El pasado 12 de diciembre, la Cámara Baja aprobó por 36 votos a favor un proyecto de acuerdo para implementar un IPC regional presentado por la diputada Marcela Hernando (PR). La iniciativa busca que el Ejecutivo haga un ajuste al cálculo de este índice para tener uno nacional y otro de nivel regional.

La actual cobertura geográfica del IPC corresponde a las quince capitales regionales, utilizando la información de precios y gastos que allí se generan. La llamada bancada regionalista pide que se elabore un índice regional que refleje de manera más fidedigna el costo de la vida en esos lugares como Antofagasta o Punta Arenas, por ejemplo.

El senador que representa a la región de Aysén, Antonio Horvath (Indep) comparte la visión de la impulsora de este proyecto respecto de la necesidad de contar con un IPC y un salario mínimo regionalizado porque, según indicó, las realidades de las diversas zonas del país son totalmente distintas a las que se viven a nivel nacional.

El legislador señaló que un proyecto sobre esta materia compromete fondos públicos, por lo que es necesario introducir una modificación constitucional que permita llevarlo a cabo. Sin embargo, aseguró que la idea estaría planteada para este año.

“Creo que es un tema a tomar en conjunto con el Ejecutivo durante este año, a menos que con mayorías que corresponden, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado lo aprueben como reforma constitucional, y a partir de ese momento podemos tener atribuciones”, explicó el senador.

El diputado Sergio Ojeda (DC) también se mostró partidario de discutir un IPC regional, tomando en cuenta que Chile tiene zonas de mucha riqueza y otras muy pobres. Por ello, dijo que sería conveniente tener una medición regionalizada que aborde esas realidades. El parlamentario afirmó en el trabajo legislativo sobre descentralización es posible sumar indicaciones que consideren la eventual implementación de este tipo de IPC territorial.

“Como ahora se empieza a discutir ya el verdadero proceso de descentralización en la Cámara de Diputados porque el Gobierno ya presentó el proyecto de ley de descentralización, donde se transfieren facultades del gobierno central a los gobiernos regionales y en ese mismo proyecto se podrían introducir algunas indicaciones respecto de otras materias que ameritan descentralizarse como el IPC regional sin que eso signifique dejar de lado el IPC nacional”, explicó Ojeda haciendo alusión al documento entregado por la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización, donde se pidieron garantías para lograr una efectiva política de autonomía regional.

Sin embargo y pese al apoyo político, desde el ámbito técnico se plantean algunos matices sobre la pertinencia de este indicador.

En favor se manifestó el Doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Católica de Lovaina, Jan Cademartori, quien ha dirigido investigaciones sobre un IPC regional para Antofagasta, señalando que el costo de la vida en esa zona es muy superior al resto del país.

El también profesor de la Universidad de Antofagasta ejemplificó la vinculación que hay entre el IPC regional con el actual salario mínimo nacional, el cual debido al mayor costo de la vida en Antofagasta es muy bajo para satisfacer las necesidades de las personas: “Si esta región es más cara no se le puede pagar lo mismo a un empleado público, un profesor, un trabajador cualquiera por el costo de la vida que hay acá en comparación con el resto del país. En la negociación colectiva de los sindicatos se debiera incorporar el verdadero nivel de precio regional. No se puede negociar con fundamento el nivel de los salarios, porque no se conoce exactamente cuál es el costo de la vida y sólo se especula”, indicó Cademartori.

El académico agregó que al no haber claridad sobre el costo de la vida en la región, se produce un impacto sobre los efectos de las políticas públicas y en la asignación del Presupuesto Regional, ya que los montos establecidos alcanzan para comprar menos productos y servicios en comparación con el resto del país.

Una visión distinta entregó el académico de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón, quien se refirió a las posibles distorsiones que se producirían en los mercados al implementar indicadores diferenciados por territorios.

“Hay que tener en cuenta que esto también podría tener alguna distorsión sobre los índices generales, sobre todo en el mercado financiero, y los mercados de capitales, que operan en Santiago. Ese es el problema de tener índices diferentes, porque se plantea la pregunta sobre en qué caso operarían los índices regionales y en cuáles se aplicarían los indicadores nacionales”, señaló el experto.

Finalmente, este año podría ser clave para la discusión e implementación de un IPC regionalizado. Esto en el marco del informe sobre descentralización que entregó la comisión especial al Gobierno, que pretende incorporar políticas públicas más involucradas con la realidad que se vive en las regiones.