Este martes un bebé de nueve meses, de padres bolivianos, falleció en Arica por no recibir atención médica.
A horas de la madrugada, el lactante presentaba un cuadro diarreico, por lo que sus padres lo llevaron hasta la posta de Sobraya. No obstante, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Juan Noé, centro asistencial donde, según las denuncias de los padres, no fueron atendidos porque no tenían los 30 mil pesos que se les cobraba.
Ante la negativa, los padres del menor, Verónica Limarí Quispe y Wilmer Choque Ayno, debieron dirigirse hasta la posta San Miguel de Azapa.
Según el director del Departamento de Salud Municipal (Desamu), Eduardo Gutiérrez, en la posta rural de Sobraya se le prestó la atención oportuna al bebé y éste habría ingresado sin signos vitales durante esta madrugada a la Posta de San Miguel de Azapa.
De este modo, Gutiérrez defendió que “la ley señala que en los servicios de urgencia hospitalarios no se puede negar la atención a niños menores de un año y mujeres embarazadas, por lo que será la Fiscalía la que deberá aclarar que fue lo pasó realmente, pero aclaro que en la atención primaria rural se le prestó en todo momento la ayuda a este menor que la ley y los protocolos nos facultan”.
Distinto es el punto de vista del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que condenó el hecho puesto que los migrantes, aún en condiciones irregulares, tienen derecho al acceso a atención de urgencia y sobre todo, una atención permanente cuando se trata de mujeres embarazadas, después del embarazo y hasta los dos años de vida.
La directora del Instituto, Lorena Fries, señaló que Chile se va a tener que acostumbrar a su diversidad y por lo tanto, no debe haber ciudadanos descartables.
Claramente hay un sesgo en este caso, más que por una actitud o conducta personal de los implicados, tiene que ver con la falta de una legislación que establezca que los migrantes, cualquiera sea su situación, tienen un mínimo de derechos asegurados y, entre esos, está la urgencia frente a situaciones de salud” dijo la directora de INDH.
Lorena Fries, llamó a las autoridades locales a investigar para conocer con exactitud lo que ocurrió en este caso, y a nivel nacional, al Ejecutivo y a los legisladores a avanzar rápidamente hacia una legislación integral que asegure un mínimo de derechos económicos y sociales a las personas migrantes.
Este martes un bebé de nueve meses, de padres bolivianos, falleció en Arica por no recibir atención médica.
A horas de la madrugada, el lactante presentaba un cuadro diarreico, por lo que sus padres lo llevaron hasta la posta de Sobraya. No obstante, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Juan Noé, centro asistencial donde, según las denuncias de los padres, no fueron atendidos porque no tenían los 30 mil pesos que se les cobraba.
Ante la negativa, los padres del menor, Verónica Limarí Quispe y Wilmer Choque Ayno, debieron dirigirse hasta la posta San Miguel de Azapa.
Según el director del Departamento de Salud Municipal (Desamu), Eduardo Gutiérrez, en la posta rural de Sobraya se le prestó la atención oportuna al bebé y éste habría ingresado sin signos vitales durante esta madrugada a la Posta de San Miguel de Azapa.
De este modo, Gutiérrez defendió que “la ley señala que en los servicios de urgencia hospitalarios no se puede negar la atención a niños menores de un año y mujeres embarazadas, por lo que será la Fiscalía la que deberá aclarar que fue lo pasó realmente, pero aclaro que en la atención primaria rural se le prestó en todo momento la ayuda a este menor que la ley y los protocolos nos facultan”.
Distinto es el punto de vista del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que condenó el hecho puesto que los migrantes, aún en condiciones irregulares, tienen derecho al acceso a atención de urgencia y sobre todo, una atención permanente cuando se trata de mujeres embarazadas, después del embarazo y hasta los dos años de vida.
La directora del Instituto, Lorena Fries, señaló que Chile se va a tener que acostumbrar a su diversidad y por lo tanto, no debe haber ciudadanos descartables.
Claramente hay un sesgo en este caso, más que por una actitud o conducta personal de los implicados, tiene que ver con la falta de una legislación que establezca que los migrantes, cualquiera sea su situación, tienen un mínimo de derechos asegurados y, entre esos, está la urgencia frente a situaciones de salud” dijo la directora de INDH.
Lorena Fries, llamó a las autoridades locales a investigar para conocer con exactitud lo que ocurrió en este caso, y a nivel nacional, al Ejecutivo y a los legisladores a avanzar rápidamente hacia una legislación integral que asegure un mínimo de derechos económicos y sociales a las personas migrantes.
Este martes un bebé de nueve meses, de padres bolivianos, falleció en Arica por no recibir atención médica.
A horas de la madrugada, el lactante presentaba un cuadro diarreico, por lo que sus padres lo llevaron hasta la posta de Sobraya. No obstante, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Juan Noé, centro asistencial donde, según las denuncias de los padres, no fueron atendidos porque no tenían los 30 mil pesos que se les cobraba.
Ante la negativa, los padres del menor, Verónica Limarí Quispe y Wilmer Choque Ayno, debieron dirigirse hasta la posta San Miguel de Azapa.
Según el director del Departamento de Salud Municipal (Desamu), Eduardo Gutiérrez, en la posta rural de Sobraya se le prestó la atención oportuna al bebé y éste habría ingresado sin signos vitales durante esta madrugada a la Posta de San Miguel de Azapa.
De este modo, Gutiérrez defendió que “la ley señala que en los servicios de urgencia hospitalarios no se puede negar la atención a niños menores de un año y mujeres embarazadas, por lo que será la Fiscalía la que deberá aclarar que fue lo pasó realmente, pero aclaro que en la atención primaria rural se le prestó en todo momento la ayuda a este menor que la ley y los protocolos nos facultan”.
Distinto es el punto de vista del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que condenó el hecho puesto que los migrantes, aún en condiciones irregulares, tienen derecho al acceso a atención de urgencia y sobre todo, una atención permanente cuando se trata de mujeres embarazadas, después del embarazo y hasta los dos años de vida.
La directora del Instituto, Lorena Fries, señaló que Chile se va a tener que acostumbrar a su diversidad y por lo tanto, no debe haber ciudadanos descartables.
Claramente hay un sesgo en este caso, más que por una actitud o conducta personal de los implicados, tiene que ver con la falta de una legislación que establezca que los migrantes, cualquiera sea su situación, tienen un mínimo de derechos asegurados y, entre esos, está la urgencia frente a situaciones de salud” dijo la directora de INDH.
Lorena Fries, llamó a las autoridades locales a investigar para conocer con exactitud lo que ocurrió en este caso, y a nivel nacional, al Ejecutivo y a los legisladores a avanzar rápidamente hacia una legislación integral que asegure un mínimo de derechos económicos y sociales a las personas migrantes.
