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Año XVI, 18 de abril de 2024


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Organizaciones urgen al gobierno a regularizar situación de niños migrantes

Hace unos días organizaciones sociales entregaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet para exigirle medidas urgentes e impedir que sigan existiendo niños apátridas en Chile y se respete el derecho de los migrantes a acceder a servicios básicos como Educación, Salud y Vivienda. Además, de que se agilice el debate en materia migratoria.

Paula Correa

  Domingo 19 de octubre 2014 20:06 hrs. 
Colectivo sin fronteras

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Diversas organizaciones han expresado su preocupación ante los últimos casos que ha afectado a niños y niñas de origen migrante en nuestro país.

La Corporación Colectivo Sin Fronteras, condenó la falta de cumplimiento del Estado de su rol de garante de los derechos de todos los infantes e hizo entrega de una carta a la presidenta Michelle Bachelet, exigiendo que se genere la normativa que permita regularizar esta situación.

Dentro de los casos más recientes está el del lactante de nueve meses, de padres bolivianos, que falleció en Arica a inicios de este mes por no recibir atención médica oportuna, pese a que en la normativa del propio Ministerio de Salud, se garantiza el acceso para niños y niñas a urgencias.

Sin fronteras

Sin fronteras

Antes de esto un incendio cobró la vida de dos niños y dejó con lesiones a otro de tres años en la comuna de Recoleta, debido a las precarias condiciones en las que viven muchos de los hijos de inmigrantes.

En ese sentido, el Director Ejecutivo de la Corporación, Carlos Muñoz, llamó al Estado a asumir su responsabilidad internacional.

“El estado ha asumido un montón de compromisos, desde la firma de la Convención de Derechos de Niños, la de Protección de los Derechos de los Trabajadores migratorios, la Convención para la Radicación de Todas las Formas de Discriminación, entre varios instrumentos más y al firmarlos Chile se compromete a cumplirlos. Como en muchas otras cosas el Estado sólo se ha quedado en la firma y en la buena imagen que da firmar todos estos instrumentos internacionales y después no los pone en práctica”, afirmó.

Hay un proceso de integración con la llegada de extranjeros

Hay un proceso de integración con la llegada de extranjeros

Muñoz indicó que si bien los derechos a la Educación, la Salud, la Vivienda están formalmente garantizados, son muchos los casos donde se observa que, en la práctica, no se respetan.

Otro tema que preocupa a las organizaciones es la situación de los niños y niñas apátridas, es decir, que no tienen nacionalidad definida por ser “hijos de extranjeros transeúntes”.

Esta condición queda registrada en el documento de identidad, lo que representa una distinción entre las personas. Esto es posible porque Chile no es parte de la Convención Internacional Contra la Apatridia.

Y si bien hay iniciativas legislativas que apuntan a restringir el tiempo en que un extranjero es considerado transeúnte y darle a los niños la opción de elegir ejercer su nacionalidad chilena, Rodolfo Noriega, Presidente del Comité de Refugiados Peruanos, manifestó su inconformidad por la lentitud con la que se desarrolla el debate.

“Son medidas de corte paliativo que tienden a resolver situaciones, más no a erradicar el problema de fondo, que es el derecho irrestricto del derecho a la nacionalidad por suelo. En tanto no se reforme la Constitución, no se saque la distinción que hace la Constitución del 80 y la del 25, siempre van a haber situaciones de apatricidio. Ese es el gran problema de la nacionalidad”, sostuvo.

Rodolfo Noriega

Rodolfo Noriega

Las organizaciones llamaron con fuerza a las autoridades a realizar un proceso de regularización migratoria general, pero especialmente centrado enlos niños y niñas. En ese sentido afirmaron que hoy existe un Consejo Interministerial para la política migratoria, está firmado el decreto, pero no ha sido convocado.

Además, solicitaron que no se atrase más la discusión de un nueva Ley Migratoria; que la Ley Antidiscriminación se modifique para ser lo más amplia posible; que se discuta con urgencia una Ley de Protección de los de los Derechos de la Niñez que habita el territorio nacional; se instaure la figura de un “Defensor autónomo de la Niñez” y que se armonicen las políticas públicas en materia de infancia con los principios comprometidos en Derechos Humanos, incluyendo a la niñez en situación de migración.

 

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