Diversas autoridades han valorado la sanción que el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) aplicó en contra de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, por concepto de colusión, lo que contempla, entre otras medidas, una multa U$60 millones.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, valoró las multas establecidas por el tribunal en contra de estas tres empresas, asegurando que se trata del cartel más grande que se haya desbaratado de la historia en el sistema de la libre competencia, desde su creación en 1959.
Por su parte, ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, remarcó que la capacidad que tuvo la Fiscalía Nacional Económica para detectar y presentar las pruebas en este caso, se relacionan con las modificaciones aprobadas durante la anterior administración de la Presidenta Michelle Bachelet, lo que permitió comprobar, según sus palabras, “la falta más grave en materia de competencia en el país”.
Junto con valorar estos avances en cuanto a la institucionalidad de la Libre Competencia, el jefe de la cartera de economía también reconoció que será complejo el mecanismo para compensar a los consumidores.
“Esto refleja que hemos logrado ir avanzado en materia de institucionalidad y seguridad de la libre competencia, lo que permitió incautar información para comprobar este delito colusión, la falta más grave en competencia de nuestro país. Acá se ha producido un daño a los consumidores y efectivamente hay que analizar las distintas instancias que existen, por ejemplo, para ver cuántos son los consumidores afectados, que por cierto, es algo complejo de determinar”, sostuvo el ministro.
Quienes también valoraron las sanciones aplicadas al denominado “Cartel de Pollos” fue la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile.
Por una parte, valoraron la sanción económica pero a su vez destacaron el hecho de “que se les obligue a las empresas a deshacer la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA)”.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, agregó que estudiarán la sentencia para presentar un recurso que busque compensar a todos los consumidores de pollo, es decir, a casi la totalidad de la población del país.
Un objetivo complejo, advirtió Larenas, si se considera que es imposible demostrar quiénes han comprado pollos durante estos últimos cuatro años.
“Primero, esta sanción es contundente más allá de las multas porque el tribunal exige la disolución de la asociación gremial, lo que servía para repartir las cuotas del mercado, y eso es una señal muy significativa. Segundo, por nuestra parte, estamos estudiando iniciar una acción colectiva en base al fallo y se tiene que apuntar a que sea el conjunto de la sociedad reparada, ya que es totalmente inviable que cada una de las personas demuestre que ha comprado pollo durante los últimos años”, comentó el representante de la asociación.
En este sentido, Ernesto Muñoz, Director Nacional Provisional y Transitorio (PT) del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), aclaró que las eventuales compensaciones a los afectados se relacionan directamente con el sobreprecio provocado por las empresas coludidas.
El director del organismo agregó que “este fallo constituye un hito histórico en la promoción de la Libre Competencia y la Protección de los Derechos de los Consumidores” y anunció que se estudiará el fallo TDLC para conseguir eventuales compensaciones.
Diversas autoridades han valorado la sanción que el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) aplicó en contra de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, por concepto de colusión, lo que contempla, entre otras medidas, una multa U$60 millones.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, valoró las multas establecidas por el tribunal en contra de estas tres empresas, asegurando que se trata del cartel más grande que se haya desbaratado de la historia en el sistema de la libre competencia, desde su creación en 1959.
Por su parte, ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, remarcó que la capacidad que tuvo la Fiscalía Nacional Económica para detectar y presentar las pruebas en este caso, se relacionan con las modificaciones aprobadas durante la anterior administración de la Presidenta Michelle Bachelet, lo que permitió comprobar, según sus palabras, “la falta más grave en materia de competencia en el país”.
Junto con valorar estos avances en cuanto a la institucionalidad de la Libre Competencia, el jefe de la cartera de economía también reconoció que será complejo el mecanismo para compensar a los consumidores.
“Esto refleja que hemos logrado ir avanzado en materia de institucionalidad y seguridad de la libre competencia, lo que permitió incautar información para comprobar este delito colusión, la falta más grave en competencia de nuestro país. Acá se ha producido un daño a los consumidores y efectivamente hay que analizar las distintas instancias que existen, por ejemplo, para ver cuántos son los consumidores afectados, que por cierto, es algo complejo de determinar”, sostuvo el ministro.
Quienes también valoraron las sanciones aplicadas al denominado “Cartel de Pollos” fue la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile.
Por una parte, valoraron la sanción económica pero a su vez destacaron el hecho de “que se les obligue a las empresas a deshacer la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA)”.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, agregó que estudiarán la sentencia para presentar un recurso que busque compensar a todos los consumidores de pollo, es decir, a casi la totalidad de la población del país.
Un objetivo complejo, advirtió Larenas, si se considera que es imposible demostrar quiénes han comprado pollos durante estos últimos cuatro años.
“Primero, esta sanción es contundente más allá de las multas porque el tribunal exige la disolución de la asociación gremial, lo que servía para repartir las cuotas del mercado, y eso es una señal muy significativa. Segundo, por nuestra parte, estamos estudiando iniciar una acción colectiva en base al fallo y se tiene que apuntar a que sea el conjunto de la sociedad reparada, ya que es totalmente inviable que cada una de las personas demuestre que ha comprado pollo durante los últimos años”, comentó el representante de la asociación.
En este sentido, Ernesto Muñoz, Director Nacional Provisional y Transitorio (PT) del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), aclaró que las eventuales compensaciones a los afectados se relacionan directamente con el sobreprecio provocado por las empresas coludidas.
El director del organismo agregó que “este fallo constituye un hito histórico en la promoción de la Libre Competencia y la Protección de los Derechos de los Consumidores” y anunció que se estudiará el fallo TDLC para conseguir eventuales compensaciones.
Diversas autoridades han valorado la sanción que el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) aplicó en contra de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, por concepto de colusión, lo que contempla, entre otras medidas, una multa U$60 millones.
El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, valoró las multas establecidas por el tribunal en contra de estas tres empresas, asegurando que se trata del cartel más grande que se haya desbaratado de la historia en el sistema de la libre competencia, desde su creación en 1959.
Por su parte, ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, remarcó que la capacidad que tuvo la Fiscalía Nacional Económica para detectar y presentar las pruebas en este caso, se relacionan con las modificaciones aprobadas durante la anterior administración de la Presidenta Michelle Bachelet, lo que permitió comprobar, según sus palabras, “la falta más grave en materia de competencia en el país”.
Junto con valorar estos avances en cuanto a la institucionalidad de la Libre Competencia, el jefe de la cartera de economía también reconoció que será complejo el mecanismo para compensar a los consumidores.
“Esto refleja que hemos logrado ir avanzado en materia de institucionalidad y seguridad de la libre competencia, lo que permitió incautar información para comprobar este delito colusión, la falta más grave en competencia de nuestro país. Acá se ha producido un daño a los consumidores y efectivamente hay que analizar las distintas instancias que existen, por ejemplo, para ver cuántos son los consumidores afectados, que por cierto, es algo complejo de determinar”, sostuvo el ministro.
Quienes también valoraron las sanciones aplicadas al denominado “Cartel de Pollos” fue la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile.
Por una parte, valoraron la sanción económica pero a su vez destacaron el hecho de “que se les obligue a las empresas a deshacer la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA)”.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, agregó que estudiarán la sentencia para presentar un recurso que busque compensar a todos los consumidores de pollo, es decir, a casi la totalidad de la población del país.
Un objetivo complejo, advirtió Larenas, si se considera que es imposible demostrar quiénes han comprado pollos durante estos últimos cuatro años.
“Primero, esta sanción es contundente más allá de las multas porque el tribunal exige la disolución de la asociación gremial, lo que servía para repartir las cuotas del mercado, y eso es una señal muy significativa. Segundo, por nuestra parte, estamos estudiando iniciar una acción colectiva en base al fallo y se tiene que apuntar a que sea el conjunto de la sociedad reparada, ya que es totalmente inviable que cada una de las personas demuestre que ha comprado pollo durante los últimos años”, comentó el representante de la asociación.
En este sentido, Ernesto Muñoz, Director Nacional Provisional y Transitorio (PT) del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), aclaró que las eventuales compensaciones a los afectados se relacionan directamente con el sobreprecio provocado por las empresas coludidas.
El director del organismo agregó que “este fallo constituye un hito histórico en la promoción de la Libre Competencia y la Protección de los Derechos de los Consumidores” y anunció que se estudiará el fallo TDLC para conseguir eventuales compensaciones.
