El nuevo comandante en jefe de la FACH, general del Aire Jorge Robles Mella, investido por la Presidenta Michelle Bachelet, aseguró que las investigaciones de causas de Derechos Humanos son una “situación zanjada” para su institución, acotando que “solo espera seguir colaborando con la información” que les sea solicitada.

Las declaraciones emitidas durante su ceremonia de asunción, fueron replicadas por abogados defensores de Derechos Humanos, quienes las calificaron como un error, destacando que les preocupa la “impunidad biológica” de los casos, considerando el tiempo transcurrido y la muerte de los involucrados en los hechos, para coincidir que las investigaciones no se cierran por la voluntad de los militares.

Se deber recordar que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, en septiembre pasado, dictó sentencia en primera instancia contra cinco ex integrantes de la FACH, por los ilícitos de homicidio calificado y secuestros ocurridos al interior de la Academia de Guerra Aérea (AGA) durante 1974. También se debe agregar la causa que indaga la querella por torturas en contra del general en retiro Fernando Matthei.

Otra investigación que aún permanece abierta en tribunales, es la que está relacionada con los hechos ocurridos en la base aérea de Maquehua, ubicada en Temuco, que fue acreditado como un centro de torturas en el informe Rettig, por el que pasaron alrededor de 700 personas.

Al interior de la base aérea Maquehua, funcionó también el Grupo de Helicópteros N° 3, al mando del coronel de la FACH Andrés Pacheco Cárdenas, al momento del Golpe de Estado, que está bajo indagatorias por el homicidio y desaparición de 15 trabajadores de Neltume, Chihuío, Liquiñe y otros caseríos.

El abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, consideró un error los dichos del general del Aire y precisó que la FACH aún tiene antecedentes que entregar a la justicia.

“Las declaraciones del comandante en jefe de la Fuerza Aérea constituyen un error puesto que la sociedad chilena, incluida las fuerzas armadas y la Fuerza Aérea, están en la obligación de cumplir con un deber permanente que es la búsqueda de los detenidos desaparecidos, es una tarea que embarca a toda la sociedad en su conjunto, de manera que darlo por cerrado me parece un despropósito, incluso teniendo en cuenta que la propia Fuerza Aérea tiene mucho que decir respecto de personas detenidas desaparecidas”, indicó el jurista.

La abogada Magdalena Garcés, defensora en causas relacionadas con la Academia de Guerra Aérea, destacó que agentes de la FACH aún se encuentran bajo las pesquisas de la justicia, por su eventual participación en el Comando Conjunto, grupo represivo que compitió con la DINA durante los primeros años de la dictadura y aseguró que mientras no se encuentre la verdad, las indagatorias seguirán abiertas.

“Todavía hay un manto de impunidad en Chile importante, todavía hay muchos pactos de silencio que funcionan, no tenemos la verdad, no hemos logrado establecer el destino de los detenidos desaparecidos, por lo tanto si bien hay importantes avances en verdad y justicia, todavía hay largas tareas pendientes y en ese sentido las causas no se van a cerrar y van a seguir adelante, pero creo que tratar de cerrar por declaraciones, por decreto o voluntad de los militares no ha resultado y no va a resultar”, sentenció la abogada.

Otro de los hechos que destacaron los abogados de Derechos Humanos, es las indagatorias de la justicia, en el caso del general en retiro de la FACH, Enrique Ruiz Bunge, considerado como uno de los máximos responsables del llamado Comando Conjunto, que operó desde 1973 hasta 1978 y centró sus operaciones en la persecución de los militantes del MIR.

La manifiesta reiteración del comandante en jefe de la FACH, de dar por zanjado el “capítulo” de las violaciones a los DD.HH., según opinión de los abogados, estaría alejada de la política coyuntural interna y no consideraron el contexto judicial en el que están involucrados los militares.