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Informe de Comisión de la Verdad brasileña reabre el debate por Ley de Amnistía en Chile

La Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil, entre sus principales conclusiones, recomendó anular la Ley de Amnistía que protege a los represores en ese país. El documento consignó prácticas de detenciones ilegales, torturas, ejecuciones, desapariciones y ocultamiento de cadáveres por agentes del Estado entre 1964 y 1985, identificando a 377 personas como responsables de estos ilícitos. La entrega de este informe revivió el debate por la derogación de la Ley de Amnistía en Chile.

Sandra Trafilaf

  Jueves 11 de diciembre 2014 20:31 hrs. 
afdd

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Pasaron casi tres décadas para que los brasileños pudieran conocer en profundidad las violaciones de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar, que dejó al menos 434 muertos y desaparecidos, según estableció la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) que comenzó a trabajar en 2011.

Hasta la fecha sólo se reconocieron extraoficialmente casi 400 muertos durante la dictadura brasileña. Los gobiernos que vinieron después, al igual que en Chile, mantuvieron la Ley de Amnistía que en ese país data de 1979 y que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2010, lo que permitió mantener en la impunidad los crímenes de lesa humanidad.

La recomendación de la CNV no es vinculante y la Presidenta de Brasil ya confirmó a los medios de comunicación que no se hará ninguna gestión para anular la Ley de Amnistía. Y si existiera la posibilidad que el Tribunal Superior Federal (TSF) abra una discusión para reformar la ley, se podría enfrentar al mismo rechazo que recibió la Orden de Abogados de Brasil en 2010.

Analistas y abogados destacaron las similitudes que este caso tiene con Chile. Ambos países crearon comisiones investigadoras que no tienen carácter vinculante, tanto Chile como Brasil mantienen vigentes leyes de las respectivas dictaduras, que han sido mantenidas para proteger a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos.

Durante la ceremonia de entrega de este informe al gobierno brasileño, la presidenta Dilma Rousseff afirmó que la verdad contribuye a encontrar la paz, especialmente a los familiares, amigos y compañeros, pero no hizo referencia a concretar la demanda de justicia.

“Esperamos que este informe contribuya para que fantasmas de un pasado doloroso y triste no se protejan en la sombra del silencio de la omisión. El relato de la Comisión Nacional de la Verdad, instituida en 2011, nos dice que la ignorancia sobre la historia no contribuye a la paz, por el contrario mantiene latentes agravios y rencores”.

Se debe recordar que Brasil y Chile han suscrito los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que buscan la protección de los individuos de los abusos en el ejercicio del poder por parte de los Estados.

El académico e investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, sostuvo que los cambios en esta materia son lentos.

“Hay una tradición muy larga de privilegios de las Fuerzas Armadas y salvo en el caso de Argentina, que los militares se suicidaron cuando hicieron esta guerra asimétrica en Malvinas, en el resto de América Latina ellos han mantenido espacios de poder muy importantes, se han mantenido bastantes intactos, entonces es muy difícil revertir, es un proceso lento, la clase política les tiene un poco de miedo todavía, entonces va a ser un proceso lento, cultural, que va a llevar su tiempo”

El abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, planteó las razones por las cuales el Decreto Ley de Amnistía sigue vigente en Chile: solo por la cobardía de la clase política: “Este decreto Ley sigue vigente producto de la cobardía y del abuso respectivamente, cobardía de quienes asumieron el poder el año ’91 con esta frase triste de la “justicia en la medida de lo posible” y lo posible era solo para algunos, y el abuso de las fuerzas armadas, carabineros, que siguieron presionando valiéndose de la cobardía de los nuevos inquilinos de la Moneda, para mantener un estatus quo y hacer gestos que estaban lejos de una justicia real”.

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Tucapel Jiménez dijo que en Chile no ha habido capacidad para cambiar las herencias de la dictadura: “Nunca compartí esto de “en la medida de los posible” y no sé las razones que hay, que hubo y que siguen existiendo para no cambiar muchos vestigios de lo que nos queda de la dictadura. No hemos sido capaces de cambiar la constitución, de eliminar la ley de Amnistía. Por lo menos, soplan vientos nuevos para nuestro país, tarde pero que al menos hoy día se anuncian los cambios que este país necesita para vivir en una verdadera democracia”.

Los analistas recordaron que las leyes de auto amnistía constituyen un ilícito internacional, sobre todo cuando el Estado tiene el deber de investigar, procesar, juzgar y reparar las graves violaciones de los derechos humanos, y por su parte, los tribunales de justicia debieran actuar acorde a los estándares internacionales.

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