Diario y Radio U Chile

Año XI, 5 de diciembre de 2019

Escritorio

Senado se juega su prestigio en reglamento por Ley de Lobby

El próximo 29 de noviembre debe entrar en vigencia esta normativa, por lo que las reparticiones que se verán afectadas trabajan en la elaboración de reglamentos que aterricen las nuevas disposiciones a su realidad. Una de ellas es el Senado donde ya se han planteado algunos reparos.

Claudio Medrano

  Miércoles 22 de octubre 2014 17:37 hrs. 
SALA SENADO CONGRESO NACIONAL VALPARAISO

Todas las encuestas coinciden con este punto, la credibilidad del Parlamento está por los suelos, tanto que el nivel de adhesión que posee este poder el Estado no supera el 20 por ciento.

Son múltiples los factores que pueden explicar el desprestigio, pero uno de ellos y que ha estado en boga durante las últimas semanas, es la estrecha relación entre el sector privado y los parlamentarios, ya sea a través del financiamiento de sus campañas o del nivel de influencia que poseen a la hora de la discusión de las leyes.

Por lo mismo, se hizo necesaria la creación de una ley que regulara la práctica conocida como Lobby, que fue finalmente aprobada con una serie de modificaciones y que debe entrar en vigencia este próximo 29 de noviembre.

Una vez aprobado el texto, el Gobierno elaboró un reglamento general, proceso que contó con una etapa de consulta a la ciudadanía y que concluyó con un texto que fue publicado en el Diario Oficial en agosto pasado.

Un registro de lobbistas y gestores de intereses, además de audiencias y reuniones, es parte del contenido de este texto que “regula el lobby y las gestiones de representantes de intereses particulares ante las autoridades y funcionarios de la administración del Estado”.

Las disposiciones de este reglamento serán aplicables a los ministerios, secretarías regionales ministeriales, embajadas, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y en general aquellos órganos creados para el cumplimiento de la función administrativa.

Pero, además de esta disposición general, cada entidad debe elaborar su propio reglamento para adaptar su realidad a la nueva ley, así lo explica la directora de Estudios e Incidencias de la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, “el marco general está en la ley, por lo tanto los reglamentos no tienen cambios respecto de lo que la ley establece”, aclara.

Senado debate reglamento

Este martes, el Senado comenzó a debatir su propio reglamento, el que ha sido trabajado por la comisión de Ética y Transparencia de dicha Cámara y que tiene que estar listo en noviembre.

El proyecto de acuerdo votado y aprobado este miércoles,  no ha estado exento de críticas, sobre todo, respecto de la forma en que se regulará la norma.

Al respecto el senador DC, Andrés Zaldívar recordó que no era partidario de la ley de lobby tal como está, sino que prefería un lobby activo, como el implementado en Estados Unidos, “sin embargo se optó por un sistema de lobbista pasivo, que creo no es conveniente para regular”.

Según adelantó, para aplicar el artículo 11 se tendría que tener “un verdadero staff jurídico para recibir las audiencias”, aludiendo la gran cantidad de detalles que se deben contemplar en los registros y con respecto a los viajes, manifestó que se deberían registrar todos, no solo los de cargo del Congreso.

Para María Jaraquemada las críticas son entendibles, pero deben ser abordadas en el futuro, ya que, a su juicio, es necesario perfeccionar esta ley.

“Con el panorama anterior o el actual cuando no ha entrado en vigencia la ley, es un avance que ya podamos transparentar las relaciones entre las autoridades y los lobbistas. Por supuesto que podemos seguir discutiendo se puede poder perfeccionar, pero para eso es necesario que entre en vigencia”, sostiene Jaraquemada.

El senador independiente Alejandro Guillier valoró el trabajo realizado para regular el lobby porque “es una contribución en momentos que se requiere mayor transparencia y seguimiento de los procesos legislativos”. Asimismo hizo notar la necesidad de analizar más detalladamente qué sucederá con la validación de las audiencias solicitadas, ya que “el legislador no tiene como contrachequear a la persona que la solicitó”.

Una visión más crítica tiene el senador DC Jorge Pizarro quien expresó que “el peso de la prueba recae en los sujetos pasivos de lobby, lo que podría atentar contra la labor representativa que ejercen los senadores”. “Seremos pasto fácil de la descalificación” dijo.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro también consideró que el tema “es complejo” e hizo hincapié en qué sucederá con la regulación  que se produce en la esfera personal o familiar. Recordó, además, todo el esfuerzo que significó sacar el Comité de Auditoría parlamentaria “y, a pesar de haber sido pioneros los resultados son mediocres”.