Ambientalistas critican dilación en ley de protección de glaciares
El Gobierno solicitó una nueva prórroga, la quinta en lo que va de la tramitación del proyecto, para ingresar indicaciones a la iniciativa de protección de los glaciares. Medioambientalistas expresaron su preocupación ante esta nueva dilación, y señalaron que estarán atentos a que no se desnaturalice el proyecto en favor de intereses empresariales.
Miércoles 7 de enero 2015 21:47 hrs.
El presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, Daniel Melo (PS), anunció que a través de una carta enviada por el ministro Pablo Badenier, el Gobierno les confirmó su compromiso de legislar sobre la protección de los glaciares y les solicitó formalmente la ampliación del plazo para presentar indicaciones.
El también integrante de la llamada “Bancada Glaciar” afirmó que elaboraron una serie de indicaciones que recogen la voz de glaciólogos y distintos organismos públicos, que se focalizan el ámbito de conservación y el fortalecimiento de la institucionalidad para la efectiva protección de estas masas de hielo.
“Entre otras cosas es poder potenciar el rol de la Dirección General de Aguas (DGA) en materia de fiscalización, en materia de sanciones, en fortalecer sus atribuciones. Lo segundo tiene que ver con reconocer a los glaciares como bien nacional de uso público y detallar con más precisión el objeto de protección, que en este caso nos interesa poder centrarlo en la protección de los hielos, las cuencas y el entorno glaciar”.
Este miércoles 7 de enero vencía la extensión del plazo que ha sido prorrogado por quinta vez, pero a raíz de esta solicitud se extenderá nuevamente.
Según señaló el parlamentario una fecha prudente para tener al Ejecutivo en la Cámara explicando las indicaciones podría ser el jueves 22 de enero, y añadió que esperan que la Comisión pueda votar la iniciativa y pasarla a Sala para que vaya al Senado antes del próximo 21 de mayo.
Sin embargo, los ambientalistas están inquietos con esta situación. Así lo expresó el Director Ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún.
“Que el ministro esté pidiendo plazo fuera del propio plazo que él declaró a la opinión pública es señal de la complicación que tiene el Gobierno para enfrentarse al tema. El martes fue la cena del Consejo Minero y en esa instancia el presidente del organismo fue muy claro en señalar que por él no debería haber una ley de glaciares, confirmando que les parece un lujo, pero al mismo tiempo señalando que les agrada la actitud del Gobierno que ha mejorado. Lamentablemente esa mejora significa, en términos prácticos, que el Gobierno ha estado silencioso, no cumpliendo con sus propios plazos”.
Asún afirmó que las indicaciones más bien abren sospechas sobre si apuntarán realmente a la protección, y expresó que “debemos olvidarnos si el proyecto es restrictivo de la minería, porque en términos prácticos la minería que se desarrolla sobre vacíos legales y la destrucción del medioambiente no puede ser llamada crecimiento, ni el dinero que de allí viene no puede ser considerado bien habido”.
El presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, Daniel Melo (PS), anunció que a través de una carta enviada por el ministro Pablo Badenier, el Gobierno les confirmó su compromiso de legislar sobre la protección de los glaciares y les solicitó formalmente la ampliación del plazo para presentar indicaciones.
El también integrante de la llamada “Bancada Glaciar” afirmó que elaboraron una serie de indicaciones que recogen la voz de glaciólogos y distintos organismos públicos, que se focalizan el ámbito de conservación y el fortalecimiento de la institucionalidad para la efectiva protección de estas masas de hielo.
“Entre otras cosas es poder potenciar el rol de la Dirección General de Aguas (DGA) en materia de fiscalización, en materia de sanciones, en fortalecer sus atribuciones. Lo segundo tiene que ver con reconocer a los glaciares como bien nacional de uso público y detallar con más precisión el objeto de protección, que en este caso nos interesa poder centrarlo en la protección de los hielos, las cuencas y el entorno glaciar”.
Este miércoles 7 de enero vencía la extensión del plazo que ha sido prorrogado por quinta vez, pero a raíz de esta solicitud se extenderá nuevamente.
Según señaló el parlamentario una fecha prudente para tener al Ejecutivo en la Cámara explicando las indicaciones podría ser el jueves 22 de enero, y añadió que esperan que la Comisión pueda votar la iniciativa y pasarla a Sala para que vaya al Senado antes del próximo 21 de mayo.
Sin embargo, los ambientalistas están inquietos con esta situación. Así lo expresó el Director Ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún.
“Que el ministro esté pidiendo plazo fuera del propio plazo que él declaró a la opinión pública es señal de la complicación que tiene el Gobierno para enfrentarse al tema. El martes fue la cena del Consejo Minero y en esa instancia el presidente del organismo fue muy claro en señalar que por él no debería haber una ley de glaciares, confirmando que les parece un lujo, pero al mismo tiempo señalando que les agrada la actitud del Gobierno que ha mejorado. Lamentablemente esa mejora significa, en términos prácticos, que el Gobierno ha estado silencioso, no cumpliendo con sus propios plazos”.
Asún afirmó que las indicaciones más bien abren sospechas sobre si apuntarán realmente a la protección, y expresó que “debemos olvidarnos si el proyecto es restrictivo de la minería, porque en términos prácticos la minería que se desarrolla sobre vacíos legales y la destrucción del medioambiente no puede ser llamada crecimiento, ni el dinero que de allí viene no puede ser considerado bien habido”.
El presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, Daniel Melo (PS), anunció que a través de una carta enviada por el ministro Pablo Badenier, el Gobierno les confirmó su compromiso de legislar sobre la protección de los glaciares y les solicitó formalmente la ampliación del plazo para presentar indicaciones.
El también integrante de la llamada “Bancada Glaciar” afirmó que elaboraron una serie de indicaciones que recogen la voz de glaciólogos y distintos organismos públicos, que se focalizan el ámbito de conservación y el fortalecimiento de la institucionalidad para la efectiva protección de estas masas de hielo.
“Entre otras cosas es poder potenciar el rol de la Dirección General de Aguas (DGA) en materia de fiscalización, en materia de sanciones, en fortalecer sus atribuciones. Lo segundo tiene que ver con reconocer a los glaciares como bien nacional de uso público y detallar con más precisión el objeto de protección, que en este caso nos interesa poder centrarlo en la protección de los hielos, las cuencas y el entorno glaciar”.
Este miércoles 7 de enero vencía la extensión del plazo que ha sido prorrogado por quinta vez, pero a raíz de esta solicitud se extenderá nuevamente.
Según señaló el parlamentario una fecha prudente para tener al Ejecutivo en la Cámara explicando las indicaciones podría ser el jueves 22 de enero, y añadió que esperan que la Comisión pueda votar la iniciativa y pasarla a Sala para que vaya al Senado antes del próximo 21 de mayo.
Sin embargo, los ambientalistas están inquietos con esta situación. Así lo expresó el Director Ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún.
“Que el ministro esté pidiendo plazo fuera del propio plazo que él declaró a la opinión pública es señal de la complicación que tiene el Gobierno para enfrentarse al tema. El martes fue la cena del Consejo Minero y en esa instancia el presidente del organismo fue muy claro en señalar que por él no debería haber una ley de glaciares, confirmando que les parece un lujo, pero al mismo tiempo señalando que les agrada la actitud del Gobierno que ha mejorado. Lamentablemente esa mejora significa, en términos prácticos, que el Gobierno ha estado silencioso, no cumpliendo con sus propios plazos”.
Asún afirmó que las indicaciones más bien abren sospechas sobre si apuntarán realmente a la protección, y expresó que “debemos olvidarnos si el proyecto es restrictivo de la minería, porque en términos prácticos la minería que se desarrolla sobre vacíos legales y la destrucción del medioambiente no puede ser llamada crecimiento, ni el dinero que de allí viene no puede ser considerado bien habido”.
