Agradezco esta invitación para referirme al libro “Vuestros Nombres, Valientes Soldados: la brecha en derechos y privilegios que separa a civiles de militares”, editado por Ediciones Radio Universidad de Chile, basado en una investigación que corresponde a la memoria de título de la periodista Catalina Gaete que, en opinión de su profesor guía Juan Pablo Cárdenas, “le ha permitido concluir con brillantez sus estudios de periodismo en la Universidad de Chile” así como también señala que “es una profesional promisoria por su lucidez y rigurosidad”.

Para mí es muy grata la tarea de buscar ser un aporte en esta temática en base a, por una parte, mi experiencia de 44 años en el Ejército, pero por sobre todo por el conocimiento fundado que adquirí al haber ejercido el cargo de Jefe de Estado Mayor y Comandante en Jefe del Ejército en un periodo donde se llevó a cabo parte importante del proceso de modernización de una institución que necesitaba transitar desde las funciones alejadas del quehacer castrense ejercidas en el gobierno militar, hacia la normalización de su quehacer profesional subordinado a la política y orientado a las misiones constitucionales. Adicionalmente, mi mirada y aporte se fundamentan también en mi calidad de Doctor en Ciencia Política y Sociología y con ello en mi trabajo como investigador de diferentes realidades en el plano internacional, desde la teoría y la práctica, que me ha llevado a conocer Ejércitos de más de 40 países con experiencias muy distintas y que me permite proporcionar una visión de análisis comparativo que estimo vital en un estudio de esta naturaleza.

Creo importante la iniciativa y el interés de Catalina Gaete por asumir una investigación referida a una institución que nace junto a la patria y que se inscribe dentro de la tradición republicana chilena. Comparto con ella el propósito que manifiesta en el sentido que la sociedad, toda, sin exclusiones de ningún sector, está llamada a conocer las características, organización, quehacer, historia y formas de actuar que marcan la vida de las Fuerzas Armadas -y particularmente del Ejército- lo cual no suele suceder y que permite la apertura de un espacio valioso para aportar con objetividad a tan loable propósito. Nuestro país debe resolver la apatía que lleva a vastos sectores a desconocer la realidad de instituciones del Estado. A su vez, los órganos como Ejércitos, Parlamento, Poder Judicial y otros, deben trabajar para dar mayor visibilidad a su realidad sin que existan, más allá de las propias reservas de seguridad, niveles de secretismo o protección de lo que constituye el quehacer de Instituciones de la República.

Al respecto, mi principal tarea al mando del Ejército se orientó a lo que sintéticamente resumí como “asegurar que el Ejército fuera percibido como patrimonio de todos los chilenos”. Había que cambiar la situación que el Ejército era cercano a quienes habían apoyado al Gobierno Militar y estaba lejano o se sentía adversario de quienes habían sido opositores al Gobierno Militar.

En ese contexto, en múltiples oportunidades la institución, sobre todo a partir de 1998, ha reforzado su doctrina de ser parte integrante de la sociedad civil donde no aspira a privilegios, muy por el contrario, explicita la necesidad de eficiencia, pero al mismo tiempo de ser respetada y querida por parte de sus conciudadanos. En mi concepto de mando para el periodo 2002-2006 que dio origen a innumerables acciones orientadas a tal fin, hay algunos párrafos que marcan el quehacer institucional y que se vinculan directamente al tema central que quiero abordar en esta presentación. Procedo a citarlos ya que a los lectores del libro podría surgirles la duda, atendida la fundamentación que hace la autora de ciertos aspectos, que en el Ejército subyacería hasta hoy y generalizadamente una visión de privilegiar el compartimento estanco con una sociedad de la cual no se siente parte y a la cual subordina a sus intereses particulares, aspirando o fomentando privilegios que los benefician en una visión corporativa de carácter excluyente y cerrada. Pienso que no debe ser la intención de la autora y menos es la realidad del Ejército. Conforme a lo anterior buscaré detallar este punto con algunas definiciones oficiales y plenamente vigentes, como asimismo comprobables.

En la Página 44 del “Concepto de Mando 2002-2006” aprobado por todo el mando del Ejército y presentado a las autoridades políticas de la época, establezco que “el Ejército no está ni sobre ni bajo la sociedad; está en la sociedad. No es una institución libre de críticas ni juicios de valor. En otra parte del mismo párrafo, establezco que “los fenómenos del pasado” no los podemos cambiar, tenemos que vivir con ello como testimonio y hacerlo útil en el presente para así proyectarlo debidamente en el futuro. No obstante, sí podemos buscar la reparación de los errores personales y asumirlos juntos con el Estado”.

Creo que estas afirmaciones desmitifican la visión que me queda al leer parte del libro donde pareciera que el Ejército constituiría una fuerza indiferente a la realidad de Chile, pretendiendo erguirse con principios y valores ajenos a éstas y, es más, negándolos o asumiendo la supremacía de estos valores propios. Realmente estimo que en los hechos esto se desvirtúa al haber abandonado el Ejército hace mucho tiempo esa visión propia de un período de excepcionalidad en su actuar. Las defensas corporativas y la valoración de supremacía a las que en algunas partes del libro se hace referencia, no son tales en una institución que se ha subordinado al poder político en forma ejemplar, como es reconocido a todo nivel y que además ha sido actor de cambios como el producido con la eliminación de los enclaves autoritarios que le fueron otorgados, lo que yo denomine un “protagonismo impropio”. Ello se protocolizó con las numerosas y trascendentes reformas en ese sentido en la Constitución de 2005, donde fuimos actores importantes para llegar a concretarlas. Es más, en el mismo texto del Concepto resumo nuestra visión y explicito que “el Ejército está en y con la sociedad chilena”, lo que da cuenta de una pertenencia inclusiva a la sociedad, alejada de toda pretensión de protagonismo, privilegio o tutela militar.

La investigación, que es rica en antecedentes de carácter histórico y administrativo como también normativo, estimo aporta antecedentes muy valiosos referidos a datos. Creo que dado el periodo histórico y coyuntural que significó el Gobierno Militar, se encuentran, a mi juicio, muy marcados por una visión que sugiere que, de esa excepcionalidad, durante estos últimos 40 años nada ha cambiado. Esa visión estática que trasunta la investigación, estimo desconoce y no profundiza en relación a los avances y claras definiciones al respecto. El mismo concepto de mando antes mencionado concreta: “hay que establecer que el Ejército de Chile no es heredero político del gobierno militar (…) su defensa no nos corresponde porque es una materia política”.

Y en relación a los Derechos Humanos, que en el texto aparecen como un capitulo donde se trasunta una supuesta indiferencia e incluso una falta de cooperación del Ejército con respecto a la materia, ya el año 2002 se establecía institucionalmente: “no podemos dudar de las intenciones de muchos familiares que debieron lamentar la pérdida de un ser querido; cuestionar permanentemente sus propósitos elimina con soberbia la posibilidad que tan solo uno de ellos este motivado por la justa reparación y el humano deseo de conocer la verdad; y esto sería contrario a nuestra formación moral”. Debo agregar, que esta declaración de principios estuvo acompañada de acciones concretas como la entrega de documentos a los Tribunales de Justicia, satisfaciendo todos sus requerimientos, y las conocidas, pero soslayadas en este libro, expresiones formales del “Nunca Más” y el reconocimiento de la “responsabilidad institucional en los hechos y delitos que vulneraron los derechos humanos” junto a la reformulación de la inteligencia, el cierre de sus unidades, como asimismo, la amplia educación en programas integrales de derechos humanos donde con propiedad puedo decir que el requisito exigible de no repetición, propio de los hechos traumáticos de las transiciones en Chile, está asegurado. Al respecto, hay consenso mayoritario que el Ejército ha sido actor para que en Chile la impunidad se haya rechazado y en cambio se ha optado por obtener y seguir obteniendo verdad, justicia, reparación, seguridad en la no repetición y obtención de importantes cuotas de reconciliación donde, a no dudar, existen caminos a recorrer y profundizar. De allí que en la investigación, cuando se trata el tema, pienso que habría sido interesante ampliar la información a estos aspectos que dan contenido al tratamiento de esta tragedia nacional que nos ha tocado vivir como sociedad y donde el Ejército ha sido actor en la búsqueda de verdad, justicia, reparación, memoria, así como en brindar seguridad de no repetición.

Esa política institucional está plenamente vigente. Al respecto, recientemente en una entrevista al Diario La Tercera (domingo 28 de septiembre), el Comandante en Jefe del Ejército, General Humberto Oviedo, estableció: “Quiero ser enfático en decir que efectivamente, y me hago responsable, no tenemos pactos de silencio, porque eso no se condice en la forma en cómo nosotros llevamos la disciplina. No podríamos ser nosotros, tampoco, obstaculizadores de requerimientos que nos haga el Poder Judicial o la autoridad que corresponda. Si el Ejército amparara ese tipo de pactos o alianzas, desnaturalizaría y deslegitimaría su función. En esta institución no hay cabida para eso. Ahora, si hay más requerimientos y si nosotros podemos perfeccionar la relación con los ministros en visita, lo vamos a hacer. Y de hecho hemos trabajado conjuntamente con ellos para poder optimizar la relación técnica que hay muchas veces de nuestra auditoría o de las personas que llevan esto para que el lenguaje incluso sea más fácil y no tengamos que tener procesos regresivos, en eso estamos dispuestos. Porque yo creo en que mejoremos eso, va a ir en consonancia con lo que dijo el presidente de la Corte Suprema: que esto se apure, pero con calidad. Y eso es muy importante.”

Los planteamientos anteriores buscan hacer juicio realidad, que creo importante para el efecto y propósito de esta investigación, con la cual concuerdo y felicito en su propósito, pero pienso que dada su complejidad requiere abrir nuevos espacios que lleven a un aporte de mayor amplitud. No es lo mismo abordar tan importante tema desde una visión parcial marcada por fuertes hechos de la coyuntura del pasado difícil de comprender, que desde una visión de la realidad que se ha ido construyendo en un complejo escenario.

Creo que los militares y otros estamentos tenemos responsabilidad en cuanto a la difusión incompleta de los grandes cambios que se han producido al interior del Ejército, en el Estado y en la sociedad. Al respecto, para el periodismo de investigación se abre un espacio para conocer el tránsito del Ejército de la excepcionalidad antidemocrática, al Ejército de la normalidad que considero está plenamente asegurada. En efecto,  la prueba de ese logro de todos es la valoración de confianza de nuestros conciudadanos que ubica al Ejército en los primeros niveles del país. A su vez, siempre he pensado que los militares somos poco dedicados a publicar y difundir acciones en las que hemos tenido roles en períodos importantes de la historia. Al mismo tiempo, al Ejército se le hace complejo entregar adecuada y oportunamente antecedentes que faciliten investigaciones en temas como el que trata el libro. Hay allí un espacio para avanzar en aportar antecedentes que puedan mejorar el conocimiento ciudadano de su Ejército.

La hipótesis central de Catalina Gaete, es que existe una brecha profunda en derechos y privilegios dentro de las Fuerzas Armadas y particularmente en el Ejército, que separaría a los civiles de los militares. Para probar su hipótesis aborda temas de organización, escalafones, educación, bienestar, financiamiento, justicia militar, temas de género, normas administrativas de jubilación, pensiones, salud, vivienda, requisitos de acceso, procesos de admisión, viviendas fiscales, matrimonios entre otros. La recopilación de información es amplia y en general da cuenta de realidades que tipifican, sin entrar exhaustivamente en un análisis, las particularidades de cada una. Presenta realidades  basadas en la información a la que se tuvo acceso. La variedad y amplitud de la misma impide abordar pormenorizadamente cada una.

Concuerdo con la iniciativa de un catastro de esta naturaleza ya que me parece vital que no exista, a niveles de una sociedad, privilegios distorsionadores para ningún estamento. Pienso que era vital al principio de la investigación, definir metodológicamente qué constituye una verdadera distorsión al nivel de privilegio que separa. En efecto, no toda distorsión y diferencia son sinónimas. Puede haber regímenes especiales de carácter necesario, lícitos, lógicos, aceptables por la sociedad que no separan y otros, que por el contrario, son privilegios que no tienen fundamento, son muchas veces ilícitos y no nacen de forma democrática y por tanto violentan o separan.

La  inexistencia de esa conceptualización en el análisis y la ausencia de una revisión de parámetros diferenciadores me parece llevan, en varios de los casos que se presentan, a confundir dos tipos de diferencias, las de carácter normal y aceptables y las de carácter anormal o inadecuadas y rechazadas que tienen los Ejércitos en sus formas de actuar, organización, educación y otros temas. Eso, a mi juicio, hace aparecer en el libro ciertas distorsiones que, presentadas como tal, no lo serían y que por lo tanto son comprendidas por la sociedad sin que ello produzca rechazo o fractura. Eso permite explicarse porque las Fuerzas Armadas en los hechos, por una parte, son percibidas como las instituciones más cercanas a la ciudadanía y de mayor confianza.

Básicamente, mi sugerencia es que este trabajo ganaría mucho si las llamadas “desigualdades” fueran analizadas buscando aquellas que realmente producen inequidad y otras que efectivamente obedecen a las especificidades de la función militar, las que lamentablemente no aparecen bien argumentadas en las entrevistas realizadas por la investigadora. Asimismo pienso que fuentes de otro tipo podrán aportar antecedentes de mayor profundidad. Con todo, estimo muy importante el recuento realizado y la intención de investigar, lo que a mi juicio exige profundizar en relación al tema, para lo cual me permito entregar 5 vertientes donde se podría avanzar, además de la metodología ya sugerida:

1. Creo conveniente mejorar la argumentación de la especificidad militar; ella no obedece a privilegios y es propia de la función castrense. A manera de ejemplo, los militares, no por intereses o privilegios, se retiran antes que la administración pública, lo que en los hechos los perjudica. Por el contrario, el quehacer militar exige, como en todos los países del mundo, una edad en que lamentablemente se deja de ser útil y eficiente para el cumplimiento para las tareas propias del servicio.

2. La carrera militar presupone la existencia de escalafones separados de oficiales y suboficiales con funciones concretas e importantes para ambos, pero donde no se encuentra como fundamento la exclusión social, sino que el dominio de ciertas competencias y capacidades, como asimismo de una determinada vocación para cada cual, lo que reconocen todos los Ejércitos del mundo.

3. Al respecto, para la investigación habría sido muy importante que cada privilegio supuestamente nacional hubiera sido comparado con la realidad internacional o con alguna de ellas. En esa línea, puedo afirmar que en muchas de  las materias trascedentes que trata el libro las formas de resolverlas en Chile no son diferentes a las de Gran Bretaña, Francia, Cuba, Estados Unidos, Egipto, Israel o China.

4. En la comparación de supuestos desequilibrios, me parece que un análisis de la realidad del Estado de Chile marcaría que la gran brecha que se hace aparecer para el Ejército es la de menor nivel que existe en el país, tanto en temas de educación, sueldos, salud, previsión y otros. A modo de ejemplo: el sueldo del Comandante en Jefe del Ejército que es de $3.821.343 se compara con el del cabo que es de $484.023; a diferencia con otra institución estatal como lo es el Banco del Estado, cuyo presidente tiene una remuneración total de $169.197.107, lo que mensualmente significa $14.099.758, que si se compara con el sueldo mínimo de personal que se encuentra en $ 225.000 se observa una brecha muy distinta  a  la mencionada en relación a las Fuerzas Armadas, que por cierto es la menor de la administración pública y a qué decir del sector privado. Con todas las diferencias del sistema previsional que puedan existir, debe dejarse constancia que en el Ejército los imponentes lo hacen a lo largo de toda su vida, sin ninguna laguna, mientras que, como indica la comisión Marcel, el promedio de lagunas en los otros sectores es superior al 50%. Lógicamente la base imponible es diferente entre quien cotiza sin interrupciones y quien la mitad de su vida laboral no lo hace.

5. El libro presenta históricamente y hasta la actualidad, una representación oligárquica y clasista de los niveles de mando, y especialmente de los oficiales, en desmedro de la suboficialidad.  Puedo afirmar con conocimiento, que en los cuadros de oficiales del Ejército chileno prácticamente no hay representantes de familias que se identifiquen con la denominada oligarquía a la que se hace referencia, tampoco provienen de los sectores empresariales, menos hijos de la clase política; tampoco conforman sus cuadros, jóvenes provenientes de las colonias más influyentes y poderosas de Chile. En síntesis, tanto la oficialidad como la suboficialidad provienen de estratos populares y de la creciente clase media emergente del país. En otra vertiente, cabe destacar que las Fuerzas Armadas tal vez son las únicas instituciones donde se hace realidad lo que plantea la Presidenta Michelle Bachelet que “las mujeres deben tener a igual pega, igual pago”, lo que dista de una visión que en algunas partes del libro hace aparecer como discriminaciones para las mujeres al interior del Ejército.

Termino mis palabras felicitando una investigación de esta naturaleza y valorando el esfuerzo de Catalina, como asimismo suscribiendo la importancia de velar para que desequilibrios ni otras circunstancia separen a civiles de militares. Ello, a mi juicio, hace necesario profundizar en los diversos ámbitos donde se necesita una retroalimentación que aporte información de mayor contenido a esta temática tan compleja. Ese debería ser un compromiso en el que estamos al debe como sociedad. Sintetizando la visión que impera hace años en el Ejército, rescato de mi Concepto de Mando compartido por toda la institución que: “Nosotros no somos los guardianes de la sociedad”. Considero que esta declaración es fundamental porque la naturaleza de la misión del Ejército demanda el apoyo de sus compatriotas por lo que ninguna barrera o privilegio debe separarlos de una sociedad de la cual los integrantes de la Institución son parte y menos que el Ejército o su personal sienta que conforma una clase especial a la que le están reservados cuotas de poder o beneficios impropios. De allí la necesidad de profundizar, perfeccionar y ampliar la temática en la difícil tarea que constituye el periodismo de investigación.

• Juan Emilio Cheyre es Director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Como General de Ejército fue Comandante en Jefe del Ejército de Chile en el período 2002-2006.