El sábado se despacharon las 456 indicaciones del proyecto de inclusión, una de las ocho aristas de la Reforma Educacional. En este extenso debate, no solo quedaron puntos inconclusos para los senadores y diputados, sino que también para los expertos. Mario Waissbluth y Ernesto Treviño explicaron cuáles son los cambios necesarios a efectuar, del proyecto que se despachó de las comisiones conjuntas de Hacienda y Educación.
Para el Presidente de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth, es ineludible ampliar los plazos para implementar el fin del copago. Esto, según él, para que no se vea afectada la calidad de la educación pública.
“No estamos de acuerdo con el inicio del fin del copago, que se acordó para el 2017. En dos años la educación pública no se arregla ni con flecos y preferiríamos un inicio más gradual. En vez de dar 25 mil pesos, el 2017, se deberían dar 15 mil y los otros 10 mil el 2018. La gradualidad en las reformas no tiene nada que ver con su profundidad.”, afirmó el líder de Educación 2020.
Otro de los especialistas que expuso una arista, que según su opinión, se debería modificar en el Senado, es Ernesto Treviño. Para el investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales no pueden existir diferentes lineamientos para establecimientos públicos. En este caso, expuso, que el proyecto de ley cuenta con escuelas de tipo A, B y C. Los establecimientos A, son los particulares pagados en donde no opera ninguna restricción para la selección. Los B, que pueden seleccionar hasta el 30 por ciento de los estudiantes. Y finalmente los C, que no pueden seleccionar. A estos dos últimos se refirió el especialista.
“En el caso de los establecimientos con financiamiento público, establecer dos categorías de escuelas en relación al tipo de selección que puedan llevar a cabo, me parece que es una manera de segregar por regla. Lo peor es que se realiza a través del financiamiento de impuestos que todos pagamos.”, aseveró Ernesto Treviño.
Siguiendo en la línea de las modificaciones, una de las indicaciones que tuvo pleno acuerdo, a la hora de cambiarse, es la entrevista que pueden pedir los establecimientos a los apoderados. Los expertos esperan que la modificación del senador Horvath, pueda ser reformulada en la Cámara Alta. Asimismo, los dos académicos manifestaron una opinión diferente al invertir las funciones, en donde puedan ser los apoderados, quienes puedan pedir una entrevista al colegio.
La bancada demócrata cristiana ya planeó modificar esta indicación en la discusión del Senado. Por otro lado, se espera la intervención de los congresistas de la Alianza, quienes se reunieron con abogados constitucionalistas, con el fin de analizar las modificaciones de quórums pedidas por el Gobierno en dos artículos: el primero vinculado con la obligación de constituirse en persona sin fines de lucro y el segundo, la regulación de los procesos de admisión para recibir la subvención. Con esto, la oposición no descartaría recurrir al Tribunal Constitucional.
Desde la Nueva Mayoría esperan que las modificaciones se despachen esta semana desde la Cámara Alta a la Baja. En ese caso, los diputados contarían con seis días para discutir las indicaciones, cumpliendo con el mandato del Ejecutivo de aprobar el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección antes del 31 de enero.
El sábado se despacharon las 456 indicaciones del proyecto de inclusión, una de las ocho aristas de la Reforma Educacional. En este extenso debate, no solo quedaron puntos inconclusos para los senadores y diputados, sino que también para los expertos. Mario Waissbluth y Ernesto Treviño explicaron cuáles son los cambios necesarios a efectuar, del proyecto que se despachó de las comisiones conjuntas de Hacienda y Educación.
Para el Presidente de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth, es ineludible ampliar los plazos para implementar el fin del copago. Esto, según él, para que no se vea afectada la calidad de la educación pública.
“No estamos de acuerdo con el inicio del fin del copago, que se acordó para el 2017. En dos años la educación pública no se arregla ni con flecos y preferiríamos un inicio más gradual. En vez de dar 25 mil pesos, el 2017, se deberían dar 15 mil y los otros 10 mil el 2018. La gradualidad en las reformas no tiene nada que ver con su profundidad.”, afirmó el líder de Educación 2020.
Otro de los especialistas que expuso una arista, que según su opinión, se debería modificar en el Senado, es Ernesto Treviño. Para el investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales no pueden existir diferentes lineamientos para establecimientos públicos. En este caso, expuso, que el proyecto de ley cuenta con escuelas de tipo A, B y C. Los establecimientos A, son los particulares pagados en donde no opera ninguna restricción para la selección. Los B, que pueden seleccionar hasta el 30 por ciento de los estudiantes. Y finalmente los C, que no pueden seleccionar. A estos dos últimos se refirió el especialista.
“En el caso de los establecimientos con financiamiento público, establecer dos categorías de escuelas en relación al tipo de selección que puedan llevar a cabo, me parece que es una manera de segregar por regla. Lo peor es que se realiza a través del financiamiento de impuestos que todos pagamos.”, aseveró Ernesto Treviño.
Siguiendo en la línea de las modificaciones, una de las indicaciones que tuvo pleno acuerdo, a la hora de cambiarse, es la entrevista que pueden pedir los establecimientos a los apoderados. Los expertos esperan que la modificación del senador Horvath, pueda ser reformulada en la Cámara Alta. Asimismo, los dos académicos manifestaron una opinión diferente al invertir las funciones, en donde puedan ser los apoderados, quienes puedan pedir una entrevista al colegio.
La bancada demócrata cristiana ya planeó modificar esta indicación en la discusión del Senado. Por otro lado, se espera la intervención de los congresistas de la Alianza, quienes se reunieron con abogados constitucionalistas, con el fin de analizar las modificaciones de quórums pedidas por el Gobierno en dos artículos: el primero vinculado con la obligación de constituirse en persona sin fines de lucro y el segundo, la regulación de los procesos de admisión para recibir la subvención. Con esto, la oposición no descartaría recurrir al Tribunal Constitucional.
Desde la Nueva Mayoría esperan que las modificaciones se despachen esta semana desde la Cámara Alta a la Baja. En ese caso, los diputados contarían con seis días para discutir las indicaciones, cumpliendo con el mandato del Ejecutivo de aprobar el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección antes del 31 de enero.
El sábado se despacharon las 456 indicaciones del proyecto de inclusión, una de las ocho aristas de la Reforma Educacional. En este extenso debate, no solo quedaron puntos inconclusos para los senadores y diputados, sino que también para los expertos. Mario Waissbluth y Ernesto Treviño explicaron cuáles son los cambios necesarios a efectuar, del proyecto que se despachó de las comisiones conjuntas de Hacienda y Educación.
Para el Presidente de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth, es ineludible ampliar los plazos para implementar el fin del copago. Esto, según él, para que no se vea afectada la calidad de la educación pública.
“No estamos de acuerdo con el inicio del fin del copago, que se acordó para el 2017. En dos años la educación pública no se arregla ni con flecos y preferiríamos un inicio más gradual. En vez de dar 25 mil pesos, el 2017, se deberían dar 15 mil y los otros 10 mil el 2018. La gradualidad en las reformas no tiene nada que ver con su profundidad.”, afirmó el líder de Educación 2020.
Otro de los especialistas que expuso una arista, que según su opinión, se debería modificar en el Senado, es Ernesto Treviño. Para el investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales no pueden existir diferentes lineamientos para establecimientos públicos. En este caso, expuso, que el proyecto de ley cuenta con escuelas de tipo A, B y C. Los establecimientos A, son los particulares pagados en donde no opera ninguna restricción para la selección. Los B, que pueden seleccionar hasta el 30 por ciento de los estudiantes. Y finalmente los C, que no pueden seleccionar. A estos dos últimos se refirió el especialista.
“En el caso de los establecimientos con financiamiento público, establecer dos categorías de escuelas en relación al tipo de selección que puedan llevar a cabo, me parece que es una manera de segregar por regla. Lo peor es que se realiza a través del financiamiento de impuestos que todos pagamos.”, aseveró Ernesto Treviño.
Siguiendo en la línea de las modificaciones, una de las indicaciones que tuvo pleno acuerdo, a la hora de cambiarse, es la entrevista que pueden pedir los establecimientos a los apoderados. Los expertos esperan que la modificación del senador Horvath, pueda ser reformulada en la Cámara Alta. Asimismo, los dos académicos manifestaron una opinión diferente al invertir las funciones, en donde puedan ser los apoderados, quienes puedan pedir una entrevista al colegio.
La bancada demócrata cristiana ya planeó modificar esta indicación en la discusión del Senado. Por otro lado, se espera la intervención de los congresistas de la Alianza, quienes se reunieron con abogados constitucionalistas, con el fin de analizar las modificaciones de quórums pedidas por el Gobierno en dos artículos: el primero vinculado con la obligación de constituirse en persona sin fines de lucro y el segundo, la regulación de los procesos de admisión para recibir la subvención. Con esto, la oposición no descartaría recurrir al Tribunal Constitucional.
Desde la Nueva Mayoría esperan que las modificaciones se despachen esta semana desde la Cámara Alta a la Baja. En ese caso, los diputados contarían con seis días para discutir las indicaciones, cumpliendo con el mandato del Ejecutivo de aprobar el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección antes del 31 de enero.
