Este jueves se inició un juicio por prácticas antisindicales efectuadas por el Grupo Matte en contra de 35 trabajadores, todos ellos dirigentes portuarios y funcionarios activos del Puerto de San Antonio, conflicto que surgió luego de las movilizaciones portuarias del año pasado. Los afectados responsabilizan directamente al presidente del directorio de Puerto Central, Roberto Zilleruelo.
De acuerdo a la versión de los trabajadores, el presidente del directorio de Puerto Central, Roberto Zilleruelo comenzó una serie de gestiones para tratar de desarticular el movimiento. Según los trabajadores portuarios las maniobras de Zilleruelo “se hicieron evidentes mientras intentaba destrabar el conflicto en una mesa de negociación, ocasión en la cual, con la complicidad de un descolgado de la FETRAMPEC, creaba otra federación que hoy se encuentra en paro, generando grandes críticas por parte de los mismos empresarios que, en compañía del Intendente de la región, habían asistido a la inauguración de su flamante sede y se fotografiaron con su presidente vestido de riguroso terno”.
Para los trabajadores, en toda la trama urdida por Zilleruelo se violaron varias leyes que tienen jerarquía por sobre las leyes laborales chilenas, entre ellas varios acuerdos ratificados por Chile, específicamente los Convenios N° 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación) y N° 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva) de la OIT.
De acuerdo al encargado de conflictos y solidaridad de la Confederación de Trabajadores Portuarios, Jorge Bustos, el caso puede sentar precedentes relevantes en el país “pues obligará a la justicia a ratificar las condenas dictadas contra otra concesionaria portuaria, la de los Von Appen (Ultraport), en el puerto de Angamos”.
Los trabajadores portuarios esperan que la futura resolución acelere el proyecto de Reforma Laboral que a su juicio “se enmarca en la política del dentro de lo posible, pues lo que cabía era que la coalición gobernante, que ahora tiene mayoría en los dos estamentos del Poder Legislativo, impulsara un nuevo Código Laboral y no una reformita a un Código Laboral”.
Respecto de lo que pueda pasar en los tribunales, el dirigente de los portuarios señaló que están atentos y que esperan que la justicia funcione sobre la base del derecho: “Lo que ha quedado de manifiesto en todo este proceso es que estas han sido acciones maquinadas por las empresas portuarias y sus monigotes, con el solo ánimo de afectar la libertad sindical de los trabajadores portuarios y sus organizaciones”, señaló Bustos.
El dirigente agregó que “no existe otra explicación pues no resulta lógico que personas que han dedicado parte importante de su vida laboral al trabajo portuario, por lo demás primera fuente de trabajo en la ciudad de San Antonio, de un momento a otro se vean marginadas del proceso de contratación permanente que inició la empresa Puerto Central”.
Los portuarios agregan que “el juicio que se inicia este jueves debe servir para que las organizaciones manifiesten su total repudio a las prácticas antisindicales que se han registrado en el Puerto de San Antonio luego del proceso de contratación que llevó a cabo la empresa Puerto Central.
De acuerdo a lo señalado por los trabajadores, lo más probable es que la empresa, controlada por el Grupo Matte, intente lograr una conciliación, la cual es rechazada de plano. En ese sentido proyectan que el juicio demore no más de tres meses, aunque advierten que es posible que se extienda hasta la Corte Suprema.
Este jueves se inició un juicio por prácticas antisindicales efectuadas por el Grupo Matte en contra de 35 trabajadores, todos ellos dirigentes portuarios y funcionarios activos del Puerto de San Antonio, conflicto que surgió luego de las movilizaciones portuarias del año pasado. Los afectados responsabilizan directamente al presidente del directorio de Puerto Central, Roberto Zilleruelo.
De acuerdo a la versión de los trabajadores, el presidente del directorio de Puerto Central, Roberto Zilleruelo comenzó una serie de gestiones para tratar de desarticular el movimiento. Según los trabajadores portuarios las maniobras de Zilleruelo “se hicieron evidentes mientras intentaba destrabar el conflicto en una mesa de negociación, ocasión en la cual, con la complicidad de un descolgado de la FETRAMPEC, creaba otra federación que hoy se encuentra en paro, generando grandes críticas por parte de los mismos empresarios que, en compañía del Intendente de la región, habían asistido a la inauguración de su flamante sede y se fotografiaron con su presidente vestido de riguroso terno”.
Para los trabajadores, en toda la trama urdida por Zilleruelo se violaron varias leyes que tienen jerarquía por sobre las leyes laborales chilenas, entre ellas varios acuerdos ratificados por Chile, específicamente los Convenios N° 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación) y N° 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva) de la OIT.
De acuerdo al encargado de conflictos y solidaridad de la Confederación de Trabajadores Portuarios, Jorge Bustos, el caso puede sentar precedentes relevantes en el país “pues obligará a la justicia a ratificar las condenas dictadas contra otra concesionaria portuaria, la de los Von Appen (Ultraport), en el puerto de Angamos”.
Los trabajadores portuarios esperan que la futura resolución acelere el proyecto de Reforma Laboral que a su juicio “se enmarca en la política del dentro de lo posible, pues lo que cabía era que la coalición gobernante, que ahora tiene mayoría en los dos estamentos del Poder Legislativo, impulsara un nuevo Código Laboral y no una reformita a un Código Laboral”.
Respecto de lo que pueda pasar en los tribunales, el dirigente de los portuarios señaló que están atentos y que esperan que la justicia funcione sobre la base del derecho: “Lo que ha quedado de manifiesto en todo este proceso es que estas han sido acciones maquinadas por las empresas portuarias y sus monigotes, con el solo ánimo de afectar la libertad sindical de los trabajadores portuarios y sus organizaciones”, señaló Bustos.
El dirigente agregó que “no existe otra explicación pues no resulta lógico que personas que han dedicado parte importante de su vida laboral al trabajo portuario, por lo demás primera fuente de trabajo en la ciudad de San Antonio, de un momento a otro se vean marginadas del proceso de contratación permanente que inició la empresa Puerto Central”.
Los portuarios agregan que “el juicio que se inicia este jueves debe servir para que las organizaciones manifiesten su total repudio a las prácticas antisindicales que se han registrado en el Puerto de San Antonio luego del proceso de contratación que llevó a cabo la empresa Puerto Central.
De acuerdo a lo señalado por los trabajadores, lo más probable es que la empresa, controlada por el Grupo Matte, intente lograr una conciliación, la cual es rechazada de plano. En ese sentido proyectan que el juicio demore no más de tres meses, aunque advierten que es posible que se extienda hasta la Corte Suprema.
Este jueves se inició un juicio por prácticas antisindicales efectuadas por el Grupo Matte en contra de 35 trabajadores, todos ellos dirigentes portuarios y funcionarios activos del Puerto de San Antonio, conflicto que surgió luego de las movilizaciones portuarias del año pasado. Los afectados responsabilizan directamente al presidente del directorio de Puerto Central, Roberto Zilleruelo.
De acuerdo a la versión de los trabajadores, el presidente del directorio de Puerto Central, Roberto Zilleruelo comenzó una serie de gestiones para tratar de desarticular el movimiento. Según los trabajadores portuarios las maniobras de Zilleruelo “se hicieron evidentes mientras intentaba destrabar el conflicto en una mesa de negociación, ocasión en la cual, con la complicidad de un descolgado de la FETRAMPEC, creaba otra federación que hoy se encuentra en paro, generando grandes críticas por parte de los mismos empresarios que, en compañía del Intendente de la región, habían asistido a la inauguración de su flamante sede y se fotografiaron con su presidente vestido de riguroso terno”.
Para los trabajadores, en toda la trama urdida por Zilleruelo se violaron varias leyes que tienen jerarquía por sobre las leyes laborales chilenas, entre ellas varios acuerdos ratificados por Chile, específicamente los Convenios N° 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación) y N° 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva) de la OIT.
De acuerdo al encargado de conflictos y solidaridad de la Confederación de Trabajadores Portuarios, Jorge Bustos, el caso puede sentar precedentes relevantes en el país “pues obligará a la justicia a ratificar las condenas dictadas contra otra concesionaria portuaria, la de los Von Appen (Ultraport), en el puerto de Angamos”.
Los trabajadores portuarios esperan que la futura resolución acelere el proyecto de Reforma Laboral que a su juicio “se enmarca en la política del dentro de lo posible, pues lo que cabía era que la coalición gobernante, que ahora tiene mayoría en los dos estamentos del Poder Legislativo, impulsara un nuevo Código Laboral y no una reformita a un Código Laboral”.
Respecto de lo que pueda pasar en los tribunales, el dirigente de los portuarios señaló que están atentos y que esperan que la justicia funcione sobre la base del derecho: “Lo que ha quedado de manifiesto en todo este proceso es que estas han sido acciones maquinadas por las empresas portuarias y sus monigotes, con el solo ánimo de afectar la libertad sindical de los trabajadores portuarios y sus organizaciones”, señaló Bustos.
El dirigente agregó que “no existe otra explicación pues no resulta lógico que personas que han dedicado parte importante de su vida laboral al trabajo portuario, por lo demás primera fuente de trabajo en la ciudad de San Antonio, de un momento a otro se vean marginadas del proceso de contratación permanente que inició la empresa Puerto Central”.
Los portuarios agregan que “el juicio que se inicia este jueves debe servir para que las organizaciones manifiesten su total repudio a las prácticas antisindicales que se han registrado en el Puerto de San Antonio luego del proceso de contratación que llevó a cabo la empresa Puerto Central.
De acuerdo a lo señalado por los trabajadores, lo más probable es que la empresa, controlada por el Grupo Matte, intente lograr una conciliación, la cual es rechazada de plano. En ese sentido proyectan que el juicio demore no más de tres meses, aunque advierten que es posible que se extienda hasta la Corte Suprema.
