Diario y Radio Universidad Chile

Año XIII, 2 de diciembre de 2021

Escritorio MENÚ

Penta: Nuevos involucrados generan cuestionamiento transversal a la política

El llamado caso Penta ha develado, según algunos analistas y dirigentes políticos, una práctica que se ha ido naturalizado en los últimos años: la relación de la actividad política con los empresarios. Los nuevos nombres que se han ido anexando a la investigación, y que hoy involucran a militantes de la Nueva Mayoría, confirmarían la poca confiabilidad que la ciudadanía tiene en las instituciones y en la política.

Sandra Trafilaf

  Martes 17 de febrero 2015 21:40 hrs. 
caso penta


La auditoría que realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a principios de 2014 demostró la desafección y la escasa valoración ciudadana de la política y sus instituciones. A juicio de algunos personeros políticos estos datos confirman la necesidad de cambiar no sólo el marco normativo legal, sino también la Constitución política, diseñada en dictadura, para recuperar la credibilidad en una democracia que habría sido dañada desde su interior.

Para lograr este cometido los analistas aseguran que investigaciones como la del caso Penta, por ejemplo deberían terminar con responsables que cumplan penas ante la justicia, y así ponerle fin a la sensación de que “todos los políticos son corruptos y no se les aplica la ley”.

Las denuncias, investigaciones y futuras sanciones también son vistas como una oportunidad de reformar leyes y generar una nueva Carta Fundamental, que no estén pensadas como un traje a la medida de ningún partido y de ningún sector.

Investigaciones como los ilícitos cometidos por el holding Penta, que en principio solo involucró a la UDI y al ministro Alberto Undurraga, pero que ahora tiene de protagonistas a militantes de la DC y el PS, se suman al caso “Caval”, en el cual el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos se reunió con el empresario Andrónico Luksic para conseguir un crédito millonario para la empresa de su esposa, Natalia Compagnon.

En el marco de la investigación al Grupo Penta, el fiscal Carlos Gajardo solicitó información a la minera Soquimich (SQM) respecto de 19 personas que habrían emitido boletas de honorarios en julio de 2009.

Entre ellos está el hijo del diputado DC Roberto León, Roberto Javier León Araya con honorarios por 2 millones y medio. El diputado León quien estuvo durante largo tiempo vinculado al grupo de los “guatones”, facción liderada por Gutenberg Martínez, aún no ha dado a conocer su versión por encontrarse de viaje fuera del país.

El ex embajador de Chile en la Republica Checa, Marcelo Rozas es otro militante DC que aparece extendiendo boletas de honorarios con un monto bruto de más de dos millones, además de boletas a nombre de su esposa e hijo.

Otra de las personas investigadas sería una ex asesora del senador (PS) Fulvio Rossi, Mariela Molina, quien trabajó para Soquimich en 2009 en el marco de un proyecto en Pozo Almonte, para realizar un levantamiento de datos sobre los dirigentes más representativos de la zona y el comportamiento de las redes sociales.

Estas son situaciones que según algunos integrantes de la Nueva Mayoría deberían constituirse en una oportunidad para ordenar la escena política.

Respecto de los militantes de la DC, el diputado Roberto León, Marcelo Rozas y la asesora del senador del PS Fulvio Rossi, Marcela Molina quienes podrían estar envueltos en el caso, el vocero de Gobierno Álvaro Elizalde, reiteró que son los tribunales quienes deben investigar sin interferencias de ningún tipo.

El ex diputado y actual candidato a presidir la DC, Ricardo Hormazábal aseguró que estos hechos demuestran el fracaso de los dirigentes para enfrentar la corrupción en la política.

“Aquí hay un fracaso estrepitoso de las elites dirigentes para poder enfrentar los desafíos que ha generado esta cultura del dinero y del hedonismo. Aquí se han aprobado entre el Presidente Lagos y (Pablo) Longueira normas legales para legitimar las platas negras que la UDI recibía, y eso ha generado efectos legales, y a mi juicio, antiéticos. No, este no es un tema de los políticos, este es un tema de la sociedad chilena en su conjunto”.

Ricardo Hormazábal insistió en que no se debe dar “espacio moral a la derecha para escudarse en otros”. El político además indicó que “si alguien tiene que caer, debe caer”.

Por su parte el abogado querellante en el caso Penta, Enrique Aldunate y que representa a los diputados socialistas Osvaldo Andrade, Marcelo Shilling, entre otros sostuvo que no le constaba que la ex asesora del senador Rossi estuviera comprometida en algún ilícito.

“Efectivamente aparece este nombre hoy, pero tengo información contrapuesta porque por una parte algunas personas me dicen que esta persona, que aparentemente trabajaría con el senador Rossi, durante ese período no trabaja con él. En cambio, La Tercera afirma que habría trabajado por un periodo continuo, entonces sobre esa base no podría pronunciarme, acá lo único que vale es lo que está en la carpeta. Ahora, sin perjuicio de eso, nuestra posición es que todos los hechos que aparezcan deben investigarse con el mismo rigor, da lo mismo que sea una persona comprometida con el mismo partido de las personas que yo represento”.

La directora de Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada explicó que le preocupa que las sanciones sólo tomen el curso por la vía tributaria, ello porque la ley electoral sería débil y únicamente contempla multas que en este caso no se podrían aplicar, porque estaría prescrito.

“En este caso por ejemplo, el senador (UDI) Moreira hizo un reconocimiento público de haber infringido la ley, entonces creemos que debería haber una responsabilidad política. En el caso de la senadora (UDI) Ena von Baer también ella negó haber solicitado dinero, que luego por un correo se supo que sí lo había hecho. Entonces, creemos también que deberían haber responsabilidades políticas y no sólo esperar a los juicios y las sanciones criminales, penales o tributarias que podrían haber, sino también debe haber una responsabilidad política de enfrentar a la ciudadanía y asumir que se ha infringido la ley, al competir en las elecciones”.

Sobre los descargos de los integrantes de la Nueva Mayoría que se han visto involucrados en estas supuestas irregularidades en las últimas horas, el senador Fulvio Rossi, a través de un comunicado negó tener vinculación con Mariela Molina en el año que ella prestó asesoría a Soquimich. Molina por su parte descartó en Soychile.cl alguna ilegalidad en sus honorarios.

El vocero de la DC, diputado Fuad Chaín manifestó que se contactarán con el diputado falangista Roberto León para conocer su versión de los hechos y comprobar si hubo algún tipo de ilegalidad en el servicio se prestó: “Pero si se utilizó un instrumento falso, es distinto”, concluyó.

Según el cronograma de trabajo, se espera durante los próximos días la Policía de Investigaciones comience a tomar declaraciones a 19 personas que figuran con boletas de honorarios emitidas a SQM durante julio de 2009.

La idea, es esclarecer su la emisión de boletas son por prestaciones realmente efectivas, o bien, son ideológicamente falsas, es decir, por labores que no se realizaron.

Según consta en la carpeta de investigación, las 19 personas a las que se interrogará, poseen comprobantes tributarios con un monto mayor a 1 millón de pesos.