencia al proyecto de ley que busca anular algunos artículos de la Ley de Amnistía, como un intento de dar por cerrada la disyuntiva que existe en torno al tema en los tribunales de justicia y como respuesta a una de las demandas planteadas por las agrupaciones de derechos humanos.

El 19 de abril de 1978, cuando el Congreso llevaba cinco años disuelto, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Ley N°2191, conocido como la Ley de Amnistía, redactado por la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga. Su fin fue exculpar de responsabilidad penal a inductores o encubridores de crímenes cometidos desde el día del golpe de Estado hasta el 10 de marzo de 1978, sin hacer diferencias entre delitos comunes y crímenes por motivaciones políticas.

A partir de la  publicación del Decreto de la Ley de Amnistía, los tribunales se declararon incompetentes para investigar la participación de militares en delitos de violación a los derechos humanos, secuestros, torturas, homicidios y desapariciones de cientos de ciudadanos que sufrieron la represión durante la dictadura. Los casos fueron trasladados a los tribunales militares, pese a que la normativa internacional, cuyos tratados han sido firmados por Chile, establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben en el tiempo.

El proyecto que decidió patrocinar el gobierno fue ingresado al Congreso por los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Mariano Ruíz Esquide (DC) y Alejandro Navarro (MAS) en 2006. Al introducir la suma urgencia, el parlamento tendrá un periodo acotado para terminar con el trámite legislativo, según explicó el ministro de justicia José Antonio Gómez.

“Se le ha puesto urgencia a algunas mociones parlamentarias, entre ellas está,  aquella que deroga la ley de Amnistía. Es una urgencia que le da un plazo al parlamento de discusión en un tiempo determinado. Serán los parlamentarios, en la discusión parlamentaria, quienes van a avanzar en la discusión de estos proyectos. Lo relevante para el gobierno y para la Presidenta Bachelet  es relevar que son proyectos importantes en materia de Derechos Humanos”, dijo el secretario de Estado.

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, agregó que hace meses se viene trabajando la agenda legislativa, acordando dar urgencia a algunos proyectos en materia de Derechos Humanos.

“Nosotros venimos trabajando desde hace varios meses la agenda legislativa y el ministro de Justicia, en particular, estos y otros temas. Hemos estado impulsando urgencias y estudiando mensajes presidenciales en materia de Derechos Humanos.  El programa de la Presidenta de la República en materia de Derechos  Humanos tiene una agenda bastante amplia y rica. Efectos prácticos distintos a los que hoy día ocurren en nuestros tribunales no va a ver, la sala penal no ha aplicado la Ley de Amnistía”, apuntó.

La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, dijo que “la sola existencia del Decreto de Ley de Amnistía ofende a los familiares. “Nuestra agrupación salió a la calle a luchar por el NO a la ley de Amnistía. Nunca, en estos 24 años, hubo voluntad política para anularla, para derogarla ni para nada parecido”, reclamó.

El dictador -dijo Lorena Pizarro- aseguró que esta ley no se iba a anular por lo que esta voluntad que hoy día se ha materializado  es sin duda una acción muy importante.

Si bien los tribunales de justicia han mostrado un ambiente favorable a seguir investigando casos que entran el período de la Ley de Amnistía, se continúa con la práctica de aplicar la media prescripción, según denuncias de las agrupaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, refrendada en la frase célebre del Presidente Patricio Aylwin “justicia en la medida de lo posible”.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, la abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, también valoró la esperada urgencia puesta al proyecto. Sin embargo mantiene sus críticas a las posibilidades de prescripción de los hechos investigados.

“La media prescripción continúa, pero nosotros creemos que esas son formas enmascaradas de consolidar impunidad, eso no es aceptable. La impunidad es un problema de toda la sociedad, no solo los familiares”, criticó la abogada.

“Las causas se han reabierto, nadie lo aplica, pero eso no bastaba. El que no se haya derogado era una barbaridad”, agregó Carmen Hertz.

La derogación de la Ley de Amnistía requiere un quórum simple apuntó la abogada, por lo que la Nueva Mayoría tiene los votos. Aun así, espera que haya “unanimidad para al menos sacarse el cartel de cómplices pasivos”

La iniciativa firmada por la presidenta Michelle Bachelet,  y que fue previamente informada a los representantes de las agrupaciones de familiares,  incluye además la eliminación del artículo 93 del Código Penal que establece la extinción de responsabilidades penales.





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