Subvencionados y Mineduc en batalla por reforma y cierre de colegios

Las sucesivas advertencias de cierre de colegios por la Reforma Educacional. La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) y el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gregory Elacqua, desatienden las amenazas al igual que el Ejecutivo. Mientras, la Asociación de Directores de Colegios de Chile recurrió a la Justicia para oponerse al Proyecto Educativo Institucional del Mineduc.  

Las sucesivas advertencias de cierre de colegios por la Reforma Educacional. La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) y el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gregory Elacqua, desatienden las amenazas al igual que el Ejecutivo. Mientras, la Asociación de Directores de Colegios de Chile recurrió a la Justicia para oponerse al Proyecto Educativo Institucional del Mineduc.  

Frente a la advertencia de la oposición y sostenedores  sobre el cierre de colegios pagados y particulares-subvencionados como consecuencia de la implementación de la Reforma Educacional, el Ministerio de Educación y el Gobierno insisten en la defensa al sistema de provisión mixta, desestimando las amenazas.

Entrevistado en Radio Universidad de Chile, el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gregory Elacqua, coincidió en que el objetivo de la reforma es que los colegios particulares-subvencionados de calidad y, que están tratando de ofrecer servicios alternativos a los que tienen los públicos, puedan seguir operando como aporte a la diversidad.

Asimismo, aseguró que la tesis de cierre por la reforma no es representativa de la mayoría.

“La mayoría de los sostenedores con fines de lucro actualmente son pequeñas operaciones, colegios chicos con 300, 400, 200 alumnos, cuyos sostenedores en su gran mayoría son profesores y están en la educación para mejorar la calidad” afirmó Elacqua y aventuró que esos sostenedores adaptarán su proyecto educacional al nuevo modelo que se discute en el Congreso.

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) consideró que detrás de las amenazas de cierre está el interés de los empresarios de la educación por el valor comercial de la infraestructura.

De este modo, la Secretaria Nacional de la organización, Ximena Castro, se refirió al futuro de la administración de todos los establecimientos educacionales que sean abandonados y/o vendidos por sus dueños.

“Cambiar un servicio descentralizado, como son los municipios, a otro descentralizado con la nueva entidad de Servicios Locales podría ser una nueva atomización para el Ministerio de Educación” advirtió.

Además, agregó que es necesario reforzar para afrontar en óptimas condiciones la administración de los establecimientos educacionales.

Las críticas hacia las propuestas del Mineduc se suman a que ahora la Asociación de Directores de Colegios de Chile, asesorados por la organización “Comunidad y Justicia”, interpuso un recurso de protección contra la Secretaría de Estado en búsqueda de detener acciones que afectan la libertad de enseñanza y la autonomía de los establecimientos.

Marcela Vargas, presidenta de la Asociación, criticó la “unificación” de proyectos educacionales, pese a que se ha señalado que la reforma pretende mantener la diversidad en la oferta.

“Esta es la primera vez en la historia de los colegios en que el Mineduc intenta introducirse en los proyectos educativos institucionales que son prerrogativa de los establecimientos. Los valores, los fundamentos, el corazón de cada colegio son absolutamente individuales y únicos. Además se envía, junto a todo el material que mandó el Ministerio, el cómo hacerlo, dónde hacerlo, a quién citar, qué hay que hacer durante la jornada” reprochó la líder de los directores en contra de la jornada que prepara el Mineduc para este 28 de octubre.

En una semana más la Justicia debiera informar si el recurso de Protección es admisible o no y de no llegar a serlo, Marcela Vargas planteó que se opondrán las jornada de evaluación y persistirán en acciones legales.





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