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Año XII, 10 de agosto de 2020

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Caso Penta evidencia influencias del poder económico en la clase política

El intercambio de mails entre empresarios y políticos que ha destapado la investigación de la Fiscalía Oriente en el Caso Penta, está demostrando la alta relación de confianza político-empresarial. Además se advierte la necesidad de reformar un marco legal que haga más fácil perseguir este tipo de delitos y poner a Chile a un nivel internacional en cuanto al fraude económico.

Javier Muñoz

  Martes 6 de enero 2015 19:39 hrs. 





Financiamiento de campañas, influencias y falta de transparencia es lo que está dejando ver el caso Penta, que empieza a mostrar la evidente y estrecha relación que tendrían los grandes grupos económicos con la clase política chilena, encargada de decidir el destino de todos los ciudadanos del país, mediante la toma de decisiones y la implementación de nuevas políticas públicas. Actos que estarían altamente influenciados por quienes controlan áreas tan determinantes como la salud, previsión y las finanzas.

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Délano

Carlos Eugenio Lavín y Carlos Délano

Mientras que los controladores del Grupo Empresarial, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín se arrojaron a prestar declaraciones voluntarias ante la Fiscalía Oriente, en busca de un supuesto juicio abreviado o atenuantes en caso de ser encontrados culpables de fraude al fisco y financiamiento irregular de campañas políticas, no dejan de aparecer nuevos antecedentes  que revelan la estrecha relación de influencias que tienen los empresarios con algunos parlamentarios chilenos.

En ese contexto durante la tarde, se reveló el intercambio de mails durante 2013, entre el presidente de la UDI, Ernesto Silva y Carlos Eugenio Lavín en la que este último le preguntaba sobre gestiones para modificar la ley de Isapres, petición importante en cuanto Penta es controladora de la prestadora de servicios de salud Banmédica.  Esto último se suma a los correos de los senadores Iván Moreira y Ena Von Baer pidiendo financiamiento para sus respectivas campañas políticas.

Quien se pronunció con fuerza sobre estos hechos fue el  diputado por Magallanes Gabriel Boric. En una entrevista lo calificó como una “colonización” transversal de los empresarios a clase política.

Gabriel Boric

Gabriel Boric

“Si lo tomamos en serio, acá lo que finalmente se está afectando es la calidad y legitimidad de nuestra democracia. El nivel de colonización del empresariado a la política y, por lo tanto, los intereses que están en juego son demasiado graves”, anunció.

El parlamentario llamó a cuestionarse  la legitimidad de los legisladores, si estos fueron electos mediante campañas políticas realizadas con dineros fraudulentos y que de salir culpables deberían renunciar a sus cargos.  Según el centro de estudios Espacio Público durante las campañas de 2013 un 50 por ciento de los ingresos provino de fuentes privadas, en su mayoría mediante el sistema de donaciones reservadas (85 por ciento).

La relación entre grupos empresariales y la política no es un tema nuevo y se han perfeccionado, por ejemplo, mecanismos para regular las reuniones y conversaciones que se den en el marco de intereses particulares  por sobre los colectivos, como es el caso de la Ley de Lobby que entro en vigencia a finales de 2014. Pero en los fraudes económicos Chile se encontraría por debajo de los estándares internacionales debido a la falta de especificidad para identificarlos. Según el especialista en auditoria forense, Christian Nino-Moris, quien ha desarrollado su carrera en el extranjero, indicó que es necesario crear un marco legal que sea adecuado para perseguir estos delitos.

“No basta aumentar las penas. Lo que hay que hacer en nuestro país para apegarnos a esos estándares o seguir la tendencia de los países desarrollados es crear tipificaciones adecuadas respecto a los delitos financieros, no hay tipificaciones ad hoc para separarlo de los tributarios entonces cuando estamos investigando se parte con mucho énfasis se apunta mucho a los involucrados porque no está tipificado ese error a fraude en la ley”.

Nino-Moris advierte que lo que falta es dar más poder a las instituciones públicas respecto de la persecución de estos hechos. En la actualidad, según el especialista, los países más avanzados en auditorias forenses serían Australia, Inglaterra y Estados Unidos.

El abogado querellante en el caso Penta,  Enrique Aldunate, quien asegura que no es posible que los controladores no supieran de la adulteración de declaraciones de impuesto a la renta, subrayó que también se buscarán evidentes casos de corrupción de funcionarios al interior del Servicio de Impuestos Internos, que habrían estado coludidos con los empresarios para finalmente efectuar donaciones a campañas políticas con dinero del fisco.

En tanto, la arista política podría llevar al desafuero de los parlamentarios involucrados, aunque aún quedaría mucho proceso por delante y las formalizaciones llegarían recién en marzo. Mientras el Fiscal a cargo evalúa nuevas diligencias en el caso.