Fiscal del Caso Bombas descarta abrir nueva arista por dichos del embajador en Uruguay
Entre las reacciones por las declaraciones del embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, estuvo la del fiscal metropolitano, Raúl Guzmán, quien desestimó una línea investigativa orientada a responsabilizar de los atentados explosivos a posibles grupos de ultraderecha.
Viernes 17 de octubre 2014 12:17 hrs.
La Fiscalía metropolitana sur a través del juez Raúl Guzmán, que investiga el llamado caso Bombas, descartó la participación de grupos de derecha en los atentados explosivos que se registraron en estaciones de Metro y Comisarías, luego que el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras responsabilizara a la “derecha empresarial” de estos delitos.
El diplomático en una entrevista a un medio uruguayo, aseguró que detrás de estos atentados estaría la derecha empresarial, quienes a su juicio intentarían frenar las reformas que impulsa el Ejecutivo, lo que ocasionó una polémica en el ámbito político.
El juez Guzmán hizo un llamado a aportar los antecedentes en las instancias pertinentes, sin embargo desestimó que la línea investigativa esté orientada hacia posibles grupos de ultra derecha.
“Si existen antecedentes que permitan determinar la participación de eventuales terceras personas en estos hechos, yo lo que solicito y tal como lo hemos solicitados en otras oportunidades es que los pongan a disposición del Ministerio Público para que se dispongan las diligencias que sean pertinentes, en la medida que estos antecedentes cuenten con sustento y sean serios para disponer diligencias en cualquier orden o línea investigativa que pueda surgir, hasta el momento no se ha incorporado ni se ha hecho alusión, que es conforme nosotros tomamos nuestras decisiones en materia de antecedentes que apunten a aquello que se me ha señalado”, indicó.
Entre las indagatorias autorizadas por el 15 juzgado se informó que se realizará la revisión de los celulares y computadores incautados durante los allanamientos a tres comunas de Santiago, operativo en el que fueron detenidos los tres inculpados por esta causa, Juan Flores Riquelme, Nataly Casanova Muñoz y Guillermo Durán Méndez.
El defensor penal público, Rodrigo Torres, que representa a Juan Flores Riquelme, cuestionó el procedimiento del juzgado por la salvedad que se hizo en el secreto de la información relacionada con los exámenes de ADN que se le practicaron a los imputados.
“Me parece insólito que un día uno pueda conocer los antecedentes investigativos respecto de una persona y diez días después no se pueden conocer los antecedentes de la misma sin explicar sobre qué base, qué varió entre el 18 de septiembre al día de hoy para que el día de hoy sean secretos esos antecedentes sin perjuicio que se puedan haber nombrado antes”, afirmó.
Todas las autoridades que se refirieron al tema han concluido que las declaraciones del embajador de Chile en Uruguay fueron desafortunadas, por las implicancias procesales que tiene en la investigación de los atentados explosivos ocurridos y la intervención en una investigación que ya tiene tres jóvenes imputados.
La Fiscalía metropolitana sur a través del juez Raúl Guzmán, que investiga el llamado caso Bombas, descartó la participación de grupos de derecha en los atentados explosivos que se registraron en estaciones de Metro y Comisarías, luego que el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras responsabilizara a la “derecha empresarial” de estos delitos.
El diplomático en una entrevista a un medio uruguayo, aseguró que detrás de estos atentados estaría la derecha empresarial, quienes a su juicio intentarían frenar las reformas que impulsa el Ejecutivo, lo que ocasionó una polémica en el ámbito político.
El juez Guzmán hizo un llamado a aportar los antecedentes en las instancias pertinentes, sin embargo desestimó que la línea investigativa esté orientada hacia posibles grupos de ultra derecha.
“Si existen antecedentes que permitan determinar la participación de eventuales terceras personas en estos hechos, yo lo que solicito y tal como lo hemos solicitados en otras oportunidades es que los pongan a disposición del Ministerio Público para que se dispongan las diligencias que sean pertinentes, en la medida que estos antecedentes cuenten con sustento y sean serios para disponer diligencias en cualquier orden o línea investigativa que pueda surgir, hasta el momento no se ha incorporado ni se ha hecho alusión, que es conforme nosotros tomamos nuestras decisiones en materia de antecedentes que apunten a aquello que se me ha señalado”, indicó.
Entre las indagatorias autorizadas por el 15 juzgado se informó que se realizará la revisión de los celulares y computadores incautados durante los allanamientos a tres comunas de Santiago, operativo en el que fueron detenidos los tres inculpados por esta causa, Juan Flores Riquelme, Nataly Casanova Muñoz y Guillermo Durán Méndez.
El defensor penal público, Rodrigo Torres, que representa a Juan Flores Riquelme, cuestionó el procedimiento del juzgado por la salvedad que se hizo en el secreto de la información relacionada con los exámenes de ADN que se le practicaron a los imputados.
“Me parece insólito que un día uno pueda conocer los antecedentes investigativos respecto de una persona y diez días después no se pueden conocer los antecedentes de la misma sin explicar sobre qué base, qué varió entre el 18 de septiembre al día de hoy para que el día de hoy sean secretos esos antecedentes sin perjuicio que se puedan haber nombrado antes”, afirmó.
Todas las autoridades que se refirieron al tema han concluido que las declaraciones del embajador de Chile en Uruguay fueron desafortunadas, por las implicancias procesales que tiene en la investigación de los atentados explosivos ocurridos y la intervención en una investigación que ya tiene tres jóvenes imputados.
La Fiscalía metropolitana sur a través del juez Raúl Guzmán, que investiga el llamado caso Bombas, descartó la participación de grupos de derecha en los atentados explosivos que se registraron en estaciones de Metro y Comisarías, luego que el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras responsabilizara a la “derecha empresarial” de estos delitos.
El diplomático en una entrevista a un medio uruguayo, aseguró que detrás de estos atentados estaría la derecha empresarial, quienes a su juicio intentarían frenar las reformas que impulsa el Ejecutivo, lo que ocasionó una polémica en el ámbito político.
El juez Guzmán hizo un llamado a aportar los antecedentes en las instancias pertinentes, sin embargo desestimó que la línea investigativa esté orientada hacia posibles grupos de ultra derecha.
“Si existen antecedentes que permitan determinar la participación de eventuales terceras personas en estos hechos, yo lo que solicito y tal como lo hemos solicitados en otras oportunidades es que los pongan a disposición del Ministerio Público para que se dispongan las diligencias que sean pertinentes, en la medida que estos antecedentes cuenten con sustento y sean serios para disponer diligencias en cualquier orden o línea investigativa que pueda surgir, hasta el momento no se ha incorporado ni se ha hecho alusión, que es conforme nosotros tomamos nuestras decisiones en materia de antecedentes que apunten a aquello que se me ha señalado”, indicó.
Entre las indagatorias autorizadas por el 15 juzgado se informó que se realizará la revisión de los celulares y computadores incautados durante los allanamientos a tres comunas de Santiago, operativo en el que fueron detenidos los tres inculpados por esta causa, Juan Flores Riquelme, Nataly Casanova Muñoz y Guillermo Durán Méndez.
El defensor penal público, Rodrigo Torres, que representa a Juan Flores Riquelme, cuestionó el procedimiento del juzgado por la salvedad que se hizo en el secreto de la información relacionada con los exámenes de ADN que se le practicaron a los imputados.
“Me parece insólito que un día uno pueda conocer los antecedentes investigativos respecto de una persona y diez días después no se pueden conocer los antecedentes de la misma sin explicar sobre qué base, qué varió entre el 18 de septiembre al día de hoy para que el día de hoy sean secretos esos antecedentes sin perjuicio que se puedan haber nombrado antes”, afirmó.
Todas las autoridades que se refirieron al tema han concluido que las declaraciones del embajador de Chile en Uruguay fueron desafortunadas, por las implicancias procesales que tiene en la investigación de los atentados explosivos ocurridos y la intervención en una investigación que ya tiene tres jóvenes imputados.
