En los últimos días surgió un nuevo debate a raíz del ya despachado proyecto que busca poner fin al lucro, a la selección y el copago. La iniciativa del Ejecutivo especificó que todos los establecimientos se deben convertir en corporaciones sin fines de lucro, durante los próximos tres años. El doble de tiempo tendrán los sostenedores que posean colegios con menos de 400 estudiantes, quienes además podrán mantener el contrato con relacionado. El resto, en cambio deberá comprar la infraestructura donde operan, a través de un crédito bancario con garantía estatal del 100 por ciento.
La crítica de los opositores de la Reforma no se hizo esperar, debido que el Estado será aval, durante 25 años, ante posibles abandonos de establecimientos por parte de los sostenedores y porque la iniciativa entregaría millones de pesos a los bancos.
Desde algunos sectores, incluso, se asimilado esta medida con el polémico Crédito Aval del Estado (CAE). Mariana Aylwin, ministra de Educación en el periodo en donde se diseñó esta política, explicó que esta comparación tiene un problema, ya que, según ella, en ese momento nuestro país no contaba con los recursos necesarios para ampliar el Crédito Solidario.
“Ahora, en cambio, habían otras soluciones como por ejemplo permitir los arriendos regulados pero como eso no se aceptó, para mí era importante que las inversiones que se habían hecho se pudiesen pagar en el valor real que éstas tenían. Si el Estado no iba a comprar los establecimientos, la iniciativa que se escogió era una fórmula posible. Aunque tiene el siguiente problema: ahora no van a lucrar los dueños de los colegios pero sí, los bancos.”, afirmó la ex Ministra del Gobierno de Ricardo Lagos.
Para el presidente de la Asociación Gremial de Colegios Particulares de Chile (CONACEP), Hernán Herrera, esta iniciativa no tiene lógica. Basándose en palabras del Ministro, Nicolás Eyzaguirre, pregunta, cuál es el sentido de que las corporaciones compren el inmueble, entiendo que a largo plazo la educación pública tendrá mayor competencia y que muchos de los proyectos educativos podrían cerrar. Con esto, según su opinión, el Estado siendo aval tiene la mayor responsabilidad y no los sostenedores.
“En el caso que no sigan funcionando los proyectos educacionales en el futuro, es el Estado quien deberá seguir pagando el crédito. Ese riesgo se debió haber dejado instalado en los actuales dueños de la propiedad, de manera tal que si el colegio no continúa, sea el dueño de la propiedad actual quien tenga que decidir y no el Estado, quien salve la vida, al menos en lo que se relaciona al pago de la deuda hipotecaria”, expuso el presidente de la CONACEP.
Una de las interpretaciones que entrega Jesús Redondo, Director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), es que con esto, el Gobierno buscó una transición moderada.
“En el fondo esto se llevó a cabo de una forma más moderada o con una transición de mediano plazo, ante el riesgo de un masivo cierre de colegios, que podía ocurrir de un momento a otro. Para evitar esto se optó por un modelo donde todo el mundo transite y observe en el camino qué posibilidades hay de funcionamiento”, respondió Redondo.
A pesar de las críticas que puedan seguir apareciendo por parte de los sostenedores o la oposición, hay que recordar que este proyecto ya fue aprobado por la Cámara Alta, por lo que no se vislumbraría una posible reconfiguración en esta materia.
En los últimos días surgió un nuevo debate a raíz del ya despachado proyecto que busca poner fin al lucro, a la selección y el copago. La iniciativa del Ejecutivo especificó que todos los establecimientos se deben convertir en corporaciones sin fines de lucro, durante los próximos tres años. El doble de tiempo tendrán los sostenedores que posean colegios con menos de 400 estudiantes, quienes además podrán mantener el contrato con relacionado. El resto, en cambio deberá comprar la infraestructura donde operan, a través de un crédito bancario con garantía estatal del 100 por ciento.
La crítica de los opositores de la Reforma no se hizo esperar, debido que el Estado será aval, durante 25 años, ante posibles abandonos de establecimientos por parte de los sostenedores y porque la iniciativa entregaría millones de pesos a los bancos.
Desde algunos sectores, incluso, se asimilado esta medida con el polémico Crédito Aval del Estado (CAE). Mariana Aylwin, ministra de Educación en el periodo en donde se diseñó esta política, explicó que esta comparación tiene un problema, ya que, según ella, en ese momento nuestro país no contaba con los recursos necesarios para ampliar el Crédito Solidario.
“Ahora, en cambio, habían otras soluciones como por ejemplo permitir los arriendos regulados pero como eso no se aceptó, para mí era importante que las inversiones que se habían hecho se pudiesen pagar en el valor real que éstas tenían. Si el Estado no iba a comprar los establecimientos, la iniciativa que se escogió era una fórmula posible. Aunque tiene el siguiente problema: ahora no van a lucrar los dueños de los colegios pero sí, los bancos.”, afirmó la ex Ministra del Gobierno de Ricardo Lagos.
Para el presidente de la Asociación Gremial de Colegios Particulares de Chile (CONACEP), Hernán Herrera, esta iniciativa no tiene lógica. Basándose en palabras del Ministro, Nicolás Eyzaguirre, pregunta, cuál es el sentido de que las corporaciones compren el inmueble, entiendo que a largo plazo la educación pública tendrá mayor competencia y que muchos de los proyectos educativos podrían cerrar. Con esto, según su opinión, el Estado siendo aval tiene la mayor responsabilidad y no los sostenedores.
“En el caso que no sigan funcionando los proyectos educacionales en el futuro, es el Estado quien deberá seguir pagando el crédito. Ese riesgo se debió haber dejado instalado en los actuales dueños de la propiedad, de manera tal que si el colegio no continúa, sea el dueño de la propiedad actual quien tenga que decidir y no el Estado, quien salve la vida, al menos en lo que se relaciona al pago de la deuda hipotecaria”, expuso el presidente de la CONACEP.
Una de las interpretaciones que entrega Jesús Redondo, Director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), es que con esto, el Gobierno buscó una transición moderada.
“En el fondo esto se llevó a cabo de una forma más moderada o con una transición de mediano plazo, ante el riesgo de un masivo cierre de colegios, que podía ocurrir de un momento a otro. Para evitar esto se optó por un modelo donde todo el mundo transite y observe en el camino qué posibilidades hay de funcionamiento”, respondió Redondo.
A pesar de las críticas que puedan seguir apareciendo por parte de los sostenedores o la oposición, hay que recordar que este proyecto ya fue aprobado por la Cámara Alta, por lo que no se vislumbraría una posible reconfiguración en esta materia.
En los últimos días surgió un nuevo debate a raíz del ya despachado proyecto que busca poner fin al lucro, a la selección y el copago. La iniciativa del Ejecutivo especificó que todos los establecimientos se deben convertir en corporaciones sin fines de lucro, durante los próximos tres años. El doble de tiempo tendrán los sostenedores que posean colegios con menos de 400 estudiantes, quienes además podrán mantener el contrato con relacionado. El resto, en cambio deberá comprar la infraestructura donde operan, a través de un crédito bancario con garantía estatal del 100 por ciento.
La crítica de los opositores de la Reforma no se hizo esperar, debido que el Estado será aval, durante 25 años, ante posibles abandonos de establecimientos por parte de los sostenedores y porque la iniciativa entregaría millones de pesos a los bancos.
Desde algunos sectores, incluso, se asimilado esta medida con el polémico Crédito Aval del Estado (CAE). Mariana Aylwin, ministra de Educación en el periodo en donde se diseñó esta política, explicó que esta comparación tiene un problema, ya que, según ella, en ese momento nuestro país no contaba con los recursos necesarios para ampliar el Crédito Solidario.
“Ahora, en cambio, habían otras soluciones como por ejemplo permitir los arriendos regulados pero como eso no se aceptó, para mí era importante que las inversiones que se habían hecho se pudiesen pagar en el valor real que éstas tenían. Si el Estado no iba a comprar los establecimientos, la iniciativa que se escogió era una fórmula posible. Aunque tiene el siguiente problema: ahora no van a lucrar los dueños de los colegios pero sí, los bancos.”, afirmó la ex Ministra del Gobierno de Ricardo Lagos.
Para el presidente de la Asociación Gremial de Colegios Particulares de Chile (CONACEP), Hernán Herrera, esta iniciativa no tiene lógica. Basándose en palabras del Ministro, Nicolás Eyzaguirre, pregunta, cuál es el sentido de que las corporaciones compren el inmueble, entiendo que a largo plazo la educación pública tendrá mayor competencia y que muchos de los proyectos educativos podrían cerrar. Con esto, según su opinión, el Estado siendo aval tiene la mayor responsabilidad y no los sostenedores.
“En el caso que no sigan funcionando los proyectos educacionales en el futuro, es el Estado quien deberá seguir pagando el crédito. Ese riesgo se debió haber dejado instalado en los actuales dueños de la propiedad, de manera tal que si el colegio no continúa, sea el dueño de la propiedad actual quien tenga que decidir y no el Estado, quien salve la vida, al menos en lo que se relaciona al pago de la deuda hipotecaria”, expuso el presidente de la CONACEP.
Una de las interpretaciones que entrega Jesús Redondo, Director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), es que con esto, el Gobierno buscó una transición moderada.
“En el fondo esto se llevó a cabo de una forma más moderada o con una transición de mediano plazo, ante el riesgo de un masivo cierre de colegios, que podía ocurrir de un momento a otro. Para evitar esto se optó por un modelo donde todo el mundo transite y observe en el camino qué posibilidades hay de funcionamiento”, respondió Redondo.
A pesar de las críticas que puedan seguir apareciendo por parte de los sostenedores o la oposición, hay que recordar que este proyecto ya fue aprobado por la Cámara Alta, por lo que no se vislumbraría una posible reconfiguración en esta materia.
