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Año XIV, 27 de mayo de 2022

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Ampliación de querella del SII: La clave de la arista SQM  

Fue en el mes de enero que el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner que posibilitó la aparición de la arista SQM en medio de la investigación por el Caso Penta y que involucra a personeros de la Nueva Mayoría. Dicha querella fue acotada lo que dejó un periodo de años fuera de la investigación, decisión que la Fiscalía busca revertir.

Claudio Medrano

  Miércoles 11 de marzo 2015 21:21 hrs. 
SVS declara ante fiscalia

Era lo que se esperaba luego de la formalización de los imputados en el marco del caso Penta. Con la investigación en curso en dicho proceso, los dardos del Ministerio Público apuntarían ahora a la arista más reciente de este caso y que se pudo conocer gracias a los antecedentes proporcionados durante las indagatorias al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner: la arista SQM.

Recordemos que durante los interrogatorios a la cuñada de Wagner, María Carolina de la Cerda, se descubrió que la empresa Sociedad Química y Minera de Chile le había emitido pagos a Wagner a través de boletas “ideológicamente falsas” emitidas a nombre de ella. Con estos antecedentes el fiscal, Carlos Gajardo, recopila antecedentes que permiten ubicar a una serie de personas que habrían emitido boletas, presumiblemente para financiar campañas políticas por conductos no legales.

Dichos antecedentes fueron entregados al Servicio de Impuestos Internos que decidió presentar una querella en contra de Pablo Wagner por delito tributario en el mes de enero, la que luego fue reingresada.

Si bien la primera acción judicial presentada por el SII solicitaba investigar toda la documentación contable de los años comerciales de la empresa, en el periodo comprendido entre 2009 y 2014, luego la entidad decidió dar pie atrás con esto y restringir la solicitud solo a julio de 2009.

Para el abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, es muy relevante que se pueda tener acceso a dichos documentos porque permitiría esclarecer de mejor forma la arista política del caso, “no se trata de igualar las situaciones en cuanto a que esto es de toda la clase política. Lo que decimos es que durante un mes se encuentran boletas vinculadas a dos funcionarios públicos y lo razonable es que el Ministerio Público, con nuestra querella pueda incautar toda la contabilidad de SQM para confirmar o descartar que existieran más políticos financiados por Soquimich”, señaló.

El abogado sostiene que acceder a esta información va en la línea de la estrategia de la fiscalía y que tiene en el punto de mira a los políticos involucrados en el caso, “es muy probable que el próximo paso que realice el Ministerio Público sea la formalización de parlamentarios, esa es una decisión exclusiva de la Fiscalía y creo que la tomarán cuando tenga los antecedentes necesarios para hacerlo”.

La arremetida de la Fiscalía

Este lunes, a eso de las 10 de la mañana, los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias llegaron hasta las oficinas de Soquimich para solicitar la información contable del periodo que falta por investigar, es decir, desde el año 2009 hasta el 2004.

Si bien la petición es voluntaria, es decir la empresa es libre o no de cooperar con los antecedentes, en caso de existir una negativa se puede solicitarar una orden judicial que permita requisar dichos documentos.

Recordemos que luego de analizar la primera información –donde existen presuntos aportes irregulares a la campaña de Joaquín Lavín-, la fiscalía analiza ahora información sobre otros 19 eventuales implicados en la arista SQM. En este caso se indaga la presunta emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas.

Si bien el ente persecutor ha llevado a cabo estas acciones, son conscientes de que para otorgar mayor sustento a la investigación es necesario que el SII amplíe la querella hasta el año 2014. Para el Ministerio Público esta decisión es clave ya que no solo se permite la posibilidad de investigar la arista SQM sino que, también, se abre la puerta para indagar a otras empresas que hayan incurrido en delitos similares.

La pelota la tiene el Ministerio Público

En el Servicio de Impuestos Internos hay silencio respecto de este tema. De hecho, al ser consultados sus representantes, luego de la formalización de los imputados en el Caso Penta, declinaron referirse directamente a si se sumarían a la querella presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente en contra de los políticos involucrados en el caso.

Cuando asomaron las críticas a la decisión de acotar la querella presentada en contra de Pablo Wagner, la versión al interior del servicio sostenía que “no podríamos pedir diligencias de investigación sobre hechos que no conocemos. Por eso se piden los antecedentes de años y meses específicos para cada caso en que se  emitió la boleta ideológicamente falsa”, de acuerdo a un artículo publicado en El Mostrador.

Dicha afirmación es compartida por el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza, quien cree que la entidad no está dispuesta a apoyar una investigación sin sustento: “Hay que preguntarle al Servicio si esa documentación que ha entregado la fiscalía son suficientes para que inmediatamente amplíe la querella, porque si el SII amplía la querella con pocos antecedentes esa acción se puede caer y lo que menos queremos en esta instancia es que se caiga una querella o fracase por no tener las diligencias debidas”.

De todas formas y de acuerdo a lo señalado desde la fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos tiene en su poder una carpeta, desde el mes de noviembre, con un informe del fiscal Carlos Gajardo, con antecedentes que involucrarían incluso a otras compañías con este tipo de ilícitos.

En efecto, la percepción de que este escándalo no se circunscribe solo a Penta es compartida por Juan Apablaza quien sostiene que es un tema de sentido común: “No puedo asegurar que hay otras empresas porque no las he visto, pero la lógica común que puede tener un individuo medio indica que, efectivamente, esto no es solo de Penta, que aquí hay una máquina para evadir o eludir impuestos que no solamente corresponde a Penta y que este “modus operandi” se ha hecho en otras empresas medianas, grandes y chicas”, agrega.

Lo concreto es que la fiscalía quiere evitar que la investigación se complique y por lo mismo esperan un pronunciamiento a favor por parte del SII que allane las indagatorias. El problema, según Apablaza, es que si los antecedentes entregados por el Ministerio Público no son concretos, la investigación que realice el Servicio se complejiza, lo que atrasaría -por varios meses- un pronunciamiento, tiempo que el equipo de fiscales no dispone.

La respuesta de SQM

Por su parte, la empresa SQM ha tomado sus recaudos interponiendo una acción judicial para impedir que la fiscalía pueda tener acceso a los documentos contables que solicitó a comienzos de esta semana.

“Pedimos al tribunal que la fiscalía se abstenga de realizar diligencias”, dijo el abogado Samuel Donoso, quien presentó el recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por considerar que el Ministerio Público está actuando sin atribuciones al ampliar las diligencias a años distintos a los que fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos.

La solicitud se basa en el artículo 162 del Código Tributario, en el que se indica que sólo se pueden investigar este tipo de delitos previa denuncia del SII.

Resta saber ahora los pasos que adoptará la fiscalía ante esta decisión porque recordemos que ya había anunciado solicitar una orden judicial en caso que la información solicitada le fuera negada.

¿Qué viene en el Caso Penta?

Lo inmediato es la revisión de las medidas cautelares que se llevará a cabo este viernes en la Corte de Apelaciones. De esta forma, en caso que el tribunal revoque la prisión preventiva para alguno de los detenidos, los beneficiados saldrán del recinto penal durante la misma jornada. El Ministerio Público en este caso, no tiene instancias para apelar.

Mientras, los 120 días de investigación que dio el juez Escobar pasan, la Fiscalía debe seguir con las indagatorias. Terminado este plazo, el Ministerio Público deberá acusar a los formalizados y pedir las penas en su contra. Tras esto, se pueden analizar salidas alternativas, como un juicio abreviado. De lo contrario, se puede dar inicio a un juicio oral.