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Año XIV, 18 de agosto de 2022

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Parlamentarios y estudiantes molestos por negativa del gobierno a terminar con el “negocio” de las ATE

La discusión por sancionar el lucro en las Agencias de Asesorías Técnicas de Educación (ATE) alcanza a la interna de la propia Nueva Mayoría. Los estudiantes también manifestaron su molestia, por el hecho de que no se ataquen estas cuestionadas instituciones que presuntamente están vinculadas a políticos de diversas vertientes ideológicas. Recordemos que la propia Contraloría comprobó la gran cantidad de recursos SEP que se pierden en instancias como éstas.

Héctor Areyuna

  Jueves 25 de septiembre 2014 17:40 hrs. 
lucro en educacion

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Existe molestia en varios sectores políticos producto de la indicación presentada por las diputadas Yasna Provoste (DC) y Cristina Girardi (PPD) que apuntaba a regular las Agencias de Asesorías Técnicas de Educación (ATE), las que no se consideraran en la discusión en particular del proyecto de ley que termina con la selección, el copago y el lucro.

En el debate por el lucro, considerado el corazón de la Reforma, se optó por dejar fuera esta propuesta, y varias más, que apuntan en la misma dirección, con la idea de que se discuta en un proyecto aparte y exclusivo.

Cristina Girardi lamentó la decisión. En conversación con Radio Universidad de Chile argumentó que éste es el momento adecuado para su discusión, puesto que tiene relación con la malversación de fondos públicos que se entregan a establecimientos particulares subvencionados.

“Son subvenciones que van directamente relacionadas con mejorar la calidad de la educación y que se gastan a través de las ATE y, por lo tanto, esta es la figura, por decirlo así jurídica, que de alguna manera capta gran parte de los recursos que hoy día se le están entregando a educación y que se le van a seguir entregando de forma importante. Sabemos que hay muchas de estas entidades que arman negocios con las instituciones que las contratan y que finalmente no impactan sobre la calidad de educación de los niños”, explicó la diputada.

En cifras, según el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, más de 25 mil millones de pesos han sido objetados desde 2010 por el organismo a municipios y corporaciones educacionales.

Gastos injustificados; falencias en la rendición de los recursos que entrega el Estado para la educación de los niños más pobres; desórdenes en el uso y rendición de recursos de la Ley SEP, son parte de los problemas en el sector. Situación que Mendoza calificó como parte de “una suerte de cultura del despelote del gasto público, y eso es lo que nos preocupa”.

La inquietud alcanzó también al movimiento estudiantil. La presidenta de La FECH, Melissa Sepúlveda, el vicepresidente Sebastián Aylwin y otros dirigentes de la Confech, lamentaron el rechazo “por secretaría” de las propuestas.

El presidente de la Feusach, Takuri Tapia, vinculó la negativa con los diferentes nexos que existen entre personeros de la Nueva Mayoría y las ATE, las que son representadas en personajes como Claudia Peirano, Walter Oliva o Mariana Aylwin.

“Preveíamos que iba a ocurrir. Hoy día al interior de la Nueva Mayoría, en este mal diseño de la reforma las presiones iban a ser sobre todo de la derecha, como lo han hecho particularmente, sino también dentro de la Democracia Cristiana”.

La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) Lorenza Soto, declaró que este tipo de “permisividades” terminan por retroceder en los objetivos de la reforma.

“Parece que no se puede lucrar con la educación escolar, pero sítes se pueden arrendar los colegios; se puede trabajar incluso con el inmueble; conseguir también dineros -a través no solamente de lo que requiere la educación sino que todos los materiales educativos- . Esto pasa porque no se integró a las comunidades educativas a la discusión de este proyecto, simplemente se lanzó. Hoy solamente se retrocede en esta reforma”, enfatizó la dirigente secundaria.

La sensación que queda en los dirigentes estudiantiles, luego del rechazo de la admisibilidad de esta indicación, según la carta firmada por los dirigentes de la FECH, es de “un gesto de cierre del Gobierno al diálogo social y, en definitiva, la negativa de entender la democracia más allá de los estrechos márgenes en que la Concertación la entendió”.

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