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Inquietud genera anuncio de modificación de decretos que regulan la Consulta Indígena

Después de una serie de desencuentros con dirigentes indígenas y el mundo empresarial, el gobierno anunció la revisión de decretos que regulan Consulta Indígena y tramitación ambiental de proyectos. Esto ha generado una serie de reacciones desde diversos sectores que miran con atención las modificaciones que se realizarán a un proceso que ya ha sido complejo y que es clave en las relaciones entre el Estado chileno y los pueblos originarios

Paula Correa

  Viernes 7 de noviembre 2014 18:04 hrs. 
Consulta

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Se trata del Decreto 66 que regula la Consulta Indígena y el 40 del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que han sido fuertemente criticados por los dirigentes de los pueblos indígenas de forma transversal.

Este miércoles el Ministerio de Desarrollo Social y la cartera de Medio Ambiente, anunciaron el inicio de esta etapa de revisión, concitando la atención de diversos sectores. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, ya dio inicio a la primera etapa de la Consulta para la formación del futuro Ministerio de Asuntos Indígenas. La Ministra María Fernanda Villegas, afirmó que al realizar 58 encuentros con los nueve pueblos en quince regiones, sistemáticamente se presentó la necesidad de hacer la revisión de ambos decretos.

La Secretaria de Estado añadió que este tema ya había sido abordado con motivo del proceso de construcción programática del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en donde detectaron la necesidad de revisarlo. “Lo que estamos haciendo es reiterar este compromiso y dar una señal muy potente a los pueblos indígenas para reestablecer el diálogo”, afirmó.

En ese sentido, se refirió a una de las críticas centrales de los dirigentes: que las consultas no sean vinculantes. “No es imputable al Decreto, esto tiene que ver con el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo OIT, que regula la Consulta). Aquí lo más importante y de lo que nos habla del 169 es la voluntad de llegar a acuerdos, la buena fe. Sobre eso se funda, sobre eso queremos trabajar y nosotros efectivamente queremos que las consultas que estamos trabajando tengan esos componentes como elemento central y sustantivo”, afirmó.

La Ministra sostuvo que uno de los principales problemas que encontraron, fue que la Consulta no siempre era previa a los proyectos de inversión, con lo que no se cumplían los lineamientos del Convenio. En el caso de la cartera de Medioambiente, se ha dicho que esto trae un problema adicional; la judicialización de las iniciativas.

Cabe recordar que ambos decretos fueron elaborados durante la administración del Gobierno de Sebastián Piñera, después de un proceso de Consulta de la Consulta, que fue altamente criticado por los mismos dirigentes indígenas y donde muchos de quienes habían participado, terminaron por restarse.

El organismo gubernamental responsable de coordinar estas etapas fue la Oficina de Asuntos Indígenas. Radio Universidad de Chile consultó a su encargado, Matías Abogabir sobre este anuncio que viene a modificar el trabajo que se desarrolló durante toda su gestión. Su respuesta fue que “las normativas en general son perfectibles”, y dio la bienvenida las modificaciones a que se realicen a favor de mejorar el sistema e ir incorporando la experiencia adquirida en el tema. “Yo creo que es muy positivo que se vayan mejorando las normativas y los procesos”, reiteró.

Abogabir afirmó que, según entiende, el anuncio tiene dos puntos importantes, la creación de una oficina responsable de la Consulta y el hacerla antes de que se realice la evaluación de impacto ambiental.

El primer elemento le pareció valioso para unificar los estándares, pero advirtió que una medida así debe ir acompañada de los recursos y la capacitación correspondiente. Esto cuando, en su momento Abogabir reconoció no ser un experto en estos temas, lo que desató la molestia de los pueblos originarios, quienes terminaron por declarar que la Consulta, desde sus orígenes, se hacía “de mala fe”.

Sobre el segundo punto, afirmó que no está convencido de que disociar los dos sistemas sea lo más prudente, ya que al ingresar al SEIA pueden ocurrir modificaciones en los proyectos y eso podría implicar que se multipliquen las consultas. Esta idea fue planteada también por algunos empresarios, particularmente mineros, para quienes “el anuncio abre más dudas que certezas” y que incluso podría “abrir una caja de Pandora”, como sostuvo el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en entrevista con La Tercera.

Pero, ¿a quienes se busca entregar certezas jurídicas?, se preguntó Sandra Huentemilla, Coordinadora de las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos indígenas, quien afirmó que el cambio del procedimiento es una demanda ya antigua por parte de los dirigentes y de la que, extrañamente, el Gobierno recién viene haciendo eco.
“Nosotros también analizamos críticamente este pronunciamiento de ahora, porque la presión que ha generado esta decisión ha venido principalmente de parte del empresariado, y no justamente de los pueblos que hemos hecho presión antes de que asumiera el gobierno y después también”, afirmó Huentemilla, y además agregó que el 90% de las organizaciones que se han constituido para realizar los procesos consultivos de la institucionalidad indígena, están solicitando la derogación de estos reglamentos.

“Vamos a estar vigilantes, no vamos a permitir que quiten garantías al proceso”, advirtió la dirigente.

Según señalan las autoridades, se espera que el primer semestre del 2015 pudiera estar operativo el modelo de Consulta, pero que los plazos son relativos, porque depende del levantamiento que haga el ministerio del Medio Ambiente, y el tiempo que tome “sentarse a conversar con todos los actores que corresponde”.

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