En la jornada matutina de la comisión de Hacienda y Educación del Senado se aprobó la indicación que responsabiliza de manera civil y penal a los administradores que hagan un mal uso de los recursos públicos u otros, destinados, en un principio, a educación.
En una primera instancia, el indicio que presentó el Ejecutivo, especifica que los sostenedores deben reintegrar los recursos a los establecimientos. Además de ser sancionado por la Superintendencia de Educación con una cifra que corresponde a la mitad del monto utilizado con otras finalidades. Después de esto, las infracciones a la ley podrán generar responsabilidades civiles y penales. Para ello la Superintendencia o el Servicio de Impuestos Internos deben denunciar los actos ilícitos al Ministerio Público.
El presidente de las comisiones unidas, Fulvio Rossi, respondió ante la inquietud que había desarrollado la Alianza en la sesión, explicando que con esta modificación no se busca acentuar la desconfianza existente en los sostenedores.
“Esta normativa no implica ningún nivel de desconfianza, como la derecha lo quiere plantear, respectos a los sostenedores. Si fuese así, no debiésemos tener un código penal porque tener sanciones sería desconfiar de la ciudadanía. No obstante todos entendemos que tienen que existir sanciones para aquellos que no cumplen las normas que permiten la convivencia democrática. En este caso lo que estamos haciendo, simplemente, es resguardar el buen uso de los recursos del Estado para la educación de nuestros hijos. Ese es el tema central.”, afirmó el Senador.
Desde la Alianza apuntaron específicamente hacia la Democracia Cristiana. Para el Senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, la falange había explicitado no transformar en delincuentes a los sostenedores.
“Durante estos meses la DC sostuvo que no estaban a favor de transformar en delincuentes a los sostenedores. Esa fue la discusión de todos estos meses, que en definitiva, no se estableciese una sanción penal cuando, muchas veces, lo que puede haber es una simple infracción administrativa. La Democracia Cristiana, a diferencia de la izquierda, señaló que no debían establecerse, especialmente por errores administrativos, sanciones de carácter penal.”, recalcó Andrés Allamand.
En esta nueva sesión de la comisión, en donde se discute las 456 indicaciones del Ejecutivo y el Senado, se reflejaron las diferentes perspectivas entre los parlamentarios la Nueva Mayoría que integran la comisión de Hacienda y Educación. En ese sentido, se realizaron dos pausas, pedidas por los congresistas demócratas cristianos, que para el senador Allamand, se realizaban para “ordenar la casa”.
En la jornada matutina de la comisión de Hacienda y Educación del Senado se aprobó la indicación que responsabiliza de manera civil y penal a los administradores que hagan un mal uso de los recursos públicos u otros, destinados, en un principio, a educación.
En una primera instancia, el indicio que presentó el Ejecutivo, especifica que los sostenedores deben reintegrar los recursos a los establecimientos. Además de ser sancionado por la Superintendencia de Educación con una cifra que corresponde a la mitad del monto utilizado con otras finalidades. Después de esto, las infracciones a la ley podrán generar responsabilidades civiles y penales. Para ello la Superintendencia o el Servicio de Impuestos Internos deben denunciar los actos ilícitos al Ministerio Público.
El presidente de las comisiones unidas, Fulvio Rossi, respondió ante la inquietud que había desarrollado la Alianza en la sesión, explicando que con esta modificación no se busca acentuar la desconfianza existente en los sostenedores.
“Esta normativa no implica ningún nivel de desconfianza, como la derecha lo quiere plantear, respectos a los sostenedores. Si fuese así, no debiésemos tener un código penal porque tener sanciones sería desconfiar de la ciudadanía. No obstante todos entendemos que tienen que existir sanciones para aquellos que no cumplen las normas que permiten la convivencia democrática. En este caso lo que estamos haciendo, simplemente, es resguardar el buen uso de los recursos del Estado para la educación de nuestros hijos. Ese es el tema central.”, afirmó el Senador.
Desde la Alianza apuntaron específicamente hacia la Democracia Cristiana. Para el Senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, la falange había explicitado no transformar en delincuentes a los sostenedores.
“Durante estos meses la DC sostuvo que no estaban a favor de transformar en delincuentes a los sostenedores. Esa fue la discusión de todos estos meses, que en definitiva, no se estableciese una sanción penal cuando, muchas veces, lo que puede haber es una simple infracción administrativa. La Democracia Cristiana, a diferencia de la izquierda, señaló que no debían establecerse, especialmente por errores administrativos, sanciones de carácter penal.”, recalcó Andrés Allamand.
En esta nueva sesión de la comisión, en donde se discute las 456 indicaciones del Ejecutivo y el Senado, se reflejaron las diferentes perspectivas entre los parlamentarios la Nueva Mayoría que integran la comisión de Hacienda y Educación. En ese sentido, se realizaron dos pausas, pedidas por los congresistas demócratas cristianos, que para el senador Allamand, se realizaban para “ordenar la casa”.
En la jornada matutina de la comisión de Hacienda y Educación del Senado se aprobó la indicación que responsabiliza de manera civil y penal a los administradores que hagan un mal uso de los recursos públicos u otros, destinados, en un principio, a educación.
En una primera instancia, el indicio que presentó el Ejecutivo, especifica que los sostenedores deben reintegrar los recursos a los establecimientos. Además de ser sancionado por la Superintendencia de Educación con una cifra que corresponde a la mitad del monto utilizado con otras finalidades. Después de esto, las infracciones a la ley podrán generar responsabilidades civiles y penales. Para ello la Superintendencia o el Servicio de Impuestos Internos deben denunciar los actos ilícitos al Ministerio Público.
El presidente de las comisiones unidas, Fulvio Rossi, respondió ante la inquietud que había desarrollado la Alianza en la sesión, explicando que con esta modificación no se busca acentuar la desconfianza existente en los sostenedores.
“Esta normativa no implica ningún nivel de desconfianza, como la derecha lo quiere plantear, respectos a los sostenedores. Si fuese así, no debiésemos tener un código penal porque tener sanciones sería desconfiar de la ciudadanía. No obstante todos entendemos que tienen que existir sanciones para aquellos que no cumplen las normas que permiten la convivencia democrática. En este caso lo que estamos haciendo, simplemente, es resguardar el buen uso de los recursos del Estado para la educación de nuestros hijos. Ese es el tema central.”, afirmó el Senador.
Desde la Alianza apuntaron específicamente hacia la Democracia Cristiana. Para el Senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, la falange había explicitado no transformar en delincuentes a los sostenedores.
“Durante estos meses la DC sostuvo que no estaban a favor de transformar en delincuentes a los sostenedores. Esa fue la discusión de todos estos meses, que en definitiva, no se estableciese una sanción penal cuando, muchas veces, lo que puede haber es una simple infracción administrativa. La Democracia Cristiana, a diferencia de la izquierda, señaló que no debían establecerse, especialmente por errores administrativos, sanciones de carácter penal.”, recalcó Andrés Allamand.
En esta nueva sesión de la comisión, en donde se discute las 456 indicaciones del Ejecutivo y el Senado, se reflejaron las diferentes perspectivas entre los parlamentarios la Nueva Mayoría que integran la comisión de Hacienda y Educación. En ese sentido, se realizaron dos pausas, pedidas por los congresistas demócratas cristianos, que para el senador Allamand, se realizaban para “ordenar la casa”.
