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Año XI, 21 de septiembre de 2019

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Sacerdote John O’Reilly fue condenado a cuatro años y un día de libertad vigilada por abuso sexual

El tribunal dictó esta sentencia en contra del religioso miembro de los Legionarios de Cristo, y ordenó que sus antecedentes fueran ingresados al Registro Nacional de Pedófilos. El abogado defensor, Luis Hermosilla, anunció que apelarán a esta condena.

Tania González

  Martes 11 de noviembre 2014 20:26 hrs. 
Cura-John-Oreilly

El Tercer Tribunal en lo Penal de Santiago resolvió condenar a cuatro años y un día de libertad vigilada al sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O’Reilly por el delito de abuso sexual contra una menor, ex alumna del Colegio Cumbres, a pesar del informe presentado por Gendarmería que pedía que no se le otorgara el beneficio.

Los magistrados, además, determinaron la prohibición de que el religioso ocupe cargos públicos o realice tareas relacionadas con menores de edad, junto con requerir que sus antecedentes ingresen al Registro Nacional de Pedófilos. También se acogió la simbólica demanda civil presentada por la familia de la niña, que pedía un peso de indemnización por los daños ocasionados.

Con anterioridad, la Fiscalía pidió diez años y un día de presidio para el sacerdote. No obstante, la fiscal Lorena Parra, recalcó que la condena es por abuso reiterado y consideró trascendente que el religioso no pueda acercarse a menores, y aclaró que la cuantía de las penas depende del Tribunal, no de las víctimas ni de la Fiscalía, por lo que estaba dentro de las posibilidades la condena dada.

“Esta sentencia es la consecuencia necesaria del trabajo serio y responsable que se hizo durante dos años por un equipo de peritos de la Policía de Investigaciones de Chile, como también algunos peritos extranjeros. Detrás de esta investigación hay una familia que puede descansar el día de hoy” dijo la fiscal.

Si bien el sacerdote O’Reilly no asistió a la lectura del fallo condenatorio, Luis Hermosilla, su abogado defensor, aseguró que se mantiene tranquilo y advirtió que analizarán la sentencia puesto que a partir de hoy se abre un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema o de Apelaciones para intentar anular la decisión.

“Hay que conocer los fundamentos del fallo, es decir, cómo se razona por parte del Tribunal para justificar las afirmaciones condenatorias. Hay un caso que con pruebas similares se dicta una absolución y en el otro caso una condena. Asimismo, hay otro hecho particular que es que pese a que la acusación consideraba (respecto de la menor por la cual se condena) los años 2010, 2011 y 2012, aquí se ha excluido completamente el año 2011”, criticó Hermosilla.

Por su parte, el abogado querellante, José Ignacio Escobar, también indicó que estudiarán el fallo completo para ver si siguen adelante con los recursos que otorga la ley.

“En general, la familia está tranquila, satisfechos con el veredicto de condena. Ha sido una situación muy dolorosa para ellos y básicamente, que se les crea los que sus hijas dijeron es muy relevante”, sostuvo Escobar y agregó que se puede interponer un recurso de apelación o de nulidad, y éste se pensará considerando la conveniencia para la familia de hacer un nuevo juicio cuando ha vivido un proceso doloroso.

A través de un comunicado, la directora del colegio Cumbres, Beatriz Moreno, afirmó que el establecimiento “respetará la justicia” y “continuará rezando” por los involucrados directa o indirectamente en la situación. Además, añadió que “si bien aún quedan recursos pendientes, para el colegio es extremadamente doloroso el caso”.

José Andrés Murillo, presidente de la Fundación Para la Confianza, reprochó que el Colegio Cumbres defendiera de manera acérrima al sacerdote en el proceso, y no pida perdón a las familias y niñas por la manera en cómo las han tratado.

El líder de la fundación rescató el precedente que se marca con esta sentencia: “Se puede lograr demostrar la culpabilidad de una persona que ha cometido este tipo de hechos, gracias a una investigación que se ha hecho de manera acuciosa y responsable. Entonces, es posible denunciar y el sistema judicial tendrá que trabajar en dirección de mejorar sus tácticas para poder asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños en cada uno de los procesos”, opinó el abogado.

Murillo emplazó al Arzobispado de Santiago y al Presidente de la Conferencia Episcopal a que se pronuncien por el caso, y que su voz no sea neutra, en otras palabras, que den una señal a las víctimas que tienen una pendiente empinada para encontrar justicia penal y eclesiástica.