Comunidades y ambientalistas llaman al Gobierno a salvar Río Achibueno
Durante el próximo mes el Comité de Ministros tendría en tabla el análisis del Proyecto Hidroeléctrico que desde hace más de tres años pretende instalarse en el Río Achibueno de la región del Maule. La iniciativa pasó las pruebas ambientales, sin embargo, ecologistas y grupos sociales insisten en su rechazo por el daño ambiental y turístico que ocasionará. En consecuencia, llaman al gobierno de Michelle Bachelet a desaprobarlo.
Sábado 27 de septiembre 2014 17:36 hrs.
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) declaró Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad al Cajón Río Achibueno y, a principios de este año, el intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, ratificó la determinación del gobierno de impulsar una mesa de trabajo para convertir el mismo lugar en Santuario de la Naturaleza.
Sin embargo, la puesta en marcha de un Proyecto Hidroeléctrico en el corazón de la precordillera de Linares, que fue aprobado por organismos ambientales, mantiene en alerta a organizaciones sociales y ambientalistas que ya se han manifestado luego de su aprobación de Evaluación de Impacto Ambiental.
La instalación del empresario Isidoro Quiroga contempla dos centrales hidroeléctricas de pasada, denominadas El Castillo y Centinela, de una potencia total de 135 Mega Watts con el aprovechamiento de recursos hídricos del Río Achibueno.
El vocero del movimiento “Salvemos el Achibueno”, Eduardo Retamal, adelantó que el miércoles 8 de octubre se reunirá el Comité de Ministros y decidirá la línea de transmisión y futuro de las dos centrales hidroeléctricas que se pretenden intervenir. En dicho encuentro los opositores al proyecto esperan que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla su palabra debido a que el 86 por ciento de los ciudadanos se mostró en contra de este proyecto porque consideraba que no le traía ningún beneficio.
Retamal recapituló que el 13 de septiembre del 2013, en la campaña presidencial la Presidenta Michelle Bachelet visitó el Cajón de Río Achibueno y se comprometió que en su gobierno no iba a aprobar la iniciativa. Todo después que durante cuatro meses el movimiento social le entregara antecedentes técnicos y procedimentales que demostraban los vicios del proyecto.
El líder de “Salvemos el Achibueno” convocó para esa fecha a organizaciones sociales, comunitarias y ambientales a protestar a las afueras del ministerio del Medio Ambiente.
Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, advirtió que las empresas deciden instalar sus proyectos donde para ellos es más beneficioso y esa es la situación de Río Achibueno, que además es una zona ya afectada por los efectos del cambio climático y su sequía.
La ambientalista explicó que cuando se habla de electricidad en Chile no hay una planificación de mediano y largo plazo, más allá de que el ministro Máximo Pacheco trate de hacerla, el Estado no tiene instrumentos legales para llevarla a cabo. Por lo tanto, son las empresas las que definen dónde, cuándo, cómo y con qué tecnología instalan los proyectos grandes, chicos, medianos, de cualquier tipo.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, coincide con Flavia Liberona en que se le ha transferido mucho poder a las empresas privadas, al punto que prácticamente ellas desarrollan las políticas energéticas del país.
Cuenca criticó que muchas veces las empresas van en contra de los derechos de las comunidades de las regiones y localidades donde se va a construir el proyecto, lo que es una señal de que el sistema democrático no está funcionando y se están tomando decisiones en contra de la voluntad de la gente. De este modo, el director de OLCA indicó que esto no puede seguir pasando ni en la minería, ni en lo forestal, ni en lo energético, ni otros sectores donde las determinaciones económicas se toman en Santiago y quienes sufren los impactos finalmente son las regiones.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, opinó que en casos como Achibueno, los gobiernos han priorizado los intereses de los inversionistas, basados en los derechos de agua que puedan tener sobre la cuenca. No obstante, en la actual administración, el Ministro Pacheco ha establecido mesas de trabajo para el ordenamiento territorial y ver cuáles fuentes hídricas van a ser protegidas y cuáles no.
La ecologista identificó un problema estructural del marco legal chileno del Código de Aguas y de la Ley General de Servicios Eléctricos en lo que se refiere a concesiones. Para ella, eso debe cambiar y no puede seguir siendo impuesto porque, a su juicio, el desarrollo energético del país y lo que se haga en los territorios tiene que representar los intereses y prioridades de desarrollo de la región y sus municipios.
En efecto, Sara Larraín recomendó al gobierno hacer borrón y cuenta nueva y someter a plebiscito u opinión de las personas los distintos proyectos que se han aprobado o que se tienen que aprobar.
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) declaró Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad al Cajón Río Achibueno y, a principios de este año, el intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, ratificó la determinación del gobierno de impulsar una mesa de trabajo para convertir el mismo lugar en Santuario de la Naturaleza.
Sin embargo, la puesta en marcha de un Proyecto Hidroeléctrico en el corazón de la precordillera de Linares, que fue aprobado por organismos ambientales, mantiene en alerta a organizaciones sociales y ambientalistas que ya se han manifestado luego de su aprobación de Evaluación de Impacto Ambiental.
La instalación del empresario Isidoro Quiroga contempla dos centrales hidroeléctricas de pasada, denominadas El Castillo y Centinela, de una potencia total de 135 Mega Watts con el aprovechamiento de recursos hídricos del Río Achibueno.
El vocero del movimiento “Salvemos el Achibueno”, Eduardo Retamal, adelantó que el miércoles 8 de octubre se reunirá el Comité de Ministros y decidirá la línea de transmisión y futuro de las dos centrales hidroeléctricas que se pretenden intervenir. En dicho encuentro los opositores al proyecto esperan que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla su palabra debido a que el 86 por ciento de los ciudadanos se mostró en contra de este proyecto porque consideraba que no le traía ningún beneficio.
Retamal recapituló que el 13 de septiembre del 2013, en la campaña presidencial la Presidenta Michelle Bachelet visitó el Cajón de Río Achibueno y se comprometió que en su gobierno no iba a aprobar la iniciativa. Todo después que durante cuatro meses el movimiento social le entregara antecedentes técnicos y procedimentales que demostraban los vicios del proyecto.
El líder de “Salvemos el Achibueno” convocó para esa fecha a organizaciones sociales, comunitarias y ambientales a protestar a las afueras del ministerio del Medio Ambiente.
Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, advirtió que las empresas deciden instalar sus proyectos donde para ellos es más beneficioso y esa es la situación de Río Achibueno, que además es una zona ya afectada por los efectos del cambio climático y su sequía.
La ambientalista explicó que cuando se habla de electricidad en Chile no hay una planificación de mediano y largo plazo, más allá de que el ministro Máximo Pacheco trate de hacerla, el Estado no tiene instrumentos legales para llevarla a cabo. Por lo tanto, son las empresas las que definen dónde, cuándo, cómo y con qué tecnología instalan los proyectos grandes, chicos, medianos, de cualquier tipo.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, coincide con Flavia Liberona en que se le ha transferido mucho poder a las empresas privadas, al punto que prácticamente ellas desarrollan las políticas energéticas del país.
Cuenca criticó que muchas veces las empresas van en contra de los derechos de las comunidades de las regiones y localidades donde se va a construir el proyecto, lo que es una señal de que el sistema democrático no está funcionando y se están tomando decisiones en contra de la voluntad de la gente. De este modo, el director de OLCA indicó que esto no puede seguir pasando ni en la minería, ni en lo forestal, ni en lo energético, ni otros sectores donde las determinaciones económicas se toman en Santiago y quienes sufren los impactos finalmente son las regiones.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, opinó que en casos como Achibueno, los gobiernos han priorizado los intereses de los inversionistas, basados en los derechos de agua que puedan tener sobre la cuenca. No obstante, en la actual administración, el Ministro Pacheco ha establecido mesas de trabajo para el ordenamiento territorial y ver cuáles fuentes hídricas van a ser protegidas y cuáles no.
La ecologista identificó un problema estructural del marco legal chileno del Código de Aguas y de la Ley General de Servicios Eléctricos en lo que se refiere a concesiones. Para ella, eso debe cambiar y no puede seguir siendo impuesto porque, a su juicio, el desarrollo energético del país y lo que se haga en los territorios tiene que representar los intereses y prioridades de desarrollo de la región y sus municipios.
En efecto, Sara Larraín recomendó al gobierno hacer borrón y cuenta nueva y someter a plebiscito u opinión de las personas los distintos proyectos que se han aprobado o que se tienen que aprobar.
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) declaró Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad al Cajón Río Achibueno y, a principios de este año, el intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, ratificó la determinación del gobierno de impulsar una mesa de trabajo para convertir el mismo lugar en Santuario de la Naturaleza.
Sin embargo, la puesta en marcha de un Proyecto Hidroeléctrico en el corazón de la precordillera de Linares, que fue aprobado por organismos ambientales, mantiene en alerta a organizaciones sociales y ambientalistas que ya se han manifestado luego de su aprobación de Evaluación de Impacto Ambiental.
La instalación del empresario Isidoro Quiroga contempla dos centrales hidroeléctricas de pasada, denominadas El Castillo y Centinela, de una potencia total de 135 Mega Watts con el aprovechamiento de recursos hídricos del Río Achibueno.
El vocero del movimiento “Salvemos el Achibueno”, Eduardo Retamal, adelantó que el miércoles 8 de octubre se reunirá el Comité de Ministros y decidirá la línea de transmisión y futuro de las dos centrales hidroeléctricas que se pretenden intervenir. En dicho encuentro los opositores al proyecto esperan que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla su palabra debido a que el 86 por ciento de los ciudadanos se mostró en contra de este proyecto porque consideraba que no le traía ningún beneficio.
Retamal recapituló que el 13 de septiembre del 2013, en la campaña presidencial la Presidenta Michelle Bachelet visitó el Cajón de Río Achibueno y se comprometió que en su gobierno no iba a aprobar la iniciativa. Todo después que durante cuatro meses el movimiento social le entregara antecedentes técnicos y procedimentales que demostraban los vicios del proyecto.
El líder de “Salvemos el Achibueno” convocó para esa fecha a organizaciones sociales, comunitarias y ambientales a protestar a las afueras del ministerio del Medio Ambiente.
Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, advirtió que las empresas deciden instalar sus proyectos donde para ellos es más beneficioso y esa es la situación de Río Achibueno, que además es una zona ya afectada por los efectos del cambio climático y su sequía.
La ambientalista explicó que cuando se habla de electricidad en Chile no hay una planificación de mediano y largo plazo, más allá de que el ministro Máximo Pacheco trate de hacerla, el Estado no tiene instrumentos legales para llevarla a cabo. Por lo tanto, son las empresas las que definen dónde, cuándo, cómo y con qué tecnología instalan los proyectos grandes, chicos, medianos, de cualquier tipo.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, coincide con Flavia Liberona en que se le ha transferido mucho poder a las empresas privadas, al punto que prácticamente ellas desarrollan las políticas energéticas del país.
Cuenca criticó que muchas veces las empresas van en contra de los derechos de las comunidades de las regiones y localidades donde se va a construir el proyecto, lo que es una señal de que el sistema democrático no está funcionando y se están tomando decisiones en contra de la voluntad de la gente. De este modo, el director de OLCA indicó que esto no puede seguir pasando ni en la minería, ni en lo forestal, ni en lo energético, ni otros sectores donde las determinaciones económicas se toman en Santiago y quienes sufren los impactos finalmente son las regiones.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, opinó que en casos como Achibueno, los gobiernos han priorizado los intereses de los inversionistas, basados en los derechos de agua que puedan tener sobre la cuenca. No obstante, en la actual administración, el Ministro Pacheco ha establecido mesas de trabajo para el ordenamiento territorial y ver cuáles fuentes hídricas van a ser protegidas y cuáles no.
La ecologista identificó un problema estructural del marco legal chileno del Código de Aguas y de la Ley General de Servicios Eléctricos en lo que se refiere a concesiones. Para ella, eso debe cambiar y no puede seguir siendo impuesto porque, a su juicio, el desarrollo energético del país y lo que se haga en los territorios tiene que representar los intereses y prioridades de desarrollo de la región y sus municipios.
En efecto, Sara Larraín recomendó al gobierno hacer borrón y cuenta nueva y someter a plebiscito u opinión de las personas los distintos proyectos que se han aprobado o que se tienen que aprobar.
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