En la próxima sesión ordinaria del CRUCh, fijada para el 26 de marzo, Aldo Valle asumirá su cargo formalmente. Mañana se realizará el traspaso administrativo y el rector de la Universidad de Valparaíso aprovecha estos momentos para pensar cuál será el rol del Consejo de Rectores en este periodo, una etapa que probablemente esté marcada por la institucionalidad y el financiamiento de las universidades.

El futuro del CRUCh, los avances que espera comandar en su mandato y el proyecto de gratuidad en la educación superior fueron partes de los temas que analizó el nuevo vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle.

Si el ranking de notas y el sistema único de admisión marcaron el ciclo del rector Juan Manuel Zolezzi en el CRUCH, ¿por qué avances le gustaría que su mandato fuera recordado?

Nosotros debiéramos ser promotores activos de un cambio al marco regulatorio y al régimen jurídico de la educación superior en el país. Desde luego esto va más allá del interés que puedan tener las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores. Va más allá de las 25 universidades del CRUCh.

Nos preocupa realmente qué ocurre con el sistema de educación superior en su conjunto y quisiéramos que haya un nuevo orden público. Esto daría lugar a un sistema de educación superior cualitativamente diferente al que se ha impuesto en el país, con un sistema de aseguramiento de la calidad obligatorio y no optativo.Y también sobre la base de un ejercicio de potestad pública, con mayor independencia y profesionalismo. 

De la misma forma debe haber un cambio sustantivo en el financiamiento de la educación superior y en las políticas nacionales de ciencia y tecnología. En el financiamiento debiéramos ser promotores activos, para que las familias y los jóvenes chilenos no tengan que soportar esa enorme carga que significa los costos de la educación superior. Chile es uno de los países que debe tener mayor financiamiento de los propios estudiantes o de sus familias. Esto desde luego representa un agobio, una discriminación y un sacrificio enorme para cientos de miles de jóvenes que han accedido a la educación superior.

¿Usted estaría de acuerdo en abrir el Consejo de Rectores a universidades privadas que cumplan con un rol social? 

Para ello hay que desarrollar una discusión previa, que es cómo se aseguran estándares comunes desde el punto de vista del régimen jurídico, de la misión y de los propósitos institucionales de un número mayor de universidades que, actualmente, poseen una heterogeneidad. Una que resiste, creo yo, a cualquier organización con una comunidad o unidad de propósitos de cara a las políticas públicas en educación superior, que es el sentido, por lo demás, que debe tener una institución análoga o semejante al Consejo de Rectores. Mientras no se produzcan esos cambios en el marco regulatorio, estamos haciendo esta discusión al revés. 

Alguien lo podría decir de un modo más preciso, que caeríamos en el preposterismo. Poniendo lo que está después, antes. Aquí necesitamos desde luego discutir sobre institucionalidad de la educación superior y sin duda que en ese contexto, nadie puede negar que el sistema de la educación superior en Chile no es el mismo que había en el año 1954, año en que se creó el Consejo de Rectores.

En consecuencia, desde luego que la institucionalidad debe entender que la relación del Estado con las universidades no puede estar referida sola a 25 de ellas, ya que hay muchas más. Pero mientras no esté claro cuál es el régimen jurídico que van a compartir las casas de estudio, me parece que discutir si se debe o no ampliar el Consejo de Rectores es partir al revés. Por lo demás, tampoco es una discusión que hayamos dado en el CRUCh y esperamos que en nuestra próxima sesión, consideremos este asunto, al menos para acordar un proceso de debate interno a partir de la sesión de fines de marzo.

¿Le pareció correcta la decisión del Mineduc de aplazar el proyecto de gratuidad en la educación superior para el segundo semestre? 

Me parece que el primer proyecto que debiera tramitarse, es el relativo al financiamiento, y en ello creo que no debe solo considerarse la gratuidad, sino también el sistema de financiamiento a la investigación. Es urgente dar señales y resultados muy concretos acerca de un nuevo sistema de financiamiento en esta etapa educativa.

En Chile, el costo de las universidades, en la medida en que debe ser soportado por los propios estudiantes, endeudándose, o por sus familias, genera exclusión y segregación.

Hoy hay un número significativo de universidades que tienen matrículas y que están impartiendo diversas carreras, pero que no están acreditadas. Lo más probable es que muchos de esos jóvenes que están estudiando en esas universidades, cuando terminen, tengan dificultades para encontrar trabajo, para desempeñarse dignamente en el campo laboral, pero con la carga de terminar endeudados.

¿Esperó que se desarrollara antes?

Ciertamente estamos ante un sistema de educación superior que requiere cambios significativos y el primero de ellos dice relación con el financiamiento. En ese sentido, me parece a mí que el proyecto correspondiente, debiera quedar presentado en el Congreso antes de que termine el primer semestre. Porque de otra forma, vamos a terminar el año sin el proyecto de ley que asegure gratuidad en educación superior. Éste es un proyecto de ley que dará inicio a un proceso que tendrá gradualidad. Sin embargo, es indudable que el 70 por ciento más vulnerable de la matrícula en educación superior, requiere de modo impostergable un financiamiento público.

Todos debiéramos entender que tal vez la gratuidad universal no pueda producirse de un año para otro, porque los recursos obviamente son limitados para una tarea como esta. Pero sí debe hacerse sobre la base de un aseguramiento del rol y una misión publica, además de ciertos estándares que el propio Estado debe definir. Porque no se trata de transferir recursos a los mismos oferentes que hoy existen en educación superior, dado que no garantizan la calidad. Hay algo así como 16 universidades que no están acreditadas y una cantidad importante de estudiantes que se están matriculando en estas instituciones, sin garantías de que los recursos destinados a educación, contribuyan efectivamente a una mayor calidad y no finalmente, a los patrimonios privados. No se trata de ser malidiciente, pero es indudable que en Chile con la educación superior se lucra, y que hay instituciones que lo hacen. Entonces si no hay cambios en este sentido, habrá un dispendio de recursos públicos que el país no se merece. De este modo, ojalá la primera respuesta sea gratuidad sobre la base de condiciones en donde efectivamente la misión pública quede debidamente garantizada.

¿A qué instituciones debería incluir y cuáles no?

Me parece que debiera estar abierto, pero a su vez, que las condiciones que deben cumplir las universidades que accedan a recursos públicos para gratuidad de la docencia de pre grado, deben ser también muy nítidas y muy exigentes. Los recursos que la sociedad chilena destine a educación, deben materializarse en ese servicio social que es la educación y no en ocasión de negocio o de oportunidades para obtener lucro. 

Por mi parte no diría a tal o cual grupo de universidades, sino a todas aquellas que estén en condiciones de cumplir con un alto estándar de exigencia a efectos de garantizar la función pública. Se puede hacer obviamente en un sistema de provisión mixta, a través de instituciones estatales o solo de instituciones privadas. Pero sobre la base de que una y otra cumplen con unos estándares de exigencia comunes.

El sistema de oferta en educación superior es muy heterogéneo en el país, hay instituciones estatales, hay instituciones que no son estatales pero que han cumplido con una larga tradición y me refiero a las 9 universidades que perteneciendo al CRUCh no son estatales. Pero además fuera del Consejo hay también un conjunto muy heterogéneo de instituciones donde también podríamos encontrar varias que pueden cumplir con este estándar de misión y propósito propio de una función pública. Y a esos estudiantes, me parece que el Estado debe contribuir con financiamiento.

¿Con qué universidades, el Ejecutivo, debería partir implementando la gratuidad?

No me parece que el Gobierno esté obligado a determinar un grupo de universidades. Las que presentan una mayor homogeneidad a los efectos y a los fines que yo he reseñado hace un momento, son las universidades del CRUCh. Porque, fuera del Consejo de Rectores, uno se encuentra con una heterogeneidad de instituciones en donde no es fácil agrupar estableciendo unas diferencias objetivas. Aunque que las hay, pero la identificación de esos criterios, podría tomar mucho tiempo, lo que no ocurre en el caso de las universidades del CRUCh.