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Año XV, 30 de enero de 2023

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Fortalecimiento de la democracia: Piden delimitar atribuciones del Servel

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados continuó la discusión sobre el proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, iniciativa sobre la cual Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, abogó por disminuir las funciones al Servicio Electoral. Mientras que el presidente del Centro Democracia y Comunidad, Patricio Zapata, sostuvo que la pérdida del escaño parlamentario debiese contemplarse como sanción por infracción grave a la ley electoral.

Tania González

  Martes 3 de marzo 2015 20:43 hrs. 
Servel 4

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El proyecto de ley que busca el fortalecimiento y transparencia de la democracia recibió distintos aportes y opiniones del mundo académico y actores interesados en profundizar la participación ciudadana, como fue el caso de la oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Marcela Ríos.

Ríos consideró esencial discutir en conjunto las normas e instituciones encargadas de la ley de partidos políticos con las del sistema de financiamiento, con el objeto de no generar reglas contradictorias, además de poder precisar cuál será el rol del Servicio Electoral (Servel), si requiere de entidades adicionales o debe ser este servicio quien asuma todas las responsabilidades.

Para la cientista política el organismo actualmente requiere de la capacidad de fiscalizar el gasto de campaña y lo que tiene que ver con partidos políticos, más allá de los requisitos que se le imponen.

“El Servel no debería ser sobrecargado de funciones que van más allá de administrar elecciones y supervisar el gasto electoral. Todo lo que tiene que ver con aplicar sanciones y operar como un tribunal debe ser a cargo de otra entidad y no entregarle esa función al Servel que sea juez y parte. En término de los criterios de transparencia lo razonable es que sea el Consejo de Transparencia el que vele por los requisitos”.

Por otro lado, Marcela Ríos propone no solo avanzar en sanciones penales, sino que también en los estándares internos y sanciones éticas dentro de los mismos partidos políticos, las corporaciones y sus miembros.

Al respecto, María José Poblete Directora Ejecutiva de Fundación Pro Acceso, en base al contrapeso entre la autoridad elegida y la rendición de cuentas, sostuvo que el partido político debiera exigir información del candidato, independiente de que sea tratada como dato personal y no se transforme en información pública.

“Por parte de la transparencia, se podría publicar la información sobre las resoluciones que dicte el Tribunal Supremo de cada partido respecto de sus militantes y sobre los procedimientos sancionatorios de los que está siendo objeto el partido político, los candidatos o los ya elegidos”.

El presidente del Centro Democracia y Comunidad, Patricio Zapata, basado en la experiencia francesa en donde se le entrega al Consejo Constitucional la facultad de anular una elección y permitir que el candidato se vuelva a presentar, puso énfasis en que la sanción que implique la pérdida del escaño parlamentario, debiese ser la que se imponga por infracción a la ley electoral.

“Es indispensable que la anulación del escaño no signifique expropiar el poder ciudadano, por lo tanto, tendría que ir acompañado de la idea de una elección nueva dentro de los siguientes 60 días para proveer el escaño. Tendríamos que asegurar que el órgano que decide la nulidad tenga las competencias y un quorum alto y tendríamos que definir cuál es la gravedad de la falta”.

Por último, Zapata planteó que hay dos órganos candidatos para hacerse cargo de esta materia: el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que está facultado para conocer de ciertas inhabilidades y el Tribunal Constitucional que sumaría una nueva inhabilidad al haberse violado la ley electoral gravemente.

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