El presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, convocó hoy una consulta para el 9 de noviembre para que los ciudadanos decidan sobre la soberanía en esta región, iniciativa que el Gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que no se ajusta a la ley.
La convocatoria de la consulta fue una promesa de CiU, partido nacionalista que gobierna en Cataluña (noreste), durante las elecciones regionales de 2012, y apoyada por otros partidos independentistas y organizaciones sociales.
Mas aseguró hoy que la firma del decreto, realizada en un acto solemne en la sede del Gobierno regional, marca un “antes y un después”, pero a la vez mantuvo la mano tendida al Gobierno de España para negociar las condiciones de la consulta.
Defendió que la convocatoria es “constitucional”, por lo que pidió al Ejecutivo de Mariano Rajoy que sea “respetada”, porque es, a su juicio, la “mejor manera” para poder conocer la opinión de los catalanes sobre su futuro político.
“Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada y quiere votar”, dijo su presidente.
Sin embargo, minutos después la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó “profundamente” la convocatoria y aseguró que “no se va a celebrar porque es inconstitucional”.
La vicepresidenta dijo que esta convocatoria “fractura a la sociedad catalana y les aleja de Europa”.
Ante las palabras del presidente catalán tendiendo la mano al Gobierno para negociar las condiciones de la consulta, la vicepresidenta afirmó que el Ejecutivo español “siempre” ha estado dispuesto al diálogo pero en el marco de la ley y la democracia.
Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado al Consejo de Estado un informe para la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña y la ley que la ampara.
El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, tiene un plazo de 48 horas, explicó la vicepresidenta, lo que permitirá al Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, disponer de ellos en la reunión extraordinaria que celebrará el lunes para acordar la presentación de los recursos.
Los recursos que presentará la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno, incluyen la petición de suspensión de la ley, que será “automática” en el momento en el que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso.
Sáenz de Santamaría recalcó en su intervención que, una vez suspendida la ley y la convocatoria de la consulta, “no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarla, a continuarla o a que surta efecto”.
El decreto de convocatoria aprobado por el Ejecutivo catalán incluye la doble pregunta que acordaron el pasado diciembre los partidos políticos partidarios de la consulta.
El presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, convocó hoy una consulta para el 9 de noviembre para que los ciudadanos decidan sobre la soberanía en esta región, iniciativa que el Gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que no se ajusta a la ley.
La convocatoria de la consulta fue una promesa de CiU, partido nacionalista que gobierna en Cataluña (noreste), durante las elecciones regionales de 2012, y apoyada por otros partidos independentistas y organizaciones sociales.
Mas aseguró hoy que la firma del decreto, realizada en un acto solemne en la sede del Gobierno regional, marca un “antes y un después”, pero a la vez mantuvo la mano tendida al Gobierno de España para negociar las condiciones de la consulta.
Defendió que la convocatoria es “constitucional”, por lo que pidió al Ejecutivo de Mariano Rajoy que sea “respetada”, porque es, a su juicio, la “mejor manera” para poder conocer la opinión de los catalanes sobre su futuro político.
“Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada y quiere votar”, dijo su presidente.
Sin embargo, minutos después la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó “profundamente” la convocatoria y aseguró que “no se va a celebrar porque es inconstitucional”.
La vicepresidenta dijo que esta convocatoria “fractura a la sociedad catalana y les aleja de Europa”.
Ante las palabras del presidente catalán tendiendo la mano al Gobierno para negociar las condiciones de la consulta, la vicepresidenta afirmó que el Ejecutivo español “siempre” ha estado dispuesto al diálogo pero en el marco de la ley y la democracia.
Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado al Consejo de Estado un informe para la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña y la ley que la ampara.
El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, tiene un plazo de 48 horas, explicó la vicepresidenta, lo que permitirá al Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, disponer de ellos en la reunión extraordinaria que celebrará el lunes para acordar la presentación de los recursos.
Los recursos que presentará la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno, incluyen la petición de suspensión de la ley, que será “automática” en el momento en el que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso.
Sáenz de Santamaría recalcó en su intervención que, una vez suspendida la ley y la convocatoria de la consulta, “no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarla, a continuarla o a que surta efecto”.
El decreto de convocatoria aprobado por el Ejecutivo catalán incluye la doble pregunta que acordaron el pasado diciembre los partidos políticos partidarios de la consulta.
El presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, convocó hoy una consulta para el 9 de noviembre para que los ciudadanos decidan sobre la soberanía en esta región, iniciativa que el Gobierno español recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que no se ajusta a la ley.
La convocatoria de la consulta fue una promesa de CiU, partido nacionalista que gobierna en Cataluña (noreste), durante las elecciones regionales de 2012, y apoyada por otros partidos independentistas y organizaciones sociales.
Mas aseguró hoy que la firma del decreto, realizada en un acto solemne en la sede del Gobierno regional, marca un “antes y un después”, pero a la vez mantuvo la mano tendida al Gobierno de España para negociar las condiciones de la consulta.
Defendió que la convocatoria es “constitucional”, por lo que pidió al Ejecutivo de Mariano Rajoy que sea “respetada”, porque es, a su juicio, la “mejor manera” para poder conocer la opinión de los catalanes sobre su futuro político.
“Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada y quiere votar”, dijo su presidente.
Sin embargo, minutos después la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó “profundamente” la convocatoria y aseguró que “no se va a celebrar porque es inconstitucional”.
La vicepresidenta dijo que esta convocatoria “fractura a la sociedad catalana y les aleja de Europa”.
Ante las palabras del presidente catalán tendiendo la mano al Gobierno para negociar las condiciones de la consulta, la vicepresidenta afirmó que el Ejecutivo español “siempre” ha estado dispuesto al diálogo pero en el marco de la ley y la democracia.
Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado al Consejo de Estado un informe para la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña y la ley que la ampara.
El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, tiene un plazo de 48 horas, explicó la vicepresidenta, lo que permitirá al Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy, disponer de ellos en la reunión extraordinaria que celebrará el lunes para acordar la presentación de los recursos.
Los recursos que presentará la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno, incluyen la petición de suspensión de la ley, que será “automática” en el momento en el que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso.
Sáenz de Santamaría recalcó en su intervención que, una vez suspendida la ley y la convocatoria de la consulta, “no puede llevarse a cabo ninguna actuación tendente a ejecutarla, a continuarla o a que surta efecto”.
El decreto de convocatoria aprobado por el Ejecutivo catalán incluye la doble pregunta que acordaron el pasado diciembre los partidos políticos partidarios de la consulta.
