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Año XII, 25 de septiembre de 2020

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Ministro de Economía: “La colusión de pollos es el delito más grande de la competencia en Chile”

Ante la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el ministro Luis Felipe Céspedes aseguró que pedirán fortalecer la legislación para aumentar las sanciones en temas de colusión. La sentencia contra Ariztía, Agrosuper y Don Pollo alcanza los U$60 millones.

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  Jueves 25 de septiembre 2014 19:01 hrs. 
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El día después de la millonaria multa aplicada por concepto de colusión contra Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, las reacciones no se hicieron esperar.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes calificó la operación como “el delito más grande de la competencia en Chile”.

Destacando las acciones tomadas por el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) que sancionó y desbarató al cartel, la autoridad insistió en que ” este es una caso fallado por el Tribunal de la Libre Competencia de la máxima gravedad ya que este producto constituye algo así como el 40% del consumo interno en materia de carnes, y afecta directamente al bolsillo de todos los chilenos”.

“Hoy día las multas tienen un tope, y ese tope máximo fue el que se le aplicó a dos de estas empresas que se coludieron. Vamos a aumentar ese tope proporcional a lo que han sido los daños causados a los consumidores”, explicó.

Además, dijo que “hemos dicho que vamos a enviar un proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad de la libre competencia, en donde uno de los temas centrales de este proyecto es el tema de las multas”.

Por su parte, el diputado Fuad Chaín (DC), presidente de la Comisión de Economía, hizo un llamado al gobierno “a enviar a la brevedad y endurecer los cambios que realizará a la Ley Antimonopolios”.

“La resolución del TDLC debe servir para que se acelere y endurezcan los cambios que introducirá el gobierno a la ley antimonopolios, ya que debido a lo concentrado de nuestra economía, hay un peligro latente de que se sigan produciendo actos de colusión como fue antes el caso de las farmacias y hoy es en el de los productores de pollo”, dijo el parlamentario.

Defensa empresarial

A través de un comunicado de prensa, la empresa Ariztía, una de las sancionadas por colusión, se defendió de la millonaria multa impuesta en primera instancia. En el documento, la empresa argumentó que desde su fundación ha actuado “con pleno apego a las leyes y reglamentos que rigen los mercados productivos nacionales”.

“Empresas Ariztía ejercerá todos los derechos que le confieren la Constitución y las leyes para revertir este fallo”, aseveró.

Por su parte, Agrosuper indicó que apelará a la decisión: “Nuestros abogados se encuentran analizando el fallo, pero podemos anticipar que, dada la convicción de inocencia de Agrosuper, recurriremos a la Corte Suprema, máxima instancia formal de justicia en nuestro país”.

Colusión Pollos

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia decidió multar por cerca de U$60 millones a las empresas productoras de pollos Agrosuper, Ariztía y Agrícola Don Pollo, acusadas de colusión, en el marco del caso llamado el Cartel de los Pollos.

A través de un comunicado, el TDLC señaló que acogió el requerimiento presentado en noviembre de 2011 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde acusaba a estas empresas de coludirse, por intermedio de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), para limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización.

Según explican en el Tribunal, “el acuerdo entre las avícolas requeridas, que concentran sobre el 80% de la oferta de carne de pollo a nivel nacional, consistió en proyectar la demanda futura de pollo, asignar cuotas de producción. También dio por acreditado que la APA tuvo un importante rol en la coordinación, ejecución y fiscalización de cumplimiento del acuerdo”. Sentencia a la que se llegó luego del análisis de los correos electrónicos y otras evidencias incautadas por la FNE, donde se dejaba de manifiesto las maniobras de colusión de estas empresas.

Además, el TDLC señaló que “existe abundante evidencia de que las avícolas requeridas, mediante las proyecciones de demanda elaboradas en conjunto con la APA, perseguían al rango en el que pretendían que fluctuaran los precios de la carne de pollo, a través de la definición coordinada de un determinado nivel de producción. Este último ejercicio constituyó a todas luces una colusión, entendida como un acuerdo respecto de la cantidad a producir, con miras a alcanzar determinados precios o rangos de precios, restringiendo o suprimiendo la competencia entre sus partícipes. Durante cada año, el acuerdo fue controlado o ajustado mediante sugerencias de carga, matanza de crías u otras políticas o mecanismos coordinados”.

Agrosuper y Ariztía fueron condenadas al pago de la multa máxima establecida por la ley, esto es 30.000 Unidades Tributarias Anuales, el equivalente a unos U$25 millones. En tanto, a Don Pollo le aplicó una multa de 12.000 Unidades Tributarias Anuales, cerca de US$ 10 millones.

Además, la sentencia ordena la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile que actuaba como coordinadora del cartel. Una medida inédita en este ámbito en el país. Finalmente, impuso solo a Agrosuper la obligación de consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado en la que participen.

Al respecto, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, valoró las multas establecidas por el TDLC, pero destacó la necesidad de perfeccionar el sistema, de modo tal que las sanciones para quienes participan de un cartel sean más disuasivas. “Estamos enormemente satisfechos con la sentencia del TDLC. Este ha sido, a nuestro juicio, el cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar en Chile, desde su creación en 1959”, señaló.
Junto con lo anterior, destacó la necesidad de realizar algunos cambios al sistema de libre competencia.

“Nuestra legislación es perfectible y se debe reformar estableciendo un sistema de multas sin topes, que se base en un porcentaje de las ventas de las empresas cartelizadas e instaurando inhabilidades amplias a las personas naturales que operativizan el cartel”, afirmó.