En agosto de este año el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunciaba a Carlos Delano y Carlos Eugenio Lavín por delito tributario. Desde esa fecha hasta la actualidad han ido apareciendo distintos implicados, como diputados y senadores, por aportes irregulares al financiamiento de sus campañas. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes sobre la deformación en el financiamiento de la política, y como respuesta, se diseñó el proyecto de “Fortalecimiento de la transparencia y de la democracia”, que ayer entró a la Cámara Baja buscando reducir en un 50 por ciento el financiamiento de las campañas electorales, eliminando el aporte de las empresas y poniendo un límite a las contribuciones de las personas naturales de 100 UF. No obstante la iniciativa deja puntos de lado: candidatos independientes o movimientos políticos que no estén integrados a un partido, no podrán recibir parte de los 1531 millones de pesos que se entregarán cada año a las coaliciones.
En ese sentido el Senador independiente, Carlos Bianchi, afirmó que esta es una mala propuesta. A pesar de que se sepa cuánto dinero gastará cada partido en las campañas, el Congresista declaró que esta reforma discrimina y fortalece estas “megas estructuras” que el país en su gran mayoría rechaza.
“Esto está hecho para eliminar de raíz toda posibilidad de que una persona independiente pueda llegar al Congreso. A los partidos les molesta profundamente, porque en algunas instancias se puede convertir en un voto decisivo y que no les favorece al no estar dentro de estos grupos. Es una vergüenza. Ya que pretender engañar al país diciendo que a través de esta vía se mejora todo el proceso de materia política en Chile. Es mentir y yo no estoy dispuesto a eso”, aseveró el Senador.
Para recibir aportes, se deberán cumplir dos requisitos: la constitución legal de la colectividad y por lo menos una representación parlamentaria. Este nuevo proyecto plantea una disyuntiva recurrente y que también se pudo observar en la discusión del Sistema Binominal: es importante o no, fortalecer la participación de los partidos políticos en la actualidad. El sociólogo Alberto Mayol prefiere bajarle el tono a la discusión, asumiendo que en campañas anteriores estos candidatos o partidos recibían pocos recursos.
“En Chile la política es una inversión. Aquí no estamos hablando de personas que financian una ideología o una visión de mundo. No hay nada de eso y solo observamos una inversión. Por lo tanto lo que considero relevante es que haya financiamiento público de las actividades políticas de distinto tipo. Pero estos resultados en la práctica no tienen ningún efecto ya que la gran mayoría de los independientes reciben pocos aportes”, explicó Alberto Mayol.
Además de que no existirán aportes a colectividades y candidatos independientes, otra de las deficiencias que posee el proyecto, según el senador Camilo Escalona, son las sanciones para los políticos que violen la ley, además del fortalecimiento del Servicio Electoral. Para el Congresista, la capacidad de fiscalización del financiamiento a la política no está resuelta.
“Pienso que lo que le falta al proyecto es resolver las sanciones. Por ejemplo, el que viole la ley debería perder el escaño. En ese sentido, la mano tiene que ser más dura para el que pase por sobre la legislación. Para ello se hace indispensable fortalecer el Servicio Electoral. Me parece que la gran debilidad que tiene el proyecto es que la capacidad de legislación no está bien resuelta”, afirmó Camilo Escalona.
Desde el Ejecutivo especificaron que uno de los objetivos era distribuir mejor los recursos y tal como declaró en la prensa el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, se intenta “equiparar la cancha para que los candidatos compitan con las mismas herramientas.” Sin embargo y todavía sin discutir el proyecto, esto deja afuera a los candidatos independientes.