Después de siete años de tramitación, en 2012 se promulgó la Ley Antidiscriminación, también conocida como “Ley Zamudio”, que en teoría permite iniciar un corto procedimiento judicial, para determinar la existencia de un hecho discriminatorio arbitrario, que en caso de ser efectivo, impone multas a beneficio fiscal y evita que siga ocurriendo.
La nueva norma legal enfrentó una serie de críticas, entre ellas que se aprobó con premura, lo que incidió en una serie de falencias, dejando fuera de la protección de la ley distintos tipos de actos discriminatorios. Por ello, algunos especialistas sostuvieron en ese momento que contiene una definición deficiente de “discriminación arbitraria”, además de una redacción confusa que no aclara la intención del legislador.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus conclusiones finales de julio de 2014, en el marco del sexto informe periódico de Chile sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si bien mostró su satisfacción por la aprobación de esta ley, manifestó su desasosiego porque no se incluyó el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, y agregó que “le preocupa que prevalezcan estereotipos, discriminación y marginación, en particular en contra de las mujeres”.
Voceros de organizaciones aseguran que el Gobierno sólo estaría respondiendo ante los informes desfavorables de la comunidad internacional, sin embargo en la práctica no disminuye la discriminación.
La vocera de la Marcha Mundial de Mujeres y de la organización Feministas en Lucha, Angie Mendoza, aseguró que no se trata de una política social y se trataría de una ley sin operatividad.
“Si no existe una campaña de sensibilización donde se aborde por ejemplo el tema de migración o de la transexualidad, es bien complejo que hoy día, lo que ofrece la ley de ese cambio es como pena de cárcel y eso es una ley tibia si no se integran esos conceptos y no se haga realidad en programas o en políticas sociales. Es muy difícil que cambie la percepción que existe de los chilenos sobre la discriminación, a los pueblos originarios, a las mujeres todavía en el campo del trabajo. Está todavía la ley Zamudio enfocada a los homosexuales, pero poco tiene de los otros grupos como les llama el gobierno, minorías”.
El presidente de la Agrupación Pelantaro, José Ancalao, integrante del movimiento de jóvenes mapuche que impulsa la campaña por una nación plurinacional, destacó que no se puede reducir el tema indígena y la discriminación a “la defensa por los legítimos derechos de las minorías sexuales” y que los derechos de los pueblos originarios deberían estar contenidos en otro tipo de norma legal.
“Nosotros apoyamos la lucha de ellos, pero no creo que en una ley deberían quedar juntas, debería quedar en una ley especial que entregue autonomía a los pueblos indígenas, que logremos tener un país plurinacional. Además la legislación internacional, respecto del tema indígena, es mucho más severa con Chile en términos de la discriminación, el problema es que Chile y el estado no se ha adaptado a la legislación internacional como la Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas el Convenio 169, entre otros”.
El ex presidente de la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE) precisó que el esfuerzo que debería hacer el Gobierno en esta materia es adecuar la legislación interna a los estándares internacionales.
Según informó el vocero del Ejecutivo, los primeros días de marzo, se reunirán con distintas asociaciones vinculadas a la diversidad sexual para perfeccionar la Ley Antidiscriminación, también realizarán un balance para evaluar el impacto y se trabajará en algunos ejes como las sanciones y las pruebas que deben presentar las víctimas.
Otra de las ideas es crear una institución que pueda monitorear los casos de discriminación y eventualmente agregar la propuesta de los dirigentes del Movilh, quienes plantean agregar un artículo para sancionar a quienes amenacen a personas o colectividades, con penas de cárcel y multas que podrían ir de 50 a 100 UTM.